Ecuador, 04 de diciembre de 2024.- El pasado 19 de noviembre de 2024, el presidente Daniel Noboa expidió el Decreto No. 461, en el cual se reforman los artículos 3 y 67 del reglamento de la Ley de Comunicación (LOC). Este decreto habilita la participación de compañías y ciudadanos extranjeros de países con acuerdos comerciales vigentes con Ecuador en el proceso de adjudicación de frecuencias radioeléctricas.
Desde Fundamedios expresamos nuestra preocupación ante los riesgos inherentes a esta reforma, especialmente considerando el reciente Decreto 421, mediante el cual se convocó a un nuevo concurso de frecuencias para los próximos 60 días.
Es importante destacar que la Ley de Regulación del Mercado prohíbe explícitamente la participación directa o indirecta de empresas ajenas al ámbito de la comunicación como titulares o accionistas en este tipo de actividades. Asimismo, la Constitución ecuatoriana, en su artículo 312, establece que las instituciones del sistema financiero privado no pueden ser titulares de medios de comunicación.
Si el gobierno pretende abrir esta posibilidad a extranjeros, será necesario derogar o modificar estas normativas, las cuales actualmente contradicen la disposición del el Decreto 461.
nuestra exigencia a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel)) para que garantice un proceso de adjudicación justo, competitivo y transparente. Es fundamental que se llevan a cabo consultas públicas, se elabore un reglamento con procedimientos claros y acordes a las mejores prácticas internacionales; y que se evite cualquier acción que pueda generar irregularidades o desconfianza en el concurso.
El el Decreto 461 podría distorsionar el mercado de los medios de comunicación, poniendo en riesgo la igualdad de condiciones para competir y abriendo puertas a prácticas que favorezcan la concentración de medios, lo cual contradice los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de activos.
Esta situación recuerda lo sucedido en el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien en 2014 realiza un cambio en el reglamento de la Ley de Comunicación y cambió lo establecido en la Ley y establece que los extranjeros sí pueden ser dueños de medios en Ecuador siempre y cuando pertenezcan a «los países que hayan suscrito acuerdos o convenios de cooperación comercial o de complementación económica que hayan sido ratificados por el Estado ecuatoriano». Esto dejó el campo abierto para que empresarios como “El Fantasma” González, adquirieran uno de los medios más importantes del país, diario El Comercio. Fundamedios publicó una sobre el tema en su momento. En septiembre de 2014, la empresa Trueage compró la mayoría de acciones de Radio Hoy, propiedad del Diario Hoy, en liquidación. El dueño de Trueage, a través de una firma uruguaya, era Jesús González, hermano del «Fantasma». Posteriormente, la empresa cambia de nombre a Ridaltosa. Las empresas Teglovisión, conectada con el sobrino de González, adquirió la mayoría de las acciones de Grupo El Comercio, editor de los diarios El Comercio y Últimas Noticias, y dueño de las estaciones Platinum FM y Radio Quito AM. Además, en abril de 2016, y casi obtener la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Lo hizo a través de 18 empresas con accionistas distintos con el propósito de evitar ser señalado por concentración de medios, prohibido en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
En este contexto, Fundamedios exige al Consejo de Comunicación que cumpla su rol de veedor en el concurso de frecuencias, tal como lo establece el artículo 49 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este artículo detalla que el Consejo debe garantizar la autonomía, independencia editorial, pluralidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos relacionados con los medios de comunicación públicos.
Fundamedios reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y un mercado de comunicación plural, justo y transparente. Instamos al gobierno a evaluar con cautela las implicaciones de esta reforma y a actuar en estricto apego a la Constitución y la ley para proteger los intereses de los ecuatorianos.