La libertad de expresión es un Derecho Humano fundamental. La Libertad de Prensa es la materialización de ese derecho a través del periodismo y de los medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo es la autoridad nacional de Derechos Humanos. Hasta ahí, las cosas son claras.
Y sin embargo…
Como autoridad nacional, la Defensoría del Pueblo debe proteger y promover este Derecho Fundamental. En contraste, la tutela es un asunto controversial, más aún en un país como Ecuador, donde sufrimos el trauma de haber tenido un Gobierno que se autoasignó la tutela de la Libertad de Expresión únicamente para destruirla a través de repartir sanciones a diestra y siniestra amparado por normativa Ad Hoc como la Ley Orgánica de Comunicación.
Todo esto no es un asunto menor.
Ahora la Defensoría del Pueblo obliga a pedir disculpas a un medio de comunicación como la tradicional y emblemática Radio Visión de Quito y a sus directivos les exige tomar un curso sobre libertad de expresión, entre otras medidas de reparación. Tales acciones, en realidad, se parecen demasiado a las sanciones de humillación que solía practicar con frecuencia la extinta Supercom del ahora prófugo Carlos Ochoa.
La Defensoría del Pueblo aplica tales medidas como resolución en un caso que conoce de oficio y qué significa una controversia entre el periodista Andrés López y Radio Visión, dirigida por el también periodista Diego Oquendo Silva. Es decir, el periodista Andrés López no solicitó la intervención de la Defensoría y menos aún Radio Visión. La Defensoría eligió intervenir en este caso y cabe preguntarse ¿por qué?
Para intentar una respuesta, pongamos un poco de contexto. En el país, en los últimos 14 años se han producido 2 791 agresiones a periodistas, medios de comunicación. Hemos visto asesinatos, amenazas de muerte y daño físico, censura, enjuiciamientos, encarcelamientos, cierre de medios, exilios, ataques en Internet de todo tipo, impedimento de acceso a la información a periodistas durante la pandemia, hackeos, denegación de servicio, uso de copyright como forma de censura y un amplio etc. Ante esas 2 791 violaciones a la libertad de expresión la autoridad de DDHH, la Defensoría del Pueblo, nunca se ha pronunciado. Todo lo contrario: en el mejor de los casos ha guardado un ominoso silencio, en el peor ha sido cómplice de esas violaciones. Claro, eran otros tiempos, pero vale la pena recordar que incluso tuvimos a un Defensor del Pueblo, cuyo nombre ni siquiera es digno de citar, quien después de almorzar con el agresor contra la libertad de expresión Fernando Alvarado, anunció clemencia en el intento de cierre de esta organización. Es decir, tenía el comportamiento de todo un perdonavidas.
Son 2 791 agresiones contra la prensa, mas del 80% de todas esas agresiones son atribuibles al Estado o a funcionarios públicos, y frente a eso, la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado. Ahora escoge un caso entre privados para pronunciarse sobre la libertad de expresión en el país y esa elección es nefasta cuando tenemos a un periodista al borde la cárcel, cuando la impunidad reina en el caso del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, cuando la impunidad es trágica en el asesinato de Fausto Valdiviezo, cuando 138 periodistas fueron agredidos en las calles durante las protestas de octubre y una treintena fueron secuestrados durante esos mismos hechos.
Lo reiteramos, pretender, como lo hace la Defensoría del Pueblo, que el caso emblemático para la libertad de expresión el país es el conflicto entre un periodista que ha sentido su libertad de expresión vulnerada (sentimiento muy respetable, sin duda) y una empresa mediática dirigida por otro periodista que manifiesta su derecho a salvaguardar su línea editorial es, por demás desafortunado.
El ejercicio de la Libertad de Expresión es muchas veces polémico y no pocas veces entra en colisión con otros derechos, lo cual exige un sentido de ponderación por demás delicado. Esa situación se multiplica cuando el conflicto se produce entre dos situaciones relativas al mismo derecho. La ponderación que realiza la Defensoría del Pueblo, en este caso, es torpe y finalmente vulnera el derecho que pretende tutelar porque no reconoce que un aspecto importante de la libertad de expresión es la libertad editorial de los medios, lo cual significa el poder a sus colaboradores.
Por todas estas razones, creemos desde Fundamedios que la Resolución Defensorial DPE-DDP-2020-0483-O contra Radio Visión es un gran error y merece todo nuestro rechazo, por lo cual exhortamos a la Defensoría del Pueblo a retirarla y dejarla sin efecto.