¿Qué tienen las organizaciones de la sociedad civil que molestan tanto al poder? Bueno, al menos al saliente, ya que lo registrado en los últimos cuatro años es insólito. La respuesta viene del lado de los cuestionamientos incómodos al poder en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos frente a las políticas de Estado.
En 2013 se disolvió a la Fundación Pachamama y en 2016, a la Unión Nacional de Educadores –UNE-. Esto es bien conocido por todos. También se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, pero no han sido casos aislados. Cuando Correa firmó los decretos 16 y 739 nos metió gato por liebre: estos supuestamente estaban hechos para organizar mejor al sector civil. Pero no fue así. Estas disoluciones son la punta del iceberg de un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, vulnerando el derecho fundamental a la libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución.
Las alarmas saltaron por tres causales de disolución incluidas en tales decretos: desviarse de los fines para los que fueron constituidas; dedicarse a actividades políticas partidistas; y atentar en contra de la seguridad del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas instrumentalizadas para tal propósito. A la UNE la disolvieron por “no registrar la directiva”, pese a que lo hizo. Y lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar valiéndose de un sinsentido legal kafkiano.
Estos absurdos no son patrimonio de los procesos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al ser disueltas. Obtener un dato exacto acerca de cuántas OSC realmente han sido disueltas desde 2013 es como entrar a un laberinto sin salida. Tratar de levantar datos a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS- se convierte en una tarea ingrata. Quién diría que fue creado para organizar en una sola plataforma la información y los procesos relacionados a las organizaciones, y que fue la razón de ser de los Decretos 16 y 739:
Según estos decretos/reglamentos, el sistema debía contar con una plataforma de registro de las organizaciones -RUOS por sus siglas- a través de un portal web. El portal existe, sí, y supuestamente tiene los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Pero cuando uno entra se entera de que no hay criterios de búsqueda, por lo que para determinar cuántas son las organizaciones que se hallan en estatus de “disueltas” habría que hacer una búsqueda manual, siendo que son nada más que 9mil páginas. A cincuenta páginas por día, hagan las cuentas.
Digamos que si algún día lográsemos terminar tal labor, lo lógico sería tener datos fidedignos acerca del número de organizaciones sociales registradas a nivel nacional. Pues no. La investigación realizada por Fundamedios dice lo contrario: la información que arroja el sistema es inexacta y no es de fácil acceso público. Entonces, si los decretos 16 y 739 no han servido para establecer el correcto funcionamiento del SUIOS, como consta en el reglamento, ¿para qué han servido en realidad? ¿Estamos frente a un despropósito?
Para responder esta pregunta primero hay que analizar los datos cotejados para esta investigación. Como ya sabemos, el proceso de obtener datos a través de la plataforma SUIOS pone a prueba la paciencia de cualquiera, y por eso se enviaron oficios solicitando información a varios ministerios y a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que es la entidad encargada de manejar el sistema de registro. Aquí empiezan las imprecisiones.
Según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al 27 de abril de 2017, el número de organizaciones de la sociedad civil registradas en el SUIOS es de 91.034. No obstante, la cifra arrojada por la plataforma web en una fecha cercana era de 90.148. Casi mil menos. A fecha actual aún no se equiparan esas cifras… y se supone que la información pertenece a la misma plataforma. Que alguien lo explique.
Fig. 1
En la infografía se observa el número de organizaciones registradas en cada ministerio o secretaría, y hay un apartado para las organizaciones registradas -se sobreentiende- directamente en la plataforma, las cuales estarían en proceso de actualización. Según el reglamento, todas las organizaciones deberían registrarse directamente en la plataforma. ¿Duplicidad de acciones? Sí. Y recursos desperdiciados, también. El 70% de organizaciones estarían a la cola en el proceso de registro:
Fig. 2
Aunque los datos que proporcionó la Secretaría acerca del número de organizaciones disueltas y liquidadas desde 2013 estuvieron firmados, sellados y sumillados por varios funcionarios que, tras varias llamadas en espera y derivaciones a uno y otro departamento, aseguraron formalmente que estos eran, vamos a tener que olvidarnos de ellos más adelante. Ya entenderán por qué:
Fig. 3
Cuarenta y ocho organizaciones disueltas por ahora no suena a mucho, más si la mayoría serían disoluciones voluntarias (40), según los acuerdos ministeriales que adjuntó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De las cuatro restantes no se conoce la causa de disolución pues “no se dispone el acuerdo ministerial en razón de que el ministerio o secretaría correspondiente actualizó el estado jurídico a disuelta”, según el oficio enviado por dicha cartera.
Es el mismo caso con las organizaciones liquidadas: tres serían voluntarias, y la última no tendría el acuerdo ministerial, pues “el ministerio o secretaría está en proceso de carga de información al sistema”. Como se aprecia, un sistema bastante efectivo y funcional.
Se trató de rastrear a las organizaciones sin causa conocida de disolución, pero no se obtuvo mayor información que la proporcionada por el SRI. Todas constan con su RUC pasivo y el local registrado como cerrado. Tres de estas organizaciones se dedicaban a actividades de carácter social, una era una asociación de profesores y la última realizaba actividades de enseñanza post universitaria.
En la lista proporcionada por dicha secretaría, no consta ni la UNE ni la fundación Pachamama. Pero, ¿no fueron estas las primeras organizaciones disueltas? ¿Desapareció su registro entre las pilas de archivos ministeriales? Nunca lo sabremos.
Pese a lo engorroso del proceso, en Fundamedios insistimos en hacer un análisis manual de datos al 35% de las organizaciones enlistadas en la página web del RUOS (imposible hacerlo al 100% sin perder la paciencia). Encontramos 27 organizaciones disueltas, la mayoría registradas en el MIES y domiciliadas en la provincia del Guayas. No obstante, solo diez de ellas constan en la lista de organizaciones disueltas enviada por la Secretaría de Gestión de la Política. Se supone que ambos datos salen del mismo SUIOS. Insólito.
Por otro lado, el motivo de disolución no está disponible en la web del sistema, pero existe un antecedente: en julio de 2016 el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la UNE y el Comité Central de Padres de Familia del Colegio Montúfar, ambas con posiciones críticas frente al Gobierno. Salvo la UNE, al resto se las iba a disolver por hallarse supuestamente inactivas.
Estos datos se cotejaron con la lista actualizada de organizaciones disueltas que se solicitó al Ministerio de Educación, y en efecto constan como disueltas ocho de esas nueve organizaciones, menos el Comité de Padres de Familia del Montúfar, que a día de hoy consta en estatus de registrado en la página del RUOS, pero su hoja de registro está vacía y no existe el acuerdo ministerial. En el SRI su estado es pasivo y el estado del establecimiento consta como cerrado, por lo que parecería que tal comité existe y no existe a la vez.
En busca de una respuesta a tanta inconsistencia, conversamos con un funcionario de la Secretaría de Gestión de la Política, quien señaló que la razón principal de disolución de las OSC, además de la voluntaria, es la inactividad o el no haber presentado toda la documentación requerida para su registro o actualización. Pero, como ya imaginábamos, no hay información total levantada al respecto.
La mayor respuesta a estos misterios numéricos vino de coincidencia, cuando una funcionaria del Ministerio de Agricultura -MAGAP- comentó que el SUIOS no funciona adecuadamente, y que desde la aplicación del decreto 16, los trámites y requisitos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron una traba.
“La funcionalidad del SUIOS era importante en el Decreto 16, pero con el 739 le quitaron importancia al sistema. Antes era requisito que las organizaciones se registren en él, pero por las complicaciones que hubo, en una reunión se llegó a un acuerdo en el que cada ministerio se comprometía a subir en el sistema la información de las organizaciones que se registren en cada entidad”, explicó.
Pero esto no quedó ahí. La misma funcionaria fue más allá y de plano dio a entender que la plataforma SUIOS es un fracaso. En el ministerio en el que labora, por ejemplo, no se ha dado seguimiento a la actualización del sistema. “No ha habido el interés ni se ha puesto empeño en ello”, agregó de la forma más tranquila. Lo curioso, por decir lo menos, es que tal Ministerio desarrolló su propio sistema, el Registro de Organizaciones del Multisector –ROM-, que pese a tener un registro completo de las organizaciones inactivas, no posee datos consolidados acerca de las organizaciones disueltas por el MAGAP. ¿Un sistema paralelo? Más recursos públicos.
El MAGAP fue uno de los seis ministerios a los que se solicitó información acerca de las organizaciones registradas y disueltas, de los cuales solo tres respondieron con la información completa. El resto o acudió a leguleyadas para no dar la información, o simplemente declaró no tenerla levantada.
Ahora sí, veamos por qué debíamos olvidarnos de las 44 organizaciones disueltas que nos había dicho la Secretaría de Gestión de la Política. Son muchas más:
Fig. 4
Si se hace una comparación entre los datos de la Fig. 1 proporcionados por la Secretaría de Gestión de la Política y los datos de la Fig. 4, claramente se aprecia que las cifras no coinciden ni en el número de organizaciones registradas, ni en el número de disueltas. Respecto a esto último, sólo en los tres ministerios que respondieron a la petición de información, la cifra total (445) es diez veces mayor a la proporcionada por el SUIOS (44).
¿Más explicaciones? Según el funcionario de la Secretaría de la Gestión de la Política que consultamos para esta investigación, la diferencia entre los datos subidos al SUIOS y los que poseen los ministerios es porque, en efecto, cada ministerio está encargado de actualizar esta información y que se demoran en hacerlo… si es que lo hacen. Recordemos lo dicho por la funcionaria del MAGAP.
Ahora, vamos a lo preocupante. Si tanto el decreto 16 como el 739 fueron creados para crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales (de hecho, así se llama dicho reglamento), y este claramente no cumple su objetivo, ¿para qué se busca convertirlo en ley? En la entrega anterior de este reportaje se consultaron varios expertos que coincidieron en que se trata de una ley que busca limitar, perseguir y anular a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que su propósito inicial era el de organizar un sistema que a las claras mal funciona.
Como se mencionó anteriormente, la funcionaria del MAGAP consultada reveló que los procesos y requisitos impuestos por los decretos 16 y 739 se volvieron tan engorrosos e imposibles para el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ellos simplemente decidieron pasarlos por alto y crear su propio sistema, lo cual suena absurdo por donde se lo mire.
Con todo los datos analizados, podemos concluir que, si de las aproximadamente 90mil organizaciones registradas en el SUIOS, la mayoría están en proceso de registro y son solo 18mil las realmente registradas, y de ellas, hay que determinar las que están en estado activo (solo en el MAGAP hay más de 1.900 inactivas), la cifra de 445 organizaciones disueltas cobra gran relevancia, y eso que solo pertenecen a 3 de los 28 ministerios en los que se registran las OSC.
Estaríamos entonces frente a dos decretos que hoy están próximos a convertirse en el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, los cuales básicamente han desvirtuado su supuesta razón de ser original para convertirse en un mecanismo de disolución de organizaciones de la sociedad civil, ya que, como pudimos constatar, es lo único que realmente funciona y se aplica de tales reglamentos.