Más de 14 organizaciones internacionales y locales rechazaron la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación porque podría afectar a la libertad de expresión. Los criterios y preocupaciones coinciden en aspectos como el lenguaje amplio y ambiguo utilizado en la redacción de la norma, así como la creación de la figura de linchamiento mediático; la de una Superintendencia de Comunicación e Información y un Consejo que fiscalizará y regulará el contenido de los medios y cuya independencia genera dudas por su conformación.
A través de un comunicado difundido el 17 de junio, Frank la Rue, relator especial de las Naciones Unidas para promoción y protección de la Libertad de Expresión lamentó, “que se haya emitido esta Ley sin tomar en cuenta las recomendaciones que hiciera al Congreso en el 2011” y reiteró su “preocupación de que dicha Ley no se haya sometido a una amplia consulta con los diferentes actores sociales incluyendo los periodistas».
En ese sentido La Rue apuntó que la norma legal «tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa y la libertad de expresión, tales como la creación del concepto de linchamiento mediático que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado», por lo que también recomendó al Presidente de la República “que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida”.
La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero también manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley que, a su criterio, tiene elementos que “podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” y que podrían“impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.
A través de una carta dirigida al canciller Ricardo Patiño, con fecha del 28 de junio, la Relatora detalla en una carta de 12 páginas, 10 puntos por los que la nueva Ley resulta incompatible con los estándares internacionales en los que menciona la imposición de obligaciones a todos los medios de comunicación sin distinguir su formato o tamaño; el establecimiento de instancias administrativas, con autoridad para establecer controles, límites y sanciones que puedan afectar sustancialmente el ejercicio de derechos fundamentales y la autocensura, al establecer incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la propia Ley establece, entre otras.
En la misiva Botero también cuestiona que el Estado, al considerar a la comunicación como un servicio público, “asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente”.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) también se pronunció en rechazo del cuerpo legal. En un comunicado difundido el 17 de junio, se asegura que la norma “debilita gravemente la libertad de expresión en el país e incluye un lenguaje excesivamente amplio que limitará la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW enfatiza en que “las disposiciones que favorecen la censura y los juicios penales contra periodistas constituyen claros intentos por silenciar las críticas”.
De igual forma, el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, en su blog institucional cuestionó la nueva norma a la que la calificó de “mordaza para silenciar críticas”, tal y como reza el título de la nota difundida el 21 de junio. En ella, la organización aseveró que la Ley “no sólo crea un órgano estatal fiscalizador para regular el contenido de los medios, sino que está llena de frases ambiguas que les exigen a los periodistas ofrecer información exacta y equilibrada bajo pena de enfrentar sanciones civiles o penales”. Mientras que para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador sancionada por el presidente Rafael Correa, oficializa la mordaza con una nueva serie de “delitos de prensa” que privilegian al gobierno por sobre el derecho humano a la información de los ciudadanos, tal cual es concebido en los tratados internacionales sobre la materia, según un comunicado difundido el 24 de junio.
A estas críticas se suman las entidades representativas de la prensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú, quienes alzaron su voz de preocupación por la ley de Comunicación de Ecuador al advertir que vulnera las libertades de expresión, opinión y prensa.
A través de una declaración conjunta divulgada el 24 de junio, las asociaciones de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, de Diarios de Colombia (ANDIARIOS) y Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y del Consejo de la Prensa Peruana, alertaron que la Ley establece “inaceptables controles gubernamentales” y aseveran que “el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
En este sentido también rechazaron que “mediante la incorporación de figuras inéditas, como el denominado ‘linchamiento mediático’, la regulación del Internet, la imposición de contenidos, cuotas de programación, se “vulnera abiertamente las normas contenidas en jurisprudencia y tratados internacionales que privilegian la libre expresión, información y la opinión crítica como mecanismos esenciales de una democracia, suscritos por el gobierno del Ecuador”.
En tanto, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile se solidarizó con los medios y periodistas ecuatorianos y, a través de un comunicado individual, se dijo que “la aprobación de esta ley representa un grave daño al ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador y significa la ausencia de las mínimas garantías que deben existir en un estado de Derecho para su libre ejercicio por parte de los medios de comunicación.
Asimismo, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en ingles) expresó su preocupación por la reciente aprobada Ley de Comunicación. En un informe especial, difundido el 11 de julio desde Viena, la Organización cuestionó la «excesiva regulación estatal” que determina la norma y que constituye una «seria e inmediata amenaza para el periodismo independiente» en el país.
Para el IPI lo más «preocupante» de la nueva ley es la creación de dos instrumentos estatales de regulación: el «Consejo de Regulación y Desarrollo de Información» y la «Superintendencia de Información y Comunicación» con poder para «disciplinar» a la prensa «mediante una combinación de sanciones legales y administrativas». «La combinación de poderes excesivos y la falta de garantías sobre su independencia hace que estos dos órganos reguladores sean propensos a tomar acciones arbitrarias contra o abusar de los medios de comunicación y periodistas», señala el informe.
En la misma línea, La Unión Europea, Estados Unidos, medios internacionales también han cuestionado la aprobación de la norma porque podría limitar el libre ejercicio a la libertad de expresión y vulnerar derechos fundamentales.