Cada vez que nos enfrentamos a un nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), hay que estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankenstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.
El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es precisamente “¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?”.
Estamos ya en la mesa con el Informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y eso luce como uno de los nudos críticos del nuevo cuerpo legal: el diseño institucional. Pero vamos por pasos y demos un vistazo general a los avances del proyecto.
Podemos asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana:
Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta
- Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
Mucho mejor que el texto actual, ambiguo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término para su implementación, implicará un trabajo activo con editores de medios y operadores de justicia quienes decidirán la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.
También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para el impulso al sector, se van a concesionar de forma directa frecuencias para las nacionalidades y pueblos indignas y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro pare el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.
Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos, una vez más, lo que heredamos del correísmo: en el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones bajo dos leyes distintas. Bajo la LOC, se debían controlar los contenidos de los medios. Para ello se dio paso a la Supercom que, según uno de sus creadores “era los dientes en la Ley”; es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Cordicom que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.
En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, se creó una Agencia de Regulación de control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de supervisar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.
En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales. Es decir, de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.
Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la SUPERCOM y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.
Pero ¿qué pasa con el CORDICOM y su primo hermano el ARCOTEL? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?
En primer lugar, el CORDICOM no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.
¿Cumple esos requisitos el CORDICOM que sale de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.
Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.
ARCOTEl es otro cantar, está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.
¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El Relator Lanza decía que este es un tema en el que, cómo país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del CORDICOM e incluso del ARCOTEL, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.