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La Asamblea Nacional retomó el segundo y definitivo debate del Proyecto de Ley de Comunicación

por | Nov 16, 2011 | Comunicados | 0 Comentarios

Este miércoles 16 de noviembre, diversas organizaciones sociales fueron recibidas en comisión general por la Asamblea Nacional para exponer sus observaciones al Proyecto de Ley de Comunicación que se tramita en el seno legislativo.

Por ejemplo Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas  (UNP), dijo que el mandato popular exige la aprobación de una Ley de Comunicación pero con respeto a  los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Exigió que no priven a los periodistas de la libertad de informar y no los sometan al control del Gobierno de turno.

De su parte Álvaro Rosero, directivo de radio Exa, hizo observaciones en cuanto al artículo 81 del proyecto, que establece que el 50% de la programación deberá ser música nacional. “Esto está fuera de lugar y contexto”, dijo y añadió que los medios de comunicación se disputan las audiencias en base a lo que ellas demandan escuchar.

Según Rosero, el sector privado está abierto a cumplir con los derechos de la gente como el de la réplica, por lo que pidió a los legisladores construir una ley que garantice las libertades.

Luego de aclarar que quienes acudieron como peticionarios a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sufrido por parte del Estado una feroz campaña de descrédito hasta convertirlos en objetivos políticos, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios,  preguntó  ¿Qué tiene que ver esto con lo que ustedes discuten aquí el día de hoy?

Según el directivo, tiene mucho que ver, pues en el actual proyecto de Ley de Comunicación se imponen una serie de controles sobre los medios privados, pero casi nada se regula sobre los medios públicos y el sistema de propaganda estatal que incluye cadenas nacionales y publicidad estatal, que deben tener sistemas de control mucho más estrictos porque usan dineros y recursos públicos.

“En el actual proyecto de Ley se incluyen mecanismos nulos o muy débiles para el control del aparato estatal de propaganda, que incluye la publicidad oficial y las llamadas cadenas nacionales. Nosotros somos víctimas de esta ausencia de controles”, señaló.

Paúl Mena Erazo, representante del Foro de Periodistas de Ecuador, expuso doce temas preocupantes de la Ley de Comunicación, como es de las garantías al trabajo periodístico, la responsabilidad ulterior, la regulación para redes sociales en internet, las cadenas y la publicidad oficial, entre otros. “Como periodistas, nos preocupa que se cree un Consejo de Regulación que termine siendo dirigido por los gobiernos de turno”, señaló.

Como periodista del periódico alternativo Opción, intervino Franklin Falconí, quien consideró que el texto profundiza las diferencias que hay entre los medios de comunicación del país. Subrayó que este proyecto no concibe a la comunicación como un derecho de las personas y que, aunque el oficialismo diga lo contrario, sí pretende limitarla.
Advirtió que el derecho a la opinión está en riesgo, pues el proyecto de ley garantiza el derecho a la información, pero no a la libre opinión.

A quien también le preocupa cómo está concebida la ley es a Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien solicitó se  garantice la libertad de expresión y el acceso de las comunidades indígenas a la creación de nuevos medios.

Otra postura
Otros expositores como Orlando Pérez, subdirector de diario estatal El Telégrafo, defendieron el proyecto de Ley de Comunicación. Dijo que hay la necesidad de una ley que otorgue igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias para los medios públicos, privados y comunitarios y que garantice el acceso pleno a la información pública.
Para el directivo los medios públicos, con independencia editorial y económica, crean condiciones para que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sea de todos y con solo un slogan: “Estos deberán ser financiados y controlados por la sociedad”, expresó Pérez, quien apoya la regulación, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior.

Quien también defendió el proyecto fue Enrique Arosemena, director de Ecuador TV, al explicar  que los medios públicos eficientes deben constituirse en un espacio plural para la ciudadanía, que promueva el régimen del buen vivir y que garantice sus derechos.
Precisó que la política editorial tiene que ser independiente de cualquier tendencia partidista. Para eso cree indispensable su fortalecimiento en el aspecto económico. Por ello propuso la inclusión de disposiciones que permitan a estos medios recibir publicidad comercial y con eso lograr autonomía económica.

En cambio Pilar Núñez, presidenta del Consejo Consultivo de Ecuador TV,  afirmó que el proyecto recoge los mandatos constitucionales por lo que debería ser inmediato y rechazó que el proyecto no coincida con las observaciones de Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro de los que defendió el Proyecto de Ley fue Juan Camilo Zapata, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central de Quito, quien promovió el tema de la profesionalización e insistió en que a través de la ley se establezca que el periodismo sea dirigido por comunicadores y periodistas formados en la academia. A su juicio, esta ley sí garantiza los derechos de los comunicadores y el de la ciudadanía a estar informada.
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, suspendió el debate del Proyecto de Ley de Comunicación para los próximos días.

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