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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció la situación de la libertad de expresión en Ecuador

por | Oct 25, 2011 | Actividades, Comunicados | 0 Comentarios

Como estaba previsto, este martes 25 de octubre se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una audiencia sobre la Libertad de Expresión en Ecuador.

El evento tuvo como protagonistas a periodistas víctimas de agresiones, representantes de medios de comunicación, gremios periodísticos y organizaciones como Fundamedios que trabajan en defensa de la Libertad de Expresión en Ecuador, quienes solicitaron la audiencia. Por parte del gobierno, asistió una delegación de funcionarios encabezada por Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador.

El primero en tomar la palabra fue César Ricaurte, director Ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), quien explicó que el Gobierno ecuatoriano no ha cumplido con su compromiso de eliminar los delitos de opinión y especialmente los delitos contra la honra de los funcionarios públicos, tal como se comprometió en la audiencia de marzo del 2010. “Ha utilizado esas figuras penales antidemocráticas para enjuiciar a periodistas y medios de comunicación como en el caso de Emilio Palacio, Diario El Universo y sus directivos sobre quienes pesa una sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de dólares, indemnización para el Presidente Correa”, dijo.

También explicó a los comisionados que el dirigente indígena, Pepe Acacho, quien no pudo venir a esta Audiencia, afronta un proceso por sabotaje y terrorismo, por supuestamente haber instigado a la población amazónica a protestar contra la llamada «Ley de Aguas», cuando era director de Radio Arutam.

“Él es uno de los 192 dirigentes sociales que han sido procesados por terrorismo, en un clara muestra de criminalización de la protesta social”, sostuvo.

Millonarias indemnizaciones

De igual forma los comisionados fueron informados de que Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, presentes en la audiencia, han sido demandados por Rafael Correa por 10 millones de dólares, debido a que en el libro de investigación periodística «El Gran Hermano» anotaron que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, había afirmado que el Mandatario conocía de contratos de sus empresas con el Estado por más de 150 millones de dólares.

Completó su informe de casos con el del periodista Wilson Cabrera a quien le clausuraron su radio,  incautaron sus equipos y se le abrió un proceso legal, luego de que en una medida administrativa, plagada de irregularidades, le negaron arbitrariamente la renovación de frecuencia. “Diario Hoy y Revista Vistazo han sido demandados por haber divulgado campañas promocionando la libertad de prensa o por pronunciarse editorialmente frente a la consulta popular”, informó Ricaurte.

Todo esto, según Ricaurte, habla claro de que en el Ecuador, hoy día, existe una constante y sistemática política de acoso y vulneración de las libertades de prensa, expresión y asociación que se justifica en la declaración de que “los medios y periodistas críticos son los más grandes enemigos de la revolución ciudadana”.

“Si en el Ecuador no podemos debatir sobre los sucesos del 30 de septiembre o sobre los contratos del hermano del Presidente, no podemos decir que se vive una democracia plena”, enfatizó.

De su parte, Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, entre otras cosas, analizó el proyecto de Código Orgánico Integral Penal presentado hace pocos días por el Gobierno ecuatoriano, al señalar que que bajo el título de infracciones contra la integridad personal y familiar, 16 artículos penalizan la injuria en todas sus formas, incluyendo como delitos las injurias publicadas en el extranjero, la reproducción de publicaciones injuriosas, e incluso la imputación privada de la injuria. “Se mantiene además la figura de la imputación calumniosa a la autoridad pública, con una pena máxima de tres años. Todo esto contrariando el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”.

Palpar la situación de los derechos y libertades en Ecuador

Después de señalar que en el Ecuador están en juego los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia reconocidos en la Carta Democrática Interamericana, Juan Carlos Calderón, periodista coautor del libro  “El Gran Hermano”, pidió a la CIDH que realice una visita in loco a Ecuador para constatar la situación de los derechos y libertades.

Para ello solicitó que el Gobierno ecuatoriano en este mismo espacio formalice la invitación a los Comisionados y a la Relatora Especial, a quienes además instó que hagan un seguimiento permanente sobre la situación de la Libertad de Expresión en Ecuador y elaboren un informe con recomendaciones al respecto.

Otra solicitud fue que se tenga especial atención a las peticiones de medidas cautelares y provisionales relacionadas con casos que ocurran en Ecuador. También que se exhorte al Presidente y sus ministros a desistir de los procesos contra periodistas y medios de comunicación, así como a retirar el proyecto de Código Penal entregado a la Asamblea Nacional debiendo ajustarse esta norma a los estándares internacionales de derechos humanos.

Al finalizar, Calderón pidió hacer un seguimiento del proceso de reestructuración de la justicia, para garantizar su independencia como pilar fundamental de la democracia.

Como parte de la delegación de periodistas, estuvieron Christian Zurita, coautor del libro «El Gran Hermano”; Mónica Almeida, editora Regional de Diario El Universo; Diego Cornejo, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); y  Vicente Ordóñez , presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP).

Junto a ellos estuvieron Kathya Salazar, directora Ejecutiva de Due Process of Law Foundation (DPLF); y Sean O’Brian, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame.

Durante su exposición los representantes del Gobierno, cuya delegación estuvo integrada, además de Ricardo Patiño, por Diego García, procurador General del Estado; Johana Pesántez, ministra de Justicia, entre otros, defendieron las acciones del régimen en el tema de Libertad de Expresión.

Ricardo Patiño: El gobierno respeta los derechos de los ecuatorianos

En su intervención, Diego García, procurador General del Estado, afirmó que Ecuador ha garantizado el derecho a la libertad de expresión, pero lo ha hecho, tanto en su dimensión individual y social, entendiendo la libertad de expresión como un derecho colectivo y fundamental para la democracia. “En Ecuador existe la libertad de expresión y comunicación (…)”, dijo.

Tras señalar que el Gobierno ecuatoriano respeta y reconoce los derechos de todos los ecuatorianos, y recordar cómo fueron perjudicados más de un millón de ecuatorianos con el atraco bancario en 1999, el ministro Patiño detalló lo que el gobierno ha hecho, a su juicio, para mejorar  la situación de los derechos humanos en el país.

Mencionó la entrega de 700 mil créditos a ecuatorianos antes excluidos del sistema financiero; cientos de casos atendidos de personas con discapacidad; aumento del 300 por ciento de la inversión  en salud; la cobertura en la seguridad social se incrementó; y una mayor inversión en infraestructura.

Según Patiño, en los últimos 4 años  se ha democratizado los medios de comunicación. “Hoy existen 1174 emisoras de radio y 446 canales de televisión. El Estado ha entregado 14 frecuencias a radios comunitarias, de las cuales 13 fueron directamente a nacionalidades indígenas”, aseguró el ministro.

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