Parece ser que en este séptimo año de la revolución (2007-2014) hemos entrado a una nueva fase de la guerra institucionalizada en contra de la prensa que no se alinea con el oficialismo, el pensamiento divergente de la sociedad civil, y los pocos periodistas que aún exigen que se clarifique cómo se está haciendo la administración pública. Todo esto sucede en tiempos en los que escasea información fiable venida desde las dependencias ministeriales, y el periodismo de investigación agoniza entre la autocensura y la debacle financiera de los medios que no han recibido el beneplácito de la publicidad gubernamental.
La referida fase implica un trabajo complementario de acoso más sutil que los excesos verbales de los “enlaces ciudadanos”, la violencia política que exuda la propaganda oficial o los procesos legales iniciados en contra de periodistas y medios de comunicación. Así, se ha empezado a apelar a la idea de la “ciencia” y lo “científico” como herramientas para determinar, con la precisión del bisturí de un cirujano, en qué más están fallando los medios no oficiales o que no están controlados por el Gobierno. Esta arremetida ha implicado la diligente creación del Laboratorio de Comunicación y Derechos (LABCYD) bajo el amparo del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) (el amable lector sabrá disculpar la profusión de títulos pomposos y acrónimos que honran una afiebrada y voraz imaginación burocrática).
El primer producto del LABCYD, dirigido por el comité científico integrado por los doctores Palmira Chavero (España), Felipe Aliaga (Chile) y Martín Oller (España), es el“Índice de Vulneración de Derechos en los Medios” (IVDM). Descargué el documento que tiene a manera de extenso epígrafe un segmento de ‘El libro de los abrazos’ de Eduardo Galeano, que deja clarísimo, con Alta sensibilidad, que estamos rodeados de mentiras: las de la prensa, la radio y la televisión (claro está que no se sabe si Galeano, allá por el año 1989, se refería sólo a la prensa radio y televisión privadas o también a las que estarían a futuro en manos de las nuevas revoluciones del siglo XXI, tan dadas a imitar los yerros de los salvajes y nocturnos medios de comunicación neoliberales).
La misión del LABCYD, y por extensión del IVDM, es “(…) el estudio e identificación de la representación, discriminación y vulneración de derechos en los medios de comunicación ecuatorianos, en especial en lo relativo a los grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Y su visión, impulsar la formación crítica de la ciudadanía y de los profesionales de la comunicación con el fin de aportar a la cohesión social, contribuyendo a erradicar formas de discriminación y violencia a través de un ejercicio de comunicación que promueva el respeto y el reconocimiento de la diversidad”. Ya desde el principio estos enunciados dejan algunas interrogantes en un escenario en el que se fomenta con ardor la violencia política de factura oficial, al tiempo que se ha convertido a los críticos del Gobierno en virtuales enemigos del “proyecto” revolucionario, en miembros de una “población vulnerable” que ha sido estigmatizada al igual que ciertas minorías en la historia del Ecuador. ¿O el interminable glosario de insultos que se han vertido durante cada sabatina todos estos años no tiene como objetivo estigmatizar, clasificar de manera negativa a ciertos ciudadanos? En consecuencia, es un reto para la imaginación concebir que un mismo Gobierno promueva, por un lado la violencia y la polarización social, y, por otro, pretenda la “cohesión social” y la erradicación de la discriminación y violencia. No entiendo o alguien no se está comunicando de manera transparente.
El IVDM es el resultado del cruce entre marcos legales, legislación nacional e internacional, teorías de la comunicación, criterios metodológicos y consultas a ciertos grupos de la sociedad civil o, mejor dicho, los grupos a los que se quiso consultar. En el documento no consta el criterio específico de selección usado por los investigadores del LABCYD, lo que deja margen para las suspicacias, por ejemplo: ¿Se hicieron “focus groups” sólo con organizaciones obedientes con el Gobierno? El documento del IVDM ofrece una lista de organizaciones en las que no aparecen grupos ecologistas, indígenas, de defensa de la libertad de expresión y práctica periodística, que son injuriados en la propaganda oficial. Para dar algunos casos, ¿por qué no están en el listado organizaciones que abordan temáticas relacionadas a grupos vulnerables y los problemas de la cobertura periodística respecto de esos colectivos, como la CONAIE, Acción Ecológica, UNP o el Colegio de Periodistas? ¿El LABCYD, apelando al criterio científico de la objetividad y el balance y no al de las rivalidades políticas, no debió considerar la diversidad de la sociedad civil ecuatoriana?
El IVDM está organizado en 27 dimensiones y 154 indicadores para determinar si están ausentes o presentes en una gradación que contribuiría a evidenciar si un medio de comunicación está vulnerando los derechos de ciertos grupos y, por tanto, fomentando su discriminación. Esas dimensiones e indicadores constituyen un microcosmos conceptual, una realidad paralela e inventada como podría ser la Santa María del novelista Juan Carlos Onetti o el Macondo de Gabriel García Márquez. En semejante jungla de abstracciones, dimensión de dimensiones le llamaría yo, cabe preguntarse cómo es que sobrevivirá el ciudadano común poco dado a los devaneos tecnocráticos. Esto debería ser una cuestión obvia, ya que se supone que el IVDM debe servir no solo a las instancias del Gobierno, sino también al ciudadano común y corriente, para que tenga en sus manos una herramienta que le permita hacer reclamos respecto de lo que se presenta en los medios de comunicación. ¿Cabe esperar que el beneficiario del IVDM, descargable en PDF, tenga las destrezas que sólo se pueden desarrollar leyendo los agobiantes laberintos burocráticos que diseñó Franz Kafka en sus ficciones?
El documento del IVDM no indica exactamente cómo es que se va a determinar si un medio está más lejos o cerca de una situación que vulnere los derechos ciudadanos, algo que intentó hacer en la presentación la doctora Chavero, apelando a una fórmula matemática inventada por el LABCYD, que se explica hacia el minuto 36 del video disponible en Internet. Tengo que confesar que escuche repetidas veces la explicación de la doctora Chavero acerca de cómo funciona tal fórmula matemática y me quedé en estado de confusión (seré más honesto aún: intenté transcribir aquí la alocución de la académica española pero me di por vencido). Puede que esta dificultad comunicativa se deba a que no soy matemático, a que a la doctora Chavero se le hace arduo explicar algo que ya de por sí es intrincado y oscuro, o, peor todavía, ambas cosas. En cualquier caso, ¿el ciudadano de a pie, que no se interesa en investigar los temas de la comunicación como la doctora Chavero y yo, tendrá la paciencia y el tiempo para aclararse cómo es que se aplica la fórmula matemática del IVDM? ¿Se producirán tutoriales en línea? ¿Quizás un IVDM “para dummies” en costosa edición de lujo de autoría de la SECOM (Secretaria Nacional de Comunicación)?
La doctora Chavero, quien también funge de coordinadora del LABCYD, ha expresado que el IVDM “es una herramienta de empoderamiento social. No es ningún instrumento de censura, no es ninguna herramienta de control, de vigilancia”. Sin embargo, la virulencia con la que el oficialismo ha usado recursos públicos para montar extensas campañas de propaganda para descalificar a sus críticos, las millonarias demandas en contra de medios de prensa y periodistas, las polémicas implicaciones de la aplicación de la Ley de Comunicación, y las deslucidas actuaciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) -me disculpo otra vez por el derroche de acrónimos-, dan como para sospechar de que el IVDM solo tenga el ánimo de empoderar y erradicar la discriminación mediática. ¿No será que el IVDM tiene como objetivo “invisibilizar”, palabra que tanto gusta a los académicos del LABCYD, nuevas formas de censura y control de la comunicación al nivel oficial?
Una de las trampas discursivas que fomentan las iniciativas de la revolución ecuatoriana es obligarle a la gente a pensar dentro de las paredes conceptuales del sistema, es decir, que leyes y planes tecnocráticos sean leídos en sus propios términos, que no se pueda evaluarlos tomando puntos de referencia externos. Esta imposición es en sí misma represiva y exige, como la voz destemplada y ronca de los sábados, que uno guarde en el baúl su libre albedrío y confíe ciegamente en la buena voluntad de los burócratas a los que les corresponde aplicar, con la solemnidad de los sacerdotes aztecas, leyes, planes e indicadores científicos. En términos políticos nadie puede contar con la buena fe de alguien más, tal y como lo demuestra la malavenida historia de la democracia en el Ecuador. Por eso debemos estar vigilantes respecto del uso que se le de al IVDM y qué clase de organizaciones y ciudadanos se tomarán el comedimiento de entender y aplicar ese conjunto de dimensiones e indicadores para elevar sus quejas a las dependencias que ha diseñado el Gobierno para controlar la comunicación.
Tengo otros motivos de duda respecto de la crítica académica y científica que viene de instancias como el LABCYD, pues está demasiado cerca del poder central y sus recursos financieros. Carlos de la Torre Espinosa lo ha dicho a propósito del respaldo que el sociólogo argentino Ernesto Laclau le profesó a los populismos revolucionarios: “La búsqueda de estar cerca del poder ha sido una tentación de los intelectuales. Solo basta ver la cantidad de académicos, poetas y artistas que se convirtieron en la voz del correísmo. Los costos para la creatividad y la capacidad crítica son inmensos. Por ejemplo en Ecuador muchos científicos sociales en lugar de entenderlo y analizarlo críticamente se han transformado en burócratas y en iluminados que defienden al Gobierno”. El académico para seguir siéndolo tiene que mantener independencia respecto del poder gubernamental, de modo de estar en la capacidad de generar ideas críticas. Por tanto, cuestiono a esa academia mercenaria que dice lo mismo que el monarca de turno, mientras disfruta de las mieles de cargos y sueldos reservados por los intelectuales que teorizan como institucionalizar la revolución al mejor y decadente estilo mexicano o cubano.
Para terminar, una sugerencia metodológica para los investigadores del LABCYD: Sería muy fructífero que apliquen el IVDM a los enlaces ciudadanos y la exuberante propaganda oficial, para que de ese modo engrosen su universo de estudio y puedan enriquecer sus conclusiones acerca de cómo se vulneran los derechos de los ciudadanos en Ecuador. Eso equivaldría a una actitud académica seria.
Por Christian Oquendo