El derecho a la libertad de expresión es una herramienta fundamental para debatir asuntos de interés público. Mediante un intercambio libre y vigoroso de ideas, la ciudadanía puede tomar decisiones informadas acerca de temas que afecten directamente a su bienestar o al ejercicio de sus derechos fundamentales.
Asimismo, pueden ejercer una función fiscalizadora a la gestión de las autoridades públicas y denunciar actos de corrupción y violaciones a derechos fundamentales internacionales protegidos. El derecho a la libre expresión admite la imposición de ciertas restricciones a su ejercicio en condiciones de legalidad, necesidades y proporcionalidad, razón por la cual varios –sino todos- los Estados de la región contemplan en sus ordenamientos jurídicos leyes encaminadas a establecer límites a la libre expresión cuando esta ha sido ejercida de manera abusiva, en flagrante amenaza contra la seguridad del Estado o atentando contra los derechos de terceras personas.
El presente estudio constituye un análisis de estas normas y su consiguiente aplicación e interpretación por parte de los tribunales nacionales en varios de los Estados de Latinoamérica, a la luz de los estándares establecidos en la materia por la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.