En Ecuador se ha consolidado una cultura de la opacidad. Es la conclusión a la que llega Fundamedios, luego de haber realizado un estudio entre diciembre de 2014 y junio de 2015. Consistió en el monitoreo sobre los niveles de transparencia pasiva en las instituciones públicas.
Para ello, se enviaron solicitudes de información tanto a nombre de la organización como de personas naturales. En total, se hicieron 74 pedidos a 37 instituciones de la función ejecutiva. En el informe se señala que cuatro de ellas no fueron aceptadas.
De las 70 aceptadas, se recibió respuesta de 35. No obstante, solo 10 instituciones entregaron información completa. Eso quiere decir, que el 14% de entidades proporcionaron datos completos.
Pese a que se obtuvo respuesta de 24 instituciones, es decir, del 65%, ésta se encontró incompleta. Y en 17 casos, se sugirió que se revise la página web de la institución para encontrar la información. Además, una entidad pidió que se aclare la solicitud.
Cuando la información fue solicitada por ciudadanos, apenas cuatro entidades entregaron datos completos. Eso representa al 12% de las peticiones hechas. Once solicitudes tuvieron información incompleta. Además, dos instituciones explicaron que entregarían los datos en las siguientes semanas, pero no lo cumplieron.
En el estudio, Fundamedios aclara que “una institución respondió que no contaban con la información requerida, una dio información incompleta y una remitió a la página web”.
Pero la entrega de información no es lo único que cuenta. También se requiere del cumplimiento con el plazo establecido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La normativa determina que las entidades públicas deben entregar información hasta dentro de 10 días, a partir de la solicitud. Sin embargo, en el primer monitoreo solo siete de las 24 entidades cumplieron el plazo. El 70% restante, lo hizo fuera del tiempo.
De forma paralela a estos monitoreos, Fundamedios ha realizado un seguimiento permanente sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, que comprende el período entre mayo de 2014 y mayo de 2016. En ese marco, se presentaron 35 solicitudes a la SUPERCOM, tanto a la matriz como a las intendencias zonales. En el estudio se señala que siete de los 35 pedidos fueron respondidos. Sin embargo, hubo impedimentos en el resto de solicitudes. Por ejemplo, la entidad pidió que se justificara la necesidad de la información pedida.
Ante esta respuesta, Fundamedios pidió una Acción de Acceso a la Información, con el fin de que la entidad entregara los datos pedidos. El 8 de junio, fecha en que se realizó la audiencia, los juzgados de Contravenciones, los abogados de la Supercom argumentaron que la matriz no puede entregar información de las intendencias zonales. Además, dijo que Fundamedios abusa del derecho al Acceso de la Información.
En el estudio de Fundamedios, también se incluyen detalles sobre un pedido de información a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), para conocer datos sobre la situación financiera de las empresas, en especial de los canales Gama Tv y TC Televisión. Se presentó la solicitud el 15 de marzo de 2016, sin haber recibido respuesta hasta la actualidad.
El informe de Fundamedios, de 29 páginas, entrega detalles de los pedidos realizados, y el porcentaje de su cumplimiento o incumplimiento. También se explica el proceso en casos particulares: Visión 360, Yasuní, Pacayacú, Refinería del Pacífico, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, diario La Hora, El Universo, y el proceso de concurso de frecuencias radioeléctricas.
Este estudio fue presentado durante el foro “Transparencia en concursos públicos” que se llevó a cabo el 11 de noviembre, y que fue organizado por Fundamedios, la Universidad Internacional del Ecuador y Alianza Regional por la Libre Expresión y el Acceso a la Información. El encuentro se enmarcó en el contexto del concurso de frecuencias radioeléctricas que está en proceso.
Los panelistas invitados fueron Álvaro Rosero, director de Exa FM Ecuador; José Luis Santamaría Zañartu, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile y presidente de la Red de Transparencia de las Américas, RTA; Juan Carlos Solines, abogado y miembro del Observatorio de Frecuencias; y Edison Toro, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador.
En la presentación al evento, César Ricaurte, director de Fundamedios, señaló que “los estándares que se están manejando en Ecuador significan retrocesos severos”. Asimismo, resaltó una parte del informe, en la cual se habla de las limitaciones que encuentran los medios de comunicación y periodistas el momento de acceder a información: “invariablemente se encuentran con un muro de silencio”.
Álvaro Rosero habló del concurso de frecuencias de radio y TV, actualmente en marcha, y señaló que la “falta de transparencia se inicia con la determinación de las reglas del juego. Normas específicas del concurso que ni siquiera se han fijado con la Ley Orgánica de Comunicación ni los estándares internacionales”. Se refirió a la cadena que el gobierno impuso la mañana del 11 de noviembre dentro de la programación de la radio que Rosero dirige. En ella, “se repite en tres ocasiones –dice Rosero- que hay igualdad de condiciones”. Sin embargo, relató el testimonio de su radio, que no corresponde a las aseveraciones incluidas en la cadena.
Rosero señaló que “se publicaron unas bases del concurso, pero no se determina nada relativo al proceso de evaluación”. Añadió que “ninguno de los participantes conoce con quiénes participa, no se conoce cuál es el avance del proceso. Se está manejando de una manera absolutamente oscura”. De esta manera, hizo un llamado a que se detenga este concurso, “que se evite esta sospechosa coincidencia que se realice en el marco electoral. Y que se lleve a cabo en un próximo gobierno”.
El presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santamaría, a continuación, explicó el proceso de concurso y transparencia que se aplica en su país, incluso las regulaciones que existen cuando se presenta a concurso alguna empresa extranjera. Explicó que la administración del Estado dispone de 850 órganos que deben efectuar sus ofertas de compra a través un sistema tecnológico, en donde decide de forma autónoma una oferta de compra de servicios.
Juan Carlos Solines argumentó que “el Ecuador optó por un orden equivocado del acceso de datos”. Se refirió así a la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso la Información Pública (Lotaip), en el 2004. “Recién en el 2016, 12 años después de la aprobación de la Lotaip, se está conociendo un primer proyecto de ley de protección de datos personales, que tiene bastantes falencias, pero que sobre todo, debe ser absolutamente reformado”.
A propósito del concurso de frecuencias, Edison Toro señaló que la comunicación es un elemento importante para el gobierno. “El Estado está en todo, frente a esto, la contratación pública le sirve para estar en todo”.
Por ello, para Juan Carlos Solines, este concurso de frecuencias no tiene problema de falta de ley ni de instituciones, si de institucionalidad. La institucionalidad en Ecuador no funciona en Ecuador, debido al acaparamiento del control del poder”. Y ello explica que el proyecto de ley de protección de datos personales “no es un proyecto de ley pensado en el ciudadano y sus datos, sino en el control del flujo de datos”
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