Como dicen los abuelos: del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esta frase de la sabiduría popular calza para describir lo sucedido con el Gobierno de Guillermo Lasso, que arrancó su periodo presidencial con un animoso y garantista discurso inicial de pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión; pero que en la práctica se ha quedado lejos de esa promesa. Los casos de agresiones a este derecho desde el Gobierno, las cifras que se han mantenido en rojo y los desencuentros entre funciones del Estado han generado un estancamiento en la calidad de los derechos de libertad de expresión, prensa y acceso a la información y, por lo tanto, son promesas suyas que siguen incumplidas.
Una de las primeras acciones que materializó parte de esas promesas fue el envío a la Asamblea Nacional de una nueva Ley de Libertad de Expresión, que tiene el objetivo de derogar la Ley de Comunicación del correísmo y apuesta por la autorregulación desde los medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, después de un año, las reformas legales no se han concretado debido a las diferencias políticas entre el Gobierno Central y la Asamblea Nacional.
Otro de los intentos infructuosos para generar mecanismos de protección para el trabajo periodístico, en especial durante las manifestaciones, ocurrió cuando el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Comunicación y mandos de la Policía tuvieron un acercamiento con periodistas, espacio en el cual advirtieron que el crimen organizado tendría efectos colaterales en el trabajo periodístico. Y no se equivocaron.
Al incremento de violencia por parte de la fuerza pública, durante este año, se ha generalizado la falta de seguridad que existe en Ecuador y el crimen organizado como un posicionado agresor a la libertad de expresión.
A esto se suma que la información del asesinato de los periodistas de El Comercio continúa bajo reserva; el mal uso del Derecho Penal por parte de políticos para acosar y perseguir a periodistas; un discurso estigmatizante contra la prensa desde el poder y un trabajo periodístico con pocas garantías, elemento que genera un clima de inseguridad para la prensa.
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