Ecuador, 01 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, se reunió ayer con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Vejar, y con el fiscal encargado del caso, Nelson Guano.
En esta reunión se analizó el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE a la Fiscalía, así como las acciones realizadas por esta Institución en cuanto a las investigaciones pertinentes del caso, considerando que el tiempo legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal para la fase de investigación previa ha concluido y que hasta la fecha no se han obtenido resultados por parte de esta Institución.
César Ricaurte y Lidia Rueda, representantes de la Veeduría Ciudadana, señalaron la importancia de avanzar con las investigaciones de acuerdo a las recomendaciones específicas establecidas por el órgano de la CIDH, con la finalidad de que este caso no quede en la impunidad.
Los representantes de la Fiscalía General del Estado señalaron, sin entrar en detalles por la reserva en que se encuentran las investigaciones, que una de las razones principales para la falta de avances ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado que manejan información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes, mismas que han clasificado dicha información como reservada, pese a tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos, lo cual es contrario a la Constitución de la República.
Asimismo, el fiscal Nelson Guano señaló que desde que avocó conocimiento del caso en julio del presente año, se han realizado distintas insistencias a dichas instituciones sin resultados. En este caso, reiteraron el compromiso por parte de la Fiscalía de avanzar con las investigaciones correspondientes por el tiempo que sea necesario.
La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos.
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