Ecuador, 02 de agosto de 2024.-
En este mes de julio, el patrón predominante ha sido el uso abusivo del poder judicial y de sistemas de protección de la población vulnerable para perseguir periodistas y proteger el poder local. A pesar de que las agresiones han disminuido en comparación con junio, el discurso estigmatizante desde el gobierno y las amenazas continúan.
Fundamedios reporta 8 agresiones contra la libertad de expresión y prensa en julio, lo que eleva el total anual a 128 agresiones. Desde el inicio del gobierno del presidente Daniel Noboa, se han registrado 147 agresiones. En julio, los actores estatales siguen siendo los principales agresores contra la prensa, con seis casos, seguidos de las organizaciones criminales con dos casos.
Este mes, las amenazas y los procesos judiciales se han convertido en los tipos de agresiones más comunes, cada uno con tres casos. Estos datos reflejan un preocupante uso de los procesos judiciales como un mecanismo de censura y control sobre los periodistas.
Persecución de periodistas a través de la justicia
El pasado 7 de junio de 2024, el equipo periodístico de Supercable TV Cariamanga fue agredido verbalmente por Svetlhana Montero, directora distrital del Ministerio de Inclusión. Ante ello, un periodista del medio, Lauro Vicente Rueda emitió su opinión y sugirió que Montero se retirara del cargo a Montero. Posteriormente, ella denunció al periodista ante la Junta Cantonal de Protección, el 10 de junio; ese mismo día se dictaron medidas en contra del periodista. Entre las medidas cautelares que dictó la Junta a favor de Montero estaba una boleta de auxilio y alejamiento: se prohibió “al presunto agresor o a terceras personas de su círculo acciones de intimidación, amenazas o coacción en contra de Svetlhana Montero o a cualquier integrante de su familia”. La mañana de este lunes, 22 de julio, el juez Diego Quezada, de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón lojano de Calvas, aceptó la acción de protección presentada por el periodista Lauro Rueda, de Supercable TV de Cariamanga. En la sentencia se dejó sin efecto la resolución emitida por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, tras la demanda presentada por la directora distrital del Ministerio de Inclusión, Svetlhana Montero, quien es hija del alcalde Jorge Montero. Se trata de un precedente importante para la libertad de expresión en Ecuador. Fundamedios fue parte del proceso y presentó un amicus curiae, con la intención de expresar su preocupación ante este intento de censura. En dicho documento se incluyó que la función pública, por su naturaleza, pone a la persona que funge un cargo o dignidad, necesariamente, bajo un examen más exhaustivo de control de sus actividades, de acuerdo con lo que señala el principio 11 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión. (Ver alerta)
Este caso tuvo un desarrollo en pos de los derechos. Sin embargo, también existen casos en los que los periodistas son sentenciados. El 29 de julio, el periodista guarandeño Jonathan Quezada fue sentenciado a 15 días de prisión, acusado de emitir expresiones de “descrédito o deshonra” contra el juez Hernan Chérres. Quezada investigaba denuncias de corrupción en las entidades judiciales de Bolívar. En noviembre de 2023, a Quezada le llegaron denuncias sobre malos manejos de la Justicia y nombres de varios jueces, entre ellos el de Hernán Cherres. En varias ocasiones se acercó a la delegación del Consejo de la Judicatura para revisar su investigación. En uno de esos días, el 8 de diciembre de 2023, Quezada se encontró con Cherres, quién empezó a gritarle epítetos e insultos a sus espaldas. Quezada también respondió; sin embargo, Cherres cuestionó su trabajo y lo amenazó con mandarlo a “podrirse en la cárcel”.
El 9 de enero de 2024, Cherres presentó una denuncia en contra de Quezada en la Unidad Judicial Penal de Guaranda, por una contravención de cuarta clase, tipificada en el artículo 396 del Código Integral Penal. Quezada y Cherres ya tuvieron un encuentro conflictivo, que terminó con prisión para el periodista por tres días. El 20 de mayo se llevó a cabo la audiencia de juicio en la cual se dictó sentencia condenatoria en contra del periodista, que incluye una multa del 25% de un salario básico y, como reparación integral, deberá pedir disculpas al juez Cherres. El 29 de mayo, Quezada presentó una apelación de su sentencia. Y fue este 29 de julio que se llevó a cabo la audiencia de apelación. Durante la diligencia, Cherres solicitó que se agrave la condena en contra del periodista; sin embargo, el Tribunal de la Corte de Justicia de Bolívar no aceptó el pedido, pero sí negó la apelación y ratificó la sentencia emitida en primera instancia contra Quezada. En la sentencia se explica que, bajo el derecho de libertad de expresión están autorizadas las expresiones “duras, vulgares, desagradables (…) pero por el contrario están totalmente deslegitimadas las expresiones ‘formalmente injuriosas’”. Y luego se indica que aunque se trate de funcionarios públicos no se tiene “derecho al insulto”. Concluyen indicando que “la libertad de información no protege el derecho al insulto”.
El Estado nuevamente contra la libertad de expresión
Los trabajadores y periodistas de los medios incautados han sufrido varios atropellos a sus derechos. El jueves 25 de julio, trabajadores, extrabajadores y jubilados de Gamavisión llevaron a cabo un plantón en las afueras de la Secretaría de Comunicación para exigir al Gobierno que pague los más de 18 meses de sueldo que les adeudan a los trabajadores, más de cinco años de jubilaciones patronales y que resuelva el pago de las sabatinas del Gobierno de Rafael Correa. La Secretaría de Comunicación y el Presidente del Comité de Empresa de los Trabajadores del canal se reunieron. Cerca de $4 millones es la deuda que la Secretaría de Comunicación tiene con el canal por las sabatinas realizadas en el gobierno de Rafael Correa; monto que esperan se pague ya, pues más de 50 empleados a nivel nacional y 20 jubilados en Quito llevan meses sin cobrar sueldos ni acceder a los servicios del Instituto de Seguridad Social (IESS) por falta de pago de las obligaciones laborales.El martes 30 de julio, el Comité de Empresa de Gamavisión, a través de su representante, Mauricio Herrera, presentó ante el Ministerio del Trabajo una declaratoria de huelga por la falta de pago de sueldos a los trabajadores desde 2022. En caso de que no cumplan con lo exigido, en 20 días, pararán sus actividades laborales. (Ver alerta)
También existen casos de actores estatales que no están de acuerdo con las voces disidentes y el escrutinio público. El gobernador de Santa Elena, Freddy Tamayo, amenazó a varios medios de comunicación (radios y portales digitales) sugiriendo que está pidiendo que se revoquen sus concesiones de frecuencias por considerar que “no están siendo honestos».
La mañana del jueves 18 de julio, en una entrevista con Radio Náutica, el funcionario declaró: «De aquí a una semana tú vas a estar enterado porque estoy solicitando que se les quite la frecuencia a ciertos medios de comunicación que no están siendo honestos, éticos, morales. Una radio y varios medios digitales, que lastimosamente no hay una ley como para poderlos callar». Cuando el entrevistador, César Arízaga, le cuestionó si sus acciones afectarían la libertad de prensa, Tamayo se limitó a responder: «Tu derecho termina cuando empieza el mío».El Gobernador también alegó que ciertos medios, que no identificó, han solicitado, supuestamente, extorsiones para hablar favorablemente sobre él: «(Extorsiones) directas. Vienen hasta con la proforma a decirme ‘este es el valor; si quieres que hable bien de ti, dame 1.000 dólares; si quieres que hable medio-medio, 500 dólares; y si quieres que te nombre de vez en cuando, dame 350 dólares». Añadió incluso que algunos medios se han dedicado a insultarlo. (Ver alerta)
El portal digital La Historia, dirigido por Marlon Puertas, denunció que Andrés Castillo, asesor nivel 1 de la bancada oficialista en la Asamblea, agredió verbalmente a Puertas en el Palacio Legislativo. Castillo asegura, sin embargo, que el periodista lo provocó y que el altercado se dio fuera del contexto del ejercicio periodístico de Puertas. El hecho se suscitó el martes 16 de julio de 2024. Castillo argumenta que todo inició porque Puertas lo habría provocado con gestos. “Yo estaba en los jardines del ingreso a la Asamblea —donde trabajo hace 10 años— y este señor iba entrando con otro periodista a la Asamblea. Cuando me vio, me clavó la mirada y comenzó a hacer gestos con la cabeza y yo le respondí ‘qué manera de valer v…, hermano’”, comentó Castillo. Posterior a esto, según el funcionario, Puertas le devolvió la acción con una serie de epítetos y después publicó un tuit, que “además estaba con una falta ortográfica”. “Esto no se trata de querer atacar o coartar a un periodista, se trata de un conflicto personal que claramente tenemos el señor Puertas y yo”, añadió. (Ver alerta)