En el segundo día del primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se escuchó una mayoría de voces que apoya un cambio en el cuerpo legal. Los asambleístas consideran que sirvió como un instrumento de persecución y censura a los medios.  

Durante la sesión Nro. 538 del Pleno de este 27 de septiembre, cinco de los 95 legisladores presentes se expresaron en contra de reformar la Ley y eliminar una instancia administrativa como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) o la figura de linchamiento mediático.

Los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa de la bancada Revolución Ciudadana, como Pabel Muñoz, apuntaron la necesidad de regular los medios desde el Estado. El Legislador los equiparó a las entidades financieras como servicios que requieren control. En esa línea, Juan Cárdenas se pronunció  en contra de las reformas y cuestionó la eliminación de la Supercom, pues, en sus palabras, el ciudadano estaría en indefensión. Marcela Aguiñaga dijo que es necesaria una norma que permita la sanción a los medios, de lo contrario “sería una ley declarativa”. También pidió que no se elimine la figura de linchamiento mediático, ya que los medios permiten los insultos y sentencian con sus titulares. La Asambleísta se valió de un video del expesidente Abdalá Bucaram insultándola, como ejemplo.

El socialcristiano Vicente Taiano cuestionó a quienes durante 10 años fueron “enemigos” de la libertad de expresión y dieron paso a una ley que nació con un fin controlador. “Si eliminamos la Supercom, estamos eliminando esas facultades que permitieron perseguir y controlar”, apuntó. Sin embargo, cuestionó la conformación del Consejo de Regulación (Cordicom), pues “es un error de fondo que esté presidido por el Ejecutivo y que tenga voto dirimente”.

Cristina Reyes argumentó que se debe proteger la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. “Me preocupa que legisladores sigan queriendo equiparar un derecho humano como un servicio público. Es una visión sesgada y ya sabemos que la intención fue la persecución (…) Esas voces rabiosas que se aferran a esto abusos tienen que entender que esto se acabó. La libertad de expresión no necesita normas que la regulen sino normas que la defiendan”.

La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, lamentó que no se haya tomado en cuenta su proyecto derogatorio de la ley. El socialcristiano César Rohon cuestionó que todavía no se vendan los medios incautados, pues estos se pusieron al servicio del Gobierno.

En el Pleno intervinieron representantes de nacionalidades indígenas y de medios comunitarios como Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie); Jorge Guachamín, de Corape; y Ana María Acosta, de la Coalición de Medios Comunitarios. Entre ellos hay consensos y exigen que además de la reserva del 34% del espectro radioeléctrico, se tomen acciones afirmativas para creación y fortalecimiento de dichos espacios.

Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que en el actual proyecto aún existen elementos que se podrían configurar en censura previa, como las restricciones de divulgación de información para coberturas en casos judiciales.

Tras concluir el primer debate, el proyecto de Ley vuelve a revisión de la Comisión de Derechos Colectivos para la inclusión de sugerencias antes de su debate final en el Pleno.