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La violencia, estigmatización y vigilancia de periodistas en América ha sido una constante en 2019

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: