El Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, exhorta a medios y periodistas desde agosto de 2013, a un mes de haberse conformado. Ha exhortado a los comunicadores para que mejoren el lenguaje en la crónica roja. También a los medios para que ofrezcan disculpas por difundir imágenes de niños asesinados en Siria. A diario Extra para no publicar contenidos sexistas; a programas radiales por supuesta “apología” a la discriminación; a la TV y a la prensa para un “correcto tratamiento informativo” sobre las protestas del año pasado.
En total, el Cordicom ha emitido ocho exhortos en los que ha expresado su “preocupación” sobre los contenidos de los medios y esboza las normas de comportamiento de los comunicadores. Estos pronunciamientos, según el mismo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, son el “producto de discusiones”, sin especificar nada más. Así lo confirmó en su respuesta a un pedido de información a través de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública, Lotaip, que hiciera una periodista de la Agencia de Noticias Investigativas (AGNI), el pasado 27 de noviembre.
En aquel documento se solicitó copias de los actos administrativos donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de un exhorto, la documentación de sustento y las actas de las sesiones del exhorto publicado el 22 de agosto de 2013 acerca de las imágenes de los niños asesinados en Siria. También fueron requeridas las copias de las actas de la sesión en la que se discutió el comunicado del 12 de noviembre sobre la “postura de medios y transmisión de cadena Esta es la verdadera libertad”.
La respuesta llegó casi 40 días después de haber sido ingresada la solicitud -la Lotaip establece 10 días, más 5 de ampliación-. Patricio Barriga, presidente del Cordicom, firmó la carta donde explicó que los exhortos “no han sido emitidos en aplicación ni como consecuencia de acto administrativo alguno, ni proviene de sesiones formales. Por el contrario, son producto de discusiones cuyo resultado fue una serie de exhortos que, si bien no tienen efectos jurídicos directos, promueven el cumplimiento de los códigos deontológicos de los medios de comunicación social”. Es decir, los consejeros del Cordicom no se reúnen formalmente para emitir los exhortos.
Según Barriga, los comunicados del 22 de agosto de 2013 y 12 de noviembre de 2014 “contienen análisis y observaciones respecto de la información difundida por los medios de comunicación social en relación a temas de interés general”. Pero no existen documentos de respaldo, investigaciones ni registro de las sesiones y por lo tanto, el Cordicom no atendió el requerimiento.
Tampoco tienen una periodicidad definida. Pero este tipo de comunicados han coincidido con coyunturas sensibles para el actual Gobierno. El mejor ejemplo es el exhorto sobre el tratamiento informativo que los medios dieron al proyecto de Código Monetario (que aprobó, entre otros puntos, la creación de una Junta Monetaria con amplias facultades) que fue publicado el 16 de julio de 2014. Un día antes, en Gama TV, el asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, cuestionaba las observaciones que había recibido la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, de la cual es miembro, porque “tienen carácter ideológico, precisamente llevados por lo que dice la banca, por lo que dicen algunos medios de comunicación y es irresponsable…».
Pero las declaraciones de funcionarios sobre la información que circulaba en los medios sobre el Código Monetario habían empezado mucho antes. Quizá el más crítico fue el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, quien afirmó que la cobertura mediática de este tema había sido mayor porque los medios recibían USD 150 millones anuales en publicidad por parte de la banca, según declaraciones recogidas por diario El Universo.
Otro episodio ocurrió después de las marchas del 17 septiembre del 2014, las cuales dejaron centenares de detenidos, incluidos estudiantes. En este caso, el Cordicom hizo un llamado a los medios para cumplir la Ley de Comunicación y “mejorar las prácticas periodísticas” sobre las noticias judiciales. El comunicado fue emitido 13 días después de la protesta, el 30 de septiembre. Pero tres días antes, en la sabatina del 27 de ese mes, el Mandatario criticó duramente el trabajo de la prensa en este tema. Cuestionó, por ejemplo, el espacio que dieron a estudiantes agredidos y sus familiares que denunciaron excesos de la Policía durante las manifestaciones. También reprochó a la prensa por no entrevistar a los policías que resultaron aquel día heridos. “¿Le ha dado espacio a los policías heridos la prensa corrupta? ¿Han visto en sus periódicos, en sus canales entrevistas a las familias (de los policías) y a sus esposas? Todo manipulan porque es parte del libreto, provocar y victimizarse”. El día que se publicó ese exhorto, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se lo dedicó a un medio y escribió: “Especialmente @ecuavisa debe observar su incumplimiento d #LOC” (sic).
Al observar esta secuencia de exhortos, llama la atención que están alineados temporal y conceptualmente con pronunciamientos de legisladores oficialistas y funcionarios de gobierno. Estos llamados de atención se producen pocas horas después de los hechos que repudian los voceros del partido en el poder.
¿Exhortos sin base legal?
La Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio del 2013, creó el Cordicom como un organismo colegiado con autonomía, financiera, administrativa y funcional. En los ocho exhortos que ha emitido el Cordicom no hay referencia a norma alguna que sustente la potestad legal que posee este Consejo para emitir dichos comunicados. Pero una de sus once atribuciones dice lo siguiente:“Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información” (artículo 49).
“Podríamos colegir que debido a la subjetividad y amplio espectro de aplicación de la norma, la misma podría sustentar la emisión de dichos comunicados”, expresó el abogado y experto en Derechos Humanos, Marcelo Espinel.
En este sentido, estos llamados pueden estar bajo el amparo de la “evidente subjetividad” de la norma, según Espinel, pero agrega que esto “no otorga legalidad a los mismos porque pretenden regular el ejercicio del derecho a la comunicación establecido en la Constitución de la República, y esto acorde al ordenamiento jurídico nacional y al principio de Reserva de Ley le compete exclusivamente a la Asamblea Nacional”.
Daniela Salazar, abogada de la Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco, considera que la vaguedad que caracteriza la redacción de toda la Ley, sumada a su pésima técnica legislativa, hace difícil precisar cuáles son exactamente las funciones de este organismo. Estos vacíos, dice la experta, permiten la arbitrariedad de autoridades como las del Cordicom.
“El Cordicom, como todo organismo público, debería interpretar sus facultades no de la forma más amplia, sino de la manera más estricta. Su intervención, como la de cualquier organismo estatal en una democracia, debería limitarse a aquellas instancias en las que la ley se lo permita expresamente”, afirma Salazar.
Los comunicados del Cordicom mencionan, de forma reiterativa, el artículo 10 de la Ley de Comunicación. Este contiene las normas deontológicas que deben considerar todas las personas naturales y jurídicas al momento de difundir información y opiniones. Pero, según Espinel, esto se contrapone con el principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que dice: “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
El Cordicom ha buscado establecer pautas de cómo los medios deben tratar o abordar un tema. En los exhortos, el Cordicom suele pedir a los medios que acaten la Ley de Comunicación y señalar los artículos que supuestamente incumplirían al no hacer caso a estos llamados. Hasta enero de este año, la aplicación de la Ley ha dejado 61 sanciones a medios de comunicación: 30 multas económicas y 31 amonestaciones escritas, pedidos de rectificación o disculpas públicas, según los casos registrados por Fundamedios.
Para Espinel, “esto claramente constituye censura previa para el trabajo de periodistas y medios contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (sobre la libertad de pensamiento y expresión) y el artículo 18, numeral primero, de la Constitución de la República del Ecuador”. Este último protege el derecho a la información sin censura previa.
Aunque el titular del Cordicom, Patricio Barriga, lo ha negado públicamente en varias ocasiones, los exhortos han sido calificados como intimidatorios y de tener efectos censuradores. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) los ha tildado de exabruptos y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP) como velados llamados a la censura. Salazar cree que son claramente son intentos por censurar información y opiniones y que han logrado, a su juicio, reducir el alcance de los contenidos que reciben los ciudadanos en el país. Pero, ¿qué opinan los editores?
“El Cordicom quiere poner en cintura al que opina diferente”
La agencia AGNI consultó a siete editores de diarios y directores de canales nacionales sobre el impacto de los exhortos en sus redacciones. Estos medios fueron El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso, Extra y los canales Teleamazonas y Ecuavisa. Solo contestaron los editores de los diarios Extra y Expreso y el resto no respondió a las consultas o prefirió no pronunciarse sobre el tema.
Jorge Sánchez, editor de Expreso, cree que los exhortos del Cordicom generan “inquietud entre los periodistas que extreman la prudencia hasta límites máximos en cualquier asunto que suene a conflictivo con estamentos oficiales”. Aseguró que la redacción de Expreso procura trabajar ajustándose a los principios de información de interés, veraz y contextualizada. “Tratamos de recabar todas las opiniones de los implicados aunque nos encontramos con muchas dificultades para tener acceso a la información oficial. Suelen guardar silencio sobre las consultas que realizamos y generalmente tratamos de reflejarlo también en las notas especificando a quién se consulta y su respuesta, o falta de ella”.
De igual manera, Juan Manuel Yépez, editor de Extra, considera que hay exhortos que están “demás” y que parecería que el Cordicom “no lee los periódicos”. “Diario Extra publica todas las versiones, tanto la oficial como la de las personas involucradas. El Cordicom debería dedicarse a elaborar políticas de comunicación que es para lo que está y no para hacer exhortos”.
Para Yépez, los exhortos más bien causan un “efecto adverso” contra el mismo Gobierno y desnudan la política del Régimen contra los medios: la de la censura. “Cada vez es más evidente que cuando el Cordicom interviene es para poner en cintura a quien tenga posturas diferentes”.
Los dos periodistas contaron que el Cordicom, ni ningún organismo oficial, ha hecho consultas a sus medios antes de emitir cualquier tipo de exhortos. En el caso de diario Extra, Yépez agregó que cada vez que han solicitado a este organismo una explicación sobre sus informes del sexismo y morbo en los medios (por lo cual ha sido señalado y sancionado ese diario) o sobre cómo se puede usar la semiótica para juzgar contenidos, no han recibido respuestas. “No nos sentimos representados”, concluyó.
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