Entre 2007 y julio de 2022, Fundamedios registró 3311 agresiones contra la prensa. Sólo en julio de 2022 se produjeron 15 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador.
Las cifras de julio
Si en las protestas de junio de 2022 fueron los manifestantes los principales agresores de periodistas y medios de comunicación, este mes las agresiones fueron protagonizadas por políticos, de todas las épocas, que atacaron la libertad de expresión y de prensa de frente, con acciones como la aprobación de las reformas a la Ley de Comunicación, con un informe de minoría que vulnera derechos.
En total, 15 agresiones en total, en las que se vieron afectados: 15 periodistas (12 hombres y 3 mujeres), tres medios de comunicación y un ciudadano. El Estado fue el principal agresor, en 6 ocasiones. Seguido de actores No Identificados, con cinco casos, y cuatro casos protagonizados por actores No Estatales.
Asimismo, se registraron seis agresiones con Discurso Estigmatizante; dos Amenazas; dos Procesos Judiciales; una caso de Censura; un caso de Uso Abusivo del Poder Estatal; un caso de restricción de Acceso a la Información; una alerta de Género; y un Asesinato.
El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron 8 agresiones contra la prensa, cuatro en Guayas, dos en Manabí y una en Loja.
Principales tendencias
Políticos, los principales agresores
Políticos activos y retirados han protagonizado agresiones contra periodistas y medios de comunicación y se han dado, tanto desde la Función Legislativa como desde los gobiernos locales.
Desde la Asamblea Nacional, el 7 de julio, durante el segundo debate del proyecto de ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, en el Pleno, algunos legisladores de UNES y de Pachakutik aprovecharon sus intervenciones para descalificar a los medios de comunicación y lanzar un discurso en su contra con frases como: “monopolio de los medios de comunicación”, “viejas prácticas de libertinaje comunicacional”, “patronos de la información pública” o “vale más la pauta que el sentido humano”.
Desde los municipios también han existido ataques contra la prensa. A la cabeza este mes aparece la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri: primero descalificó a Diario Expreso y aseguró que es utilizado para “campañas de desprestigio y ataques mafiosos” en su contra. También, aseguró que el hijo del director del medio de comunicación está relacionado públicamente en actos de corrupción. Lo hizo luego de que el periódico publicara la investigación: ‘El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri’, que revela que Juan Carlos Vásconez, esposo de la funcionaria, ha recibido más de USD 800.000 por brindar seis servicios relacionados con asesorías y estrategias de comunicación, en instituciones relacionadas con el Municipio de Guayaquil.
Luego, durante la Sesión Solemne por la Fundación de esa ciudad, abrió un espacio para pedir al presidente de la República, Guillermo Lasso, que deje de contratar publicidad con Diario Expreso, que ha publicado varias investigaciones que han puesto la lupa sobre su administración. Además, tachó públicamente de ‘misógino’ al periodista de ese medio Roberto Aguilar.
A esto se suma que la alcaldesa de Loja, Patricia Picoita, presentó una denuncia contra el activista Bolívar Loján Fiero, más conocido en redes sociales como ‘El Supercuy’. Es el segundo proceso judicial que la autoridad emprende contra comunicadores o ciudadanos, desde que llegó al poder. El primer proceso fue contra el periodista José Daniel Rengel, de Radio Zapotillo, por lo que ella consideró expresiones de descrédito o deshonra en su contra.
Las redes sociales fueron otro espacio propicio para las agresiones digitales con varios ataques contra periodistas, con el uso de discurso estigmatizante seguido de un ataque troll.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, agredió en redes sociales al periodista de Ecuavisa Juan Carlos Aizprúa, para defender, así, el intento de su Gobierno de construir la Refinería del Pacífico. También atacó verbalmente en Twitter al Gerente de TC Televisión, Rafael Cuesta, lo que provocó una cascada de agresiones en la red contra el periodista. La periodista Yalillé Loaiza, corresponsal de Infobae en Ecuador, sufrió un ataque concertado de insultos y descalificaciones a su labor periodística, luego de realizar una entrevista al presidente Lasso.
Quiere revivir la ‘Mordaza’
El jueves 21 de julio, con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, que contiene vulneraciones extremas a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; y va en la línea de restaurar la capacidad de sanción, control a medios y periodistas y censura por parte del Estado.
Los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 33, y 34 atribuyen competencias de protección de derechos a la Defensoría del Pueblo; así como el ejercicio de acciones constitucionales que le asistan. El artículo 35 establece que se conformarán defensores de audiencias, quienes serán parte de la Defensoría del Pueblo y que tendrán las siguientes atribuciones: realizar acuerdos de conciliación; recibir, conocer y estudiar consultas, reclamos y denuncias de la audiencia y procesarlos; entre otras.
Por estas razones Fundamedios y gremios de prensa solicitaron al presidente Lasso que vete totalmente ese proyecto.
Asesinato
La madrugada de este domingo 24 de julio, en Portoviejo, fue asesinado con varios disparos Mike Cabrera. Él era conocido en Portoviejo por las transmisiones en vivo que hacía desde la fan page Nexo Digital. Anteriormente, fue parte del equipo de Últimas Noticias, otra página informativa y también tuvo un breve período como presentador en el canal Televisión Manabita, en un noticiero, tal como señala en una nota El Diario.
Fundamedios aún investiga si este crímen guarda nexos con el desarrollo de la profesión. Desde el Consejo de Comunicación informaron que Cabrera “no habría estado ejerciendo labores periodísticas en los últimos años”, por lo que resultaría difícil determinar la existencia de nexo causal. Continuamos a la espera de las investigaciones de la Fiscalía.
Dos amenazas
Este mes se registraron dos amenazas contra periodistas: Paúl Zamora, coordinador del área de libertades de Fundamedios, recibió en su casa, ubicada en Quito, una carta que contenía una amenaza directa a su integridad y a la de su familia. Esta se concretó la madrugada del jueves 14 de julio, cuando desconocidos le dejaron bajo la puerta de entrada a la casa una nota realizada con retazos de revistas, a través de la cual le advirtieron textualmente: «Paúl, deja de jugar al detective; si no, tendrán que visitarte en la tumba».
El segundo caso se trata de un periodista (nombre protegido) de un medio digital que recibió una amenaza de muerte presencial, mientras asistía a un concierto con su familia, en el norte de Quito. Ahora teme por su integridad y la de su familia. Tres sujetos desconocidos se acercaron hacia él de manera amenazante y le dijeron que sabían quién era, que era un empleado más del presidente Lasso. “Es mejor que vayas consiguiendo un seguro porque te va a pasar algo”, le dijeron.