Tan solo se han creado 14 radios comunitarias de un meta de 54. Las que funcionan, como parte de 13 nacionalidades indígenas, viven múltiples problemas, como la autosuficiencia, la falta de frecuencias, el papeleo y la imposición de contenidos. Por ejemplo, una de las obligaciones de las radios para mantener el contrato publicitario con las gobernaciones era difundir en sus espacios informativos las noticias o editoriales de los medios de comunicación públicos y gobiernistas, tales como el PP, El Telégrafo y El Ciudadano.
POR LA AGENCIA DE NOTICIAS INVESTIGATIVAS
1. El proyecto se queda a medias y trunco
A finales de febrero del 2015 concluyó el plazo de la concesión de frecuencias temporales que otorgó el gobierno a 13 nacionalidades indígenas para el funcionamiento de 14 radios comunitarias, como parte del proyecto «Creación de Red de Comunicación Alternativa de Medios Comunitarios Públicos y Privados Locales», a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
Sin embargo, el plan que aspiraba a instalar 54 radios comunitarias con patrocinio del Estado no será prioridad en este año para el gobierno; a esto se suma las dificultades que presentan varias de las nacionalidades para que sus radios sigan funcionando.
Zoila Patricia Emen, gerente del proyecto afirma que “las primeras 14 concesiones han sido otorgadas y se encuentran trabajando (…) el resto del proyecto, al menos durante este año, dependerá del presupuesto que el Estado le asigne…». Por el mismo motivo aseguró que «los objetivos del proyecto para este año no han sido establecidos».
La encargada del proyecto espera que el tema del presupuesto sea formalizado para establecer las directrices a seguir en el mismo. Patricia Emen recalcó que “este momento el país está pasando por un tema económico muy fuerte y donde se va a priorizar más bien el tema de educación, salud, vivienda; o sea que es algo mucho más prioritario para el gobierno. Entonces yo creo que aquí si van a medir con pinzas cada recurso que se entregue a los proyectos y a las instituciones públicas”.
Emen informó que para cumplir con la meta de la creación de 54 radios, están seleccionadas 17 organizaciones más y que están listos «el estudio técnico, el plan de gestión, el plan de sostenibilidad y el plan comunicacional», y esperan que se abra el concurso público para acceder a las frecuencias, pero aseguró que el año anterior tenían previsto comprar equipos y «me imagino que por temas económicos, no se nos entregó todo el recurso necesario para la compra de equipos, se entregó menos de la cuarta parte de lo que nosotros estamos solicitando y por lo cual no pudimos comprar».
A pesar de que el proyecto contempla esta segunda fase y hasta una tercera, con 20 organizaciones más, reconoce que las nacionalidades que ya tienen su frecuencia tienen problemas, y el principal es su capacidad para autosustentarse económicamente, esto a pesar de que la Ley exige a las instituciones públicas destinar una parte de sus recursos para el pautaje en este tipo de medio. Emen indicó que esta disposición «no se lo ha estado cumpliendo, nosotros estamos socializando desde finales del año pasado con algunas instituciones».
La falta de capacidad para autofinanciarse ha impedido el fortalecimiento de algunas radios comunitarias. Frente a este tema la gerente del proyecto resaltó que el acuerdo que se realizó con las nacionalidades indígenas es de «corresponsabilidad» (…) Si bien el Estado debe bogar por su creación y desarrollo, los medios comunitarios tienen la responsabilidad de buscar pautajes que les permitan financiarse (…) «en el caso de las nacionalidades, en algunas de ellas no digo en todas, no ha habido esa parte de la responsabilidad, de buscar recursos”, afirmó Emen.
Otro de los problemas es que lo fondos que logran recaudar los gerentes de las radios por concepto de pautaje terminan en la cuenta de la organización indígena, ello porque las radios no poseen RUC ni cuenta de ahorros propia, así que los recursos son depositados directamente en los fondos de la nacionalidad.
De la mano del problema de sostenibilidad viene otra dificultad dentro de las radios comunitarias. Durante alrededor de dos años el Estado entregó recursos en forma de sueldos a los encargados de las radios comunitarias (dos personas por radio), con la finalidad de que las mismas puedan sostenerse en el arranque de sus proyectos. Estos recursos fueron entregados por un año y retirados el pasado mes de octubre debido a que no estaban contemplados dentro del presupuesto, y las nacionalidades deberán hacerse cargo de los mismos.
2. Las radios comunitarias sin posibilidad de autosustento
Sobre estos dos aspectos José Ignacio López Vigil, radiodifusor cubano, coordinador de la organización «Radialistas Apasionados», señaló que “el origen del problema de sostenibilidad tiene que ver con el proceso o con la falta de procesos con que fueron conferidas, porque se sembraron como si fueran arbolitos, y una radio no es un arbolito, una radio, una emisora comunitaria tiene que responder al deseo, a la solicitud de la comunidad, no es que vienen los reyes magos y traen una emisora”.
Dentro de estos problemas de sostenibilidad, señaló el comunicador, existen problemas con los equipos que les han dado en convenio de corresponsabilidad a las nacionalidades, “una radio tiene que crecer de menos a más, no puede comenzar con un transmisor de un kilo que después no hay ni como pagar la luz”.
Además de estos problemas técnicos existen otros inconvenientes de carácter estructural a los cuales se refiere el comunicador radial: “es que hay cosas absolutamente absurdas, a emisoras comerciales y a las emisoras comunitarias se les pone los mismos requisitos, ¿cómo es posible eso? …. eso es absurdo e inconstitucional”.
Sumado a este inconveniente López Vigil cree que lo fundamental para una radio comunitaria que recién comienza es generar sus propios recursos y no recibir de la mano de papá Estado, ni de la mano de mamá Iglesia, ni de la mano del mercado. Es necesario generar recursos a través de servicios y publicidad, pero no a través de salarios subsidiados ya que eso lleva a un control de la línea radial, “por ese viejo y conocido refrán que dice: quién pone la plata para la fiesta también pone la música”, indicó López.
La alta rotación del personal encargado de las radios comunitarias suma otro problema a las mismas. A pesar de que el proyecto ha implementado talleres para capacitar a los encargados en aspectos como locución y producción, las personas capacitadas abandonan la emisora y se necesita capacitar a una nueva persona para que este se haga cargo de la misma.
Esto ha implicado un desgaste en los recursos del proyecto y un retroceso en el fortalecimiento de las radios; la gerente del proyecto afirmó que esto también es un problema en torno a la corresponsabilidad de las nacionalidades.
La misma preocupación fue expresada por los directores de las radios comunitarias consultadas, como son: radio Tarimiat de la nacionalidad shiviar, Radio Nase de los sápara, las radios que pertenecen a los waorani (Wao Apeninka), Andwa (La Voz de la Frontera), en El Puyo, y a los cofanes (Tsanda Jenfa ).
Pascual Kunchicuy gerente de Radio Tarimiat, informó que los sueldos que eran costeados por la Secretaría Nacional de la Gestión Política dejaron de llegar desde el año pasado y lo que hacen al momento es pagar solamente a una persona con el dinero que recaudan de la publicidad, esto a pesar que en la estación colaboran 11 personas más a modo de voluntariado.
Por la misma razón tuvieron que despedir a las personas que trabajaban en radio Nase. Bernardo Pichura, gerente de la radio, dice que logran sostener la radio por las cuñas que han logrado conseguir, sin embargo la radio mantiene una deuda de ocho mil dólares con la empresa eléctrica y los únicos gastos que pueden costear son los del «teléfono y del estudio, nosotros pagamos con lo que nosotros recibimos», acotó.
3. ¿Radios comunitarias o al servicio del gobierno?
Un vocero de la radio wao Apeninka comentó que las 13 nacionalidades trasmitieron obligatoriamente el Enlace Ciudadano del presidente Correa por alrededor de un año; sin embargo, luego de una reunión entre los representantes de las nacionalidades lograron que «recién a través de Ecorae (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico) estamos pautando por 14 meses… y nos están reconociendo alguito».
Todas las radios tenían la disposición de conectarse a las sabatinas y a las cadenas nacionales gubernamentales. En el caso de la radio de los Waorani incluso les llegaba una pieza radial con la traducción que hacía una persona que habla waorani que trabaja para el Instituto para el Ecorae, que tiene sede en Puyo.
Aparte de esto, las radios venden espacio aire a las gobernaciones provinciales para que emitan una rendición semanal de cuentas. En el caso de las radios asentadas en El Puyo, el programa se llama Pastaza Habla y dura dos horas aproximadamente. Las radios, además, debían hacer avances diarios del programa en su programación habitual. El pago por esto iba entre los 500 y 900 dólares al mes y era la mayor entrada de dinero que tenían.
Fundamedios accedió a uno de los contratos firmados entre una Gobernación y una radio comunitaria. Allí consta las obligaciones a las que se somete el medio. Descargue el contrato completo aquí.
Una de las obligaciones para mantener el contrato con las gobernaciones era difundir en sus espacios informativos las noticias o editoriales de los medios de comunicación públicos y gobiernistas, tales como el PP, el Telégrafo y El Ciudadano. En los contratos se explica cómo presentar esa información; por ejemplo: “hora 7h23. Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, nos informa esta mañana”… o “Diario el Ciudadano, periódico del gobierno de la revolución ciudadana, nos informa…”. Todo esto debía ser grabado y entregado en las respectivas gobernaciones para obtener el pago.
Al ser consultada por lo que sería una imposición de contenidos, la gerente del proyecto afirmó que quien se encarga es la Secretaria Nacional de Comunicación, Secom y que no tenía conocimiento de estos contratos con las nacionalidades: “hasta donde yo sabía, el contrato sólo especifica publicidad y no información”, señaló. La gerente del proyecto afirmó que cuando visitaron a las nacionalidades nadie informó sobre esta situación, «en lugar de esto las nacionalidades estaban preocupadas porque no se les había renovado los acuerdos de pautaje con la Secom», afirmó Emen.
Pero López Vigil, señala que “sí el gobierno a través de la Secom marca cuáles noticias se va a leer y cómo leerlas y qué slogan dar y como darlos, está atentando contra el mismo carácter comunitario de una radio que tiene que ser autónoma y pluralista, a no ser que el gobierno les cambie el nombre y en vez de llamarlas radios comunitarias, las llame órganos de propaganda del gobierno”.
En el Art. 83 de la Ley de Comunicación, dice López, se inventó «una cosa extraña», que no existe en ninguna otra ley de comunicación. Este artículo habla de medios públicos de carácter oficial; medios públicos de carácter oficial lo cual equivale a decir soles cuadrados, porque un medio público no puede ser nunca de carácter oficial y una radio comunitaria igualmente nunca puede ser de carácter oficial”.
En la actualidad la única emisora que mantiene el contrato con Pastaza Habla es la radio Shiwiar (Tarimiat, 93.5 FM) que se ha convertido un referente en esa ciudad amazónica, porque tiene programación durante todo el día y se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de los músicos del oriente ecuatoriano.
Sin embargo, no todas las radios han alcanzado un desarrollo igual y solo las de mayor audiencia reciben mayor atención del Estado. Esta disparidad se debe a que en el 2012, la Secretaría de Pueblos priorizó la construcción de algunas radios por razones económicas. A esto hay que sumarle el interés que han puesto las distintas federaciones para impulsar sus proyectos comunicacionales.
Las radios que pertenecen a los waorani (Wao Apeninka, 91.1 FM), andwa (La Voz de la Frontera, 95.9 FM), shiwiar (Tarimiat, 93.5 FM) y saparas (Nase, 92.7 FM), en El Puyo; a los cofanes (Tsanda Jenfa 90.0 FM) en Nueva Loja ya los tsáchilas (Seque Pamin, 102.5 FM) en Santo Domingo de los Tsáchilas recibieron sus transmisores definitivos en marzo del 2013 y tres de ellas han desarrollado una página web, lo cual les permite transmitir en internet.
4. Hasta ahora tampoco hay frecuencias
Hasta el momento las radios comunitarias no cuentan con la frecuencia definitiva, a pesar de que han presentado los documentos que les exige la Ley: esto es, el proyecto de sostenibilidad, el proyecto comunicacional y el plan de gestión, tanto al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, como al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Cordicom.
Sobre este punto, la gerente Emen puntualizó que «nosotros ayudamos a la gente de las nacionalidades guiándola con todos los documentos que se necesitan para que no falte algún papel (…), debido a las distancias, porque ellos muchas veces no pueden viajar y se les complica muchísimo; nosotros éramos como un intermediario, ellos nos envían los documentos, los centralizábamos en nuestras oficinas y enviábamos un paquete completo al Conatel; hubo otras organizaciones que los enviaron directamente, pero siempre todo la documentación era firmada por el representante de la nacionalidad».
La fecha del vencimiento para mantener la frecuencia temporal está por concluir; por este motivo desde la Secretaría de la Gestión Política sugirieron pedir una extensión de la frecuencia temporal por un año más, «pero no significa que ellos vayan a cubrir este año como tal, lo que pasa es que los documentos, de lo que entiendo, y lo que me han comentado las personas de Conatel, es que el proceso en este momento está para enviar toda la documentación al Cordicom, que ellos son los que evalúan la parte comunicacional», aseguró Emen.
La extensión del permiso para seguir funcionando con la frecuencia temporal será mientras dure el papeleo con el Cordicom, luego regresan a papeles al Conatel y se emite el pronunciamiento definitivo sobre las frecuencias definitiva. Para la gerente del proyecto el hecho de pedir la solicitud de ampliación de plazo «no significa que vaya a demorar un año más, simplemente son algunos días, probablemente un mes, hasta que puedan tener la frecuencia definitiva».
Pero, según el Estado, esta demora también es responsabilidad de las nacionalidades. Emen dice que «nosotros guiamos hasta donde pudimos, pero también hay una corresponsabilidad de parte de ellos (las nacionalidades), (…) me parece que son tres radios que no presentaron toda la documentación que se está exigiendo. Le tocará al Conatel definir qué recursos o qué plazos les darán para que puedan volver a entregar esos papeles».
Sin embargo, López Vigil no está conforme con esa situación, pues «la frecuencia de radio y televisión no son una concesión del Conatel, ni del Cordicom, ni del gobierno, ni de nadie: son derechos ciudadanos. El proceso se lleva de forma inversa ya que no se trata de que el Conatel abra un concurso para ver quien quiere la frecuencia y la Cordicom da el visto bueno; lo que se debe procurar es que la ciudadanía, las organizaciones sociales, populares o de la sociedad civil a través de los artículos 16 y 17 de la Constitución ecuatoriana obtengan el derecho a acceder a las frecuencias…».
El proceso que el Estado ha establecido para la entrega de frecuencias, en el cual las organizaciones, comunidades etc, deben entregar tres carpetas para solicitar la frecuencia definitiva, es, a criterio de López Vigil sumamente engorroso y desalienta a las mismas para solicitar estas frecuencias. Desde su perspectiva lo que debería suceder es que una organización vaya al Conatel y proponga gestionar una frecuencia, sin dinero de por medio, ni equipos, nada de eso: tan solo el derecho constitucional que le corresponde a la organización, tras de esto la organización deberá fortalecerse a sí misma».
La situación más importante con respecto al espectro radioeléctrico es la necesidad de distribuir el mismo de forma equitativa como establece la propia Ley de Comunicación. López enfatiza en que la labor del Estado, que administra el espectro radioeléctrico, «es conceder la mayor cantidad posible de frecuencias de radio y de televisión a la ciudadanía que lo solicite y que haya cumplido unos requisitos sencillos: tener personalidad jurídica, tener una solvencia, tener un proyecto de comunicación interesante, un proyecto comunicacional, sin mayores complicaciones».
Gisela Dávila es parte de la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador, Corape. Ella dijo que la organización ha apoyado en algunos momento a las radios comunitaria en capacitaciones muy puntuales. «A las radios las hemos visitado y se ha apoyado en capacitación sobre todo en géneros y formatos periodísticos y técnica».
Pero un seguimiento cercano y con datos específicos no lo ha hecho la Corape, pues responde sobre todo a las necesidades de las 34 radios afiliadas, pero que como organización están pendientes de la redistribución equitativa del espectro radioeléctrico.
5. La redistribución equitativa es una utopía
La Ley Orgánica de Comunicación, LOC, en su artículo 106 establece que “las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios (…) En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo”.
Sobre la distribución equitativa de frecuencias Emen, la gerente del proyecto, dice que el mismo «es un aporte para que se cumpla eso», pero quien tiene la responsabilidad de esa distribución equitativa es el Conatel, entidad que «deberá tomar medidas para que se cumpla esta equidad en el espectro».
El proyecto «Creación de Red de Comunicación Alternativa de Medios Comunitarios Públicos y Privados Locales» nació antes de la Ley de Comunicación. Comenzó a ejecutarse en el 2010. La Ley de Comunicación fue aprobada en junio del 2013. Para la gerente Emen «no es responsabilidad de nosotros, pero como Estado debemos buscar que toda la ley se cumpla»: Emen dice que desde el año pasado nosotros vienen trabajando con el Conatel y la Cordicom, para reforzar la primera etapa del proyecto, para ver de qué manera avanza el proyecto «y buscar los mecanismos adecuados para seguir buscando organizaciones, comunidades, organizaciones sin fines de lucro, pueblos, nacionalidades, todo lo que esté contemplado en la ley como medios comunitarios y se pueda cumplir esta distribución equitativa».
La secretaria ejecutiva de Corape cree, en cambio, que «esa redistribución no puede esperar 20 años, se la tiene que hacer de forma progresiva pero no puede esperar tanto tiempo, ya esta es una responsabilidad que el Estado la tiene que asumir».
Y López Vigil piensa que esta meta está lejos de cumplirse; si la norma dice que «el 34 % tiene que ser para medios comunitarios, en Ecuador pueden haber más de mil emisoras, entonces tendría que haber 340 emisoras comunitarias» (…) el gobierno no tiene que dar dinero, no tiene que dar ni siquiera equipos (…) lo tiene que dar el gobierno es la frecuencia de radio y televisión a los grupos, a las organizaciones que lo soliciten, adeptas o no al gobierno».
López Vigil recordó que formó parte de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, creada por mandato constitucional en noviembre de 2008, «ya estamos en el 2015 y no se ha revertido ni una sola frecuencia de las mencionadas en ese informe, porque de las que se han revertido son por temas administrativos o por otras cosas… Pero las que están mencionadas en el informe que se hizo a través de mecanismos ilegítimos e ilegales que fueron realmente delitos de peculado, porque se compraron, vendieron, cambiaron, alquilaron, arrendaron un montón de frecuencias(…) ese informe está ahí en el congelador…».
Con el proyecto «Creación de Red de Comunicación Alternativa: Privada Local, Pública y Comunitario» y la instalación de 54 emisoras se esperaba llegar a cinco millones de ecuatorianos que viven en zonas rurales, ciudades intermedias y barrios urbanos populares de las grandes ciudades. Así reza el texto del proyecto que reposa en la Secretaría Nacional de la Gestión Política y que fue iniciado por la extinta Secretaría de Pueblos.
Pero hasta ahora sólo hay constancia de la entrega de 14 frecuencias temporales a 13 nacionalidades indígenas del país. Estas fueron las primeras 14 radios comunitarias que el Gobierno puso en marcha en 2010, cuando surgió el proyecto.
Las nacionalidades beneficiarias
Se ha hecho una aproximación a ocho de las 14 radios comunitarias, seis de las emisoras escogidas están asentadas en El Puyo, y las otras dos están en Nueva Loja e Ibarra, respectivamente. La información de cada una de ellas consta en los documentos de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y resumimos a continuación.
Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), que está compuesta por unas 6.000 personas y su territorio se extiende tanto por suelo ecuatoriano como peruano. Su territorio en Ecuador está en las provincias de Pastaza (cantón Pastaza, parroquias Montalvo y Simón Bolívar) y Morona Santiago (cantón Taisha, parroquia Huasaga).
Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (Nashie), cuya población aproximada es de 697 personas, las cuales están distribuidas en nueve comunidades dispersas al sureste de la provincia de Pastaza, en los territorios ubicados en la cuenca alta del río Corrientes y la cuenca alta del río Tigre, llegando a la línea limítrofe con el Perú.
Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), que cuenta con aproximadamente 3.000 personas, distribuidos en 24 comunidades en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. Su territorio tradicional se extendía entre el margen derecho del río Napo y la izquierda del Curaray y a partir de 1958, con la presencia permanente del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), se inicia la época de contacto con el exterior.
Nacionalidad Andwa del Ecuador, que tiene una población aproximada de 800 personas agrupadas en cuatro comunidades: Montalvo, Jatunyacu, Morete Playa y Pucayacu. Están asentados en Pastaza, en la parroquia Montalvo, en el límite internacional con el Perú.
Nacionalidad Sapara del Ecuador, que está ubicada al este de la provincia de Pastaza y colinda con el Perú. Su población se estima en 1.300 personas que viven en un territorio de 401.006 hectáreas. Existen 10 comunidades zaparas.
Organización de Centros y Comunidades de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Onashpae), que reúne a una parte de la población shuar estimada en 110.000 habitantes. Estos están distribuidos en 668 comunidades asentadas en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, principalmente, y en otros asentamientos en Sucumbíos, Orellana, Guayas y Esmeraldas.
Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán (Feince), que tiene presencia en Colombia y Ecuador. En nuestro país están ubicados en la provincia de Sucumbíos y se estima que unas 1.000 personas todavía conservan esta nacionalidad.
Federación del Centro AWA del Ecuador (FCAE), que cuenta con 13.000 habitantes, de los que alrededor de 3.082 se encuentran en el Ecuador, en Carchi y Esmeraldas. El resto están en Colombia.
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