El inicio del proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se da luego de que esa organización haya intentado, en varias ocasiones y sin resultados, registrar su directiva de acuerdo a lo establecido en el Decreto 16. Sin embargo, desconociendo estos múltiples intentos, el Ministerio de Educación amenazó con la disolución de la organización justamente por no registrar su directiva.
El periplo de este sindicato, el más grande y más antiguo de maestros, comenzó en diciembre del 2013. Ese mes, escogieron nueva directiva, en un proceso en el que votaron más de 60.000 educadores en todo el país. Rosana Palacios fue designada como presidenta de la organización.
Una vez tomada esta decisión, en enero de 2014, la organización intentó registrar la nueva directiva ante el Ministerio, que está a cargo de las organizaciones de la sociedad civil en el campo de la educación. Sin embargo, en mayo, esa cartera de Estado les respondió negándoles el registro, con el argumento de que faltaba que se entregue la información con datos personales de los 60.000 votantes.
A través de un nuevo escrito, la UNE se negó a dar esa información, pues son datos sensibles que pueden poner en riesgo los miembros de la organización y estos pueden ser víctimas de algún tipo de represalias. Nunca hubo respuesta del Ministerio.
Ante estas negativas del Ministerio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo una serie de recomendaciones después de la visita de una de sus misiones al país. Estas fueron incluidas dentro del informe “Aplicación de las normas internacionales de trabajo, 2016”, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. En la página 59 de ese documento, la Comisión pide al Gobierno que “registre la nueva directiva de la UNE y que informe de toda evolución a este respecto”.
Con base en estas recomendaciones, el 23 de febrero de 2016, la UNE se dirigió a los ministerios del Trabajo y Educación solicitudes para que se registre la nueva directiva de UNE y que se informe a la OIT. El 10 de marzo, el Ministerio de Educación responde que en el expediente las elecciones de UNE no se han “instrumentado” de forma debida y que no se ha cumplido la legislación vigente.
Frente esta nueva negativa, los docentes se convocaron para un Congreso Extraordinario, el 14 de mayo. El objetivo fue iniciar de cero el proceso de registro. Allí, mil delegados de 23 provincias del país aprobaron la nueva directiva provisional, hasta el registro del nuevo estatuto. El nuevo presidente encargado es Juan Cervantes.
Esta acción también fue enviada al Ministerio, pero no ha habido una respuesta.
Pese a ello el pasado jueves 21 de julio, el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE). La acción se inició por “presuntamente incumplir el Decreto 739”, que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Esta arremetida contra la UNE se da después de que Palacios participara en junio en sesiones de trabajo de la OIT y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El intento de disolver el gremio más grande de educadores del Ecuador es el último de una serie de ataques que han sufrido por parte del Gobierno. Estos golpes contra la UNE comenzaron en octubre del 2009, cuando se realizó la última huelga nacional del país, encabezada por los maestros. Y se han ido desarrollando conforme este gremio ha criticado las políticas del Gobierno a escala nacional e internacional.
Desde entonces, se ha procesado judicialmente a varios maestros, incluida Mery Zamora, exdirigente de la UNE, acusada de sabotaje y terrorismo por su supuesta participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Paralelamente, el oficialismo impulsó la creación en el 2015 de la “Red de maestros por la Revolución Ciudadana”, que simpatiza con el Gobierno y que lo respalda en todas sus actuaciones.