Como una victoria para la protección, defensa y monitoreo de los derechos humanos en la Región fue catalogado el resultado de los ocho puntos resolutivos acordados en la sesión plenaria de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que se resolvió, principalmente, fortalecer a los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En esta reunión, desarrollada el 22 de marzo en Washington, no se dio cabida a la tesis liderada por el gobierno ecuatoriano, que buscaba impedir que el Sistema reciba financiamiento por fuera del Hemisferio, así como vedar a la Comisión Interamericana de emitir medidas cautelares y mover la sede a Buenos Aires, Argentina.
En entrevista para Rayuelaradio.com, Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),señaló que “los estados han dado un mensaje de respaldo a la Comisión muy poderoso, no se limitan atribuciones, ni posibilidades de financiamiento. Varios estados ofrecieron apoyos extra en materia financiera y hay un hecho significativo en términos de reconocer la responsabilidad de los estados miembros de ser ellos los que, de manera principal, se hagan cargo del financiamiento del Sistema, es un compromiso político importante”, apunta.
Según Álvarez, uno de los saldos más relevantes del viernes pasado es que se subrayó con claridad, tanto en el contenido de la declaración, como en el de la resolución, la importancia del fortalecimiento, la autonomía e independencia de la Comisión. “Esto resulta clave para que sus decisiones puedan funcionar en términos de ser un mecanismo de revisión de las actuaciones. El mensaje que se presentó el viernes es que se ha fortalecido a la Comisión a partir de cómo se hizo la resolución”.
Álvarez también considera positivo que al final del día y tras cerca de doce horas de debate, se llegó a una decisión de consenso que fue el dejar al Consejo Permanente continuar con la discusión. “Nos parece que hay condiciones que, si bien se han establecido unos puntos de valoración crítica, el mensaje mayoritario es el respaldo a la Comisión”.
El exalto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso coincide con Álvarez en que en la Asamblea General se puso de manifiesto el triunfo para los derechos humanos.” Las propuestas ecuatorianas no recibieron el apoyo que el Gobierno pensaba que tendrían y fueron derrotadas por una posición mayoritaria que buscaba proteger los derechos y fortalecer el Sistema que existe en nuestra Región”
Para Daniela Salazar, exbien rnes 22 de marzo en la sede de la OEA en Washington DCAS MEDIDAS CAUTELARES…eo, promocifuncionaria de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y actual docente de la Universidad San Francisco de Quito, lo sucedido el día viernes 22 de marzo en la sede de la OEA en Washington DC, fue más bien un “triunfo amargo”. Si bien por un lado está claro el apoyo de la gran mayoría de Estados a la autonomía e independencia de la Comisión y a la posibilidad de auto-reformarse, por otro, preocupa el hecho de dejar abierta la discusión sobre fortalecimiento. “El dejar abierta la discusión es muy desgastante para la Comisión y para las personas que están dando seguimiento y deja siempre la amenaza de que en algún momento algunas de estas, se conviertan en algo más concreto porque considero que el Estado ecuatoriano no va a descansar en su lucha por debilitar a la CIDH”.
No obstante, para otros actores de la sociedad civil, el proceso está cerrado. La abogada argentina Karina Banfi, quien labora como secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, es enfática en señalar que la gran mayoría de estados de la OEA quisieron cerrar el proceso de reformas y que lo aprobado en el punto 2 de la Resolución XLIV-E/13 simplemente implica que cualquier estado con legítimo derecho puede plantear discusiones en el seno del Consejo Permanente.
Por su parte, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño,en rueda de prensa ante los medios del país,calificó de “triunfo histórico» la resolución adoptada el viernes 22 por consenso, porque “por primera vez” se han discutido temas trascendentales como el cambio de sede, el financiamiento y las medidas cautelares. Y además, anunció que van a seguir adelante con la creación de un sistema alterno de derechos humanos en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Sin embargo, el abogado Salim Zaidán, quien representó al Estado frente a la Comisión y la Corte en diversas oportunidades,no está de acuerdo con esta visión y anota que el hecho de que en la Resolución final se hayan recogido fragmentos de algunos puntos discutidos en Guayaquil, no significa que se hayan discutido esos puntos y anota el hecho de que el Canciller Patiño durante la Asamblea General Extraordinaria se refirió a la Resolución aprobada como un proyecto que “ha llegadoabsolutamente aguadito a la Asamblea General”, yque “no dice absolutamente nada” y que ahora pretenda destacarla como “algo histórico”, sobre todo porque “ahora sí se tratan los temas” propuestos para mejorar el SIDH.
Entre los puntos que se resolvieron y que constaban en la Resolución de Guayaquil fue el llamado colectivo para que todos los países ratifiquen los convenios de derechos humanos, así como la voluntad para que se conceda el carácter de especial a todas las relatorías, sin que esto implique un recorte de financiamiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Medidas cautelares, “un mecanismo para salvar vidas”
Uno de los puntos que más preocupaba a la sociedad civil de la propuesta liderada por Ecuador, era el impedimento a la CIDH para emitir medidas cautelares. Sin embargo, esta propuesta no fue tomada en cuenta en los ocho puntos resolutivos y este continuará siendo un mecanismo e instrumento vigente para el uso de la Comisión.
Álvarez subrayó el hecho de que antes de la reunión en Washington ya varios países señalaron la importancia de las medidas cautelares “como un mecanismo para salvar vidas”. “En el día a día, lo que queda claro es que estos instrumentos fueron respaldados en su gran mayoría en la Asamblea General de la OEA y que van a continuar en su aplicación. Entendemos, sabemos y tomamos buena nota de aquellos estados que tienen preocupación sobre el particular y estaremos en la mejor disposición para seguir dialogando, escuchando en lo que a sus preocupaciones se refiere. La Comisión es una entidad que tiene mandato en todo el continente y seguiremos insistiendo en nuestra disposición de diálogo y construcción colectiva”.
Sobre este punto, Ayala también ve muy positivo el hecho de que no se hayan disminuido las facultades de la Comisión en cuanto a medidas cautelares. “La Comisión actúa en defensa de la víctima y la víctima es el individuo, el ciudadano frente al poder del Estado, en consecuencia, mantener esa facultad es muy bueno”.
Pese a la vigencia de este instrumento, el 26 de marzo, el presidente Rafael Correa anunció ante los medios de comunicación, la decisión de que el Gobierno ecuatoriano no reconozca medidas cautelares que sean dictadas por la CIDH por considerarla sin autoridad para hacerlo y enfatizó que solo las acataría si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos las emita.
A su criterio, la Corte es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por ende, el que tiene el derecho de hacerlo, según lo establecido por la carta de esa entidad regional, mientras que considera que “la CIDH y sus diferentes relatorías surgen solo para promover los derechos humanos en América Latina”.
El financiamiento, la piedra angular del SIDH
En el punto Siete de la Resolución aprobada en la última Asamblea General, se propone a la CIDH fortalecer a todas sus relatorías, “inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes, sobre la base de un financiamiento adecuado y sin perjuicio de sus otras responsabilidades”.
Al respecto, Álvarez afirma que la discusión de las relatorías especiales se termina dotando de recursos a la Comisión, fortaleciendo el trabajo de los comisionados, relatores, las unidades de apoyo, equipos, etc.
Sin embargo, el hacerlo requeriría un presupuesto muy elevado. Según Álvarez, la Comisión tiene actualmente $10 millones y acorde con su plan estratégico, debería tener $20 millones, por lo que si se quiere que haya relatorías especiales o comisionados permanentes, se tienen que pensar en poner recursos para que eso suceda. “En ocasiones hay discursos muy pertinentes, pero no hay las contribuciones económicas que hagan realidad esas propuestas, ojalá que esta asamblea sirva para que los estados se hagan cargo del Sistema que sería la principal forma de fortalecer a los comisionados y relatorías, y entonces si podríamos hablar de si se fortalecen los equipos. Actualmente es muy difícil, en términos de financiamiento, pero ojalá se tengan mejores condiciones para fortalecerla”.
El Secretario Ejecutivo comentó que la Comisión recibe apenas el 6% de los fondos de la OEA y junto con la Corte representan el 10% de su presupuesto total. Esto, a criterio de los analistas consultados es muy poco como para dotar a todas las relatorías el carácter de especiales.
Al respecto, Ayala ve como una “incoherencia total la conducta de los Estados sobre los temas presupuestarios”. A su criterio, “los miembros reconocen la importancia de un problema y dicen que es necesario dotarle de facultades para que afronte ese problema la autoridad encargada de hacerlo, sin embargo se niegan a financiar las actividades de esa entidad”. Por ello ve muy poco probable el dotar mayor financiamiento a cada relatoría, pues si quieren perfeccionar el Sistema, deben aumentar sus cuotas para contribuir sustantivamente para que puedan trabajar sin tener la necesidad de pedir fondos externos.
Para Salazar, el elevar el carácter de las relatorías significaría que todas tengan un relator independiente, aparte de los comisionados y con un financiamiento adicional. “Es muy costoso el financiamiento que se requeriría para cada relatoría. Eso sería ideal pero la crisis financiera mundial no lo permitiría”, comenta.
Para esta experta, el tema de las relatorías se puso sobre el tapete de discusiones porque lo que buscaba el gobierno ecuatoriano era, no elevarlas a todas las relatorías al mismo nivel, sino bajar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para que no tenga el impacto que ha tenido hasta ahora y, según dice, eso sería un retroceso.
Diálogo abierto, entre el temor y el compromiso de reafirmar la defensa de los derechos
Si bien el criterio de que los derechos humanos salieron triunfantes de la cita, aún quedan pendientes a resolver otras inquietudes de los estados, en especial, la del ecuatoriano, que propuso limitar el financiamiento de la Comisión.
Conforme a lo que se incluyó en el punto Dos de la mencionada Resolución, se enfatiza que “en el espíritu de mejoramiento constante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con la participación de las partes involucradas, mandatar al Consejo Permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH, teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los Estados Miembros…”
Al respecto, Ayala considera que si se desea continuar con un ánimo de disminución de las facultades del Sistema podría pensarse que en el punto dos, al sugerir que se continúe con la reflexión, se dejan abiertas las puertas para que se estudien los puntos de vista ecuatorianos. “Ese sería el riesgo, pero espero que la sensatez y el buen juicio lleve a todos a una conclusión diferente que sería cooperar para fortalecer el Sistema y no continuar con sugerencias que han sido rechazadas por la Asamblea General”.
Salazar es un tanto más pesimista y piensa que a través del condicionamiento del financiamiento se logra mermar el trabajo de la Comisión y lo que está buscando Ecuador es limitar que la Comisión pueda buscar financiamiento externo para realizar su labor. “Suena bien decir que los Estados miembros de la OEA se comprometen a financiar las actividades de la comisión, en la práctica, es distinto pues cada año se resuelve acerca de este tema e, incluso si en este año resolverían darle más presupuesto, puede que en el siguiente lo cambien. No hay garantías, por eso es importante que la Comisión tenga autonomía para buscar financiamiento externo. Los fondos externos le permiten a la Comisión sobrevivir, porque si le quitamos esa posibilidad dependería únicamente de la voluntad de los Estados que son los mismos que están siendo supervisados”.
Por ello, el haber dejado abierta una posibilidad de un diálogo podría mantener en vilo a la Comisión por posibles cambios futuros, no solo en la forma en cómo esta se financia, sino incluso, en un posterior cambio de sede, pese a que este organismo ha confirmado que aún no ha recibido una invitación formal de ningún país miembro.
Para Salazar, mientras exista la posibilidad de mermar la autonomía o el financiamiento, hay que estar alertas y vigilantes porque eso no suceda. “Afortunadamente la posición del gobierno ecuatoriano fue tan radical que es evidente que éste no quiere precisamente fortalecer a la Comisión y eso ha generado en otros Estados la misión de defender y valorar su labor y al mismo tiempo la importancia de mantener a Ecuador dentro del SIDH, porque con un gobierno que se nota, que es tan radical, quedó en evidencia la fragilidad por la que pasamos los ecuatorianos”.
Sin embargo, Ayala considera positivo que los órganos del Sistema sean observados permanentemente.“Eso reafirma un concepto que es obvio en un sistema perfectible como es el Interamericano, el cual tiene que ser siempre sometido al escrutinio de quienes buscan su mejoramiento. En tal sentido, no solo que se pidió continuar la discusión sobre la base de las propuestas de los Estados, sino también de las propuestas hechas por la sociedad civil”.
En este marco considera que “una de las ventajas del proceso ha sido poner en el tapete público de discusión varios temas de importancia que han concluido con la aceptación de los derechos humanos. Un tema fundamental que debe ser objeto de los Estados y la ciudadanía”.
En un comunicado de prensa titulado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se fortalece con el apoyo de la Sociedad civil de las Américas,La Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información “considera que es crucial que la sociedad civil de la región, así como los países que tuvieron un rol clave en la defensa del sistema, mantengan una posición vigilante durante la implementación, para evitar reabrir una discusión que ha distraído tantos recursos y tiempo en desmedro de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos.”
Pero, más allá de la necesaria y permanente vigilancia que se debe ejercer para cuidar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es momento de congratularse porque los ciudadanos de las Américas aún contamos con una Comisión que ha salido fortalecida de un proceso muy complicado que ha significado ataques gratuitos de algunos estados que no quieren someterse a cualquier tipo de vigilancia externa y menos en materia de derechos humanos.
Descargue en el documento adjunto la resolución aprobada en la Sesión Plenaria de la OEA, celebrada del 22 de marzo de 2013
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oea_resultado_asamblea_general.pdf