¿Por qué el manejo de las frecuencias es una papa caliente de la cual nadie quiere hacerse cargo?

La historia arranca así: en Ecuador, el desarrollo de la radiodifusión es temprana, pero su regulación es tardía. Las dictaduras militares de los años 70 son las que dictan la primera Ley de Radio y Televisión. Ley que, acorde al espíritu de una dictadura, vuelve al espectro de difícil acceso, otorga al Estado un papel central y no toma en cuenta la existencia de un sector comunitario, al cual se le da un carácter de clandestino e ilegal, como en la canción de Manu Chao.

En los años 90 se produce una reforma profunda de esta norma y se abre el espectro a todos los  que tengan el dinero o las influencias políticas para tomar una frecuencia. La situación se agrava cuando un funcionario corrupto y avivado amplía el espectro vía el truco técnico de estrechar la distancia entre cada emisora de radio (algo similar a lo que se planteó hace pocas semanas en la Asamblea). El espectro se multiplicó y se inició lo que se llamó la primera “Feria de Frecuencias”, pues la situación era la de un mercado persa en día de feria.

Así las frecuencias fueron capturadas por diputados, empresarios honestos; y de los otros, líderes gremiales con rabos de paja gigantescos, hombres públicos e influyentes. Luego muchos procedían a “engordar” esas frecuencias para después venderlas a precios estratosféricos.

El espectro es propiedad de la humanidad y es administrado por los Estados, por lo tanto su venta es un delito. Pero, eso no importaba, se inventaron las más infames y grotescas mañas para “legalizar” el robo.

Al inicio del Gobierno de Rafael Correa parecía que la situación iba a llegar a su fin. Se encargaron auditorías a la Feria de frecuencias, se señalaron culpables, se hicieron anuncios grandilocuentes. Luego el silencio y la nada. O más bien el arreglo bajo la mesa y la consolidación de los nuevos amigos del Régimen como los zares de las frecuencias.

Así y todo se anunció la democratización de la comunicación y una nueva Ley que iba a arreglar todos los males. Hubo ingenuos que se lo creyeron. Quienes ya veíamos la agresividad del caudillo contra la prensa sabíamos que el discurso era un atrapamoscas.

Así sucedió. La Ley de Comunicación contenía artículos que supuestamente democratizaban el espectro. Hubo un avance sustancial con la reserva del espectro para comunitarios del 34% que fue acompañado por una absurda reserva de 33% para los gobiernos. Al final, todo esto solo sirvió como otro ladrillo más en la pared del control y chantaje contra los medios radiales y televisivos.

El clímax llegó con la convocatoria a un gigantesco concurso de 1.472 frecuencias de radio y TV en vísperas de una campaña electoral. Era el golpe maestro para tomar el control de los medios.

Las bases y reglamentos lo decían gritos, pero ya se sabe: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos vieron la oportunidad de obtener las frecuencias tantas veces anhelada. Y el objeto del deseo ocultó la trampa oculta: el concurso estaba diseñado para favorecer la opacidad y a los amigos.

En el medio quedó atrapado un sector comunitario que creyó (¿ingenua o políticamente?) que por primera vez iba a tener acceso a frecuencias para todos y todas… Al final, sucedió lo que era previsible y que había pasado antes en Venezuela y Bolivia: los comunitarios históricos fueron desplazados por “comunitarios” creados a última hora en las oficinas públicas o al calor de los compadrazgos que genera cantar “aleluyas” hombro con hombro.

La jugada fue tan sucia que ya en el nuevo gobierno, después de un examen del Tribunal de Cuentas de la República, léase la Contraloría, se tuvo que dar de baja al infame concurso.

¿Y ahora?

Pues el Estado tenía que dar respuestas rápidas y justas. No lo ha hecho. Los “dueños” del concurso, es decir quienes lo convocaron, léase Arcotel, no quieren dar la cara y meten la cabeza en la arena. Evaden la papa caliente de presiones e intereses cruzados: los antiguos beneficiarios de frecuencias que con vocación de oportunismo plantean la renovación automática, empresarios honestos que piden se reconozca la vigencia plena de contratos con el Estado que nunca fueron dados de baja por vías legales, el sector comunitario que tiene el cuchillo en los dientes y dispuesto dar batalla por sus derechos, los “comunitarios” de última hora y oficina pública que ahora se las dan de virginales y honestos…

Ante esto, solo queda dejarse de negociar con agendas particulares y sentarse a dialogar todos, de forma frontal y transparente para tratar de llegar a acuerdos que destraben estos nudos. La línea roja que todos debemos comprometernos a respetar debe ser el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

¿Quién tomará el toro por los cuernos de una vez por todas? Lo cierto es que no se puede esperar más para dar soluciones integrales.