Ecuador, 03 de abril de 2025.- En marzo de 2025, Fundamedios registró un total de 14 agresiones contra la prensa, una disminución considerable si comparamos con febrero, que cerró con 33 casos. A pesar de la reducción, la violencia y los ataques hacia periodistas y medios de comunicación continúan siendo una grave preocupación. Marzo inició con el asesinato de un periodista y el papel de actores del crimen organizado en la censura.
En lo que va del año, se registraron un total de 60 agresiones contra la libertad de expresión y prensa.
En febrero el número alto de agresiones estuvo relacionado con la jornada electoral. Solo en el día de las votaciones hubo más de 10 periodistas agredidos.
En marzo, el 64% de las víctimas fueron periodistas con un total de nueve casos, mientras que el 36% correspondió a medios de comunicación.
Las organizaciones criminales fueron responsables del 43% de las agresiones documentadas en marzo, con seis casos reportados, lo que refuerza la creciente influencia de estos grupos en la censura y el amedrentamiento de la prensa.
Los actores estatales, responsables del 29% de los ataques (cuatro casos), continúan ejerciendo presión sobre periodistas a través de diferentes mecanismos, incluyendo agresiones físicas y procesos judiciales. Por otro lado, actores no estatales estuvieron involucrados en el 21% de los casos (tres agresiones), mientras que un caso (7%) vino por parte de desconocidos.
Violencia letal y ataques físicos en ascenso
Marzo inició con una tragedia y un hecho violento contra la libertad de expresión y prensa. El periodista Patricio Aguilar Vásquez fue asesinado la tarde del martes 4 de marzo, en el barrio Fundo Limón,en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Desconocidos le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo con al menos 30 heridas de bala, según el informe de la Policía Nacional.
De acuerdo con el testimonio de su esposa, y de manera preliminar, se conoce que Aguilar había salido a realizar compras cerca de las 16:00. Poco después, un hombre con muletas habría llegado a su domicilio preguntando por el periodista y director del medio El Libertador de Quinindé para denunciar la supuesta desaparición de una persona. El hombre fue informado de que Patricio no se encontraba en casa. Minutos más tarde, el periodista regresó y dijo que saldría nuevamente para cubrir el caso de una persona presuntamente secuestrada por un grupo delictivo organizado. Son los últimos momentos que su familia lo vio con vida.
Alrededor de las 17:00, en el barrio Fundo Limón, sujetos armados le dispararon en múltiples ocasiones. Aguilar, además de ser director del medio comunitario “El Libertador de Quinindé”, fue corresponsal de medios nacionales como el diario Extra. (Ver alerta)
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) condenó de manera enérgica ell asesinato del periodista a través de un comunicado publicado el 05 de marzo. “Este crimen atenta contra la libertad de prensa y agrava la situación de riesgo que enfrentan los periodistas en Ecuador, especialmente aquellos que cubren temas de inseguridad y crimen organizado. La violencia contra la prensa se ha convertido en una alarmante estrategia de intimidación que busca silenciar a quienes ejercen el derecho a informar y denunciar hechos de interés público”, se lee en el texto. (Ver comunicado)
Además, de este grave crimen, se registraron atentados y agresiones físicas, lo que representa un 21% del total de ataques monitoreados en marzo. Estos ataques impiden una cobertura contrastada de la información por parte de la prensa. Incluso pueden llevar a la censura.
El periodista de Radio Sucre, Oswaldo Salinas, fue agredido el viernes 14 de marzo mientras hacía la cobertura de la llegada a Guayaquil de Eduardo Franco Loor.
El exconsejero, afín al correísmo y de la llamada “Liga Azul” del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no fue admitido en Estados Unidos, país al que viajó dos días antes de la instalación de la audiencia de juicio que enfrenta el político por supuesta asociación ilícita. El periodista Oswaldo Salinas fue agredido física y verbalmente por el hijo del exconsejero, Luis Eduardo Franco Loor. En la grabación que quedó de la transmisión en vivo que hizo Radio Sucre se observa cómo el periodista junto a otros colegas persigue a Loor por el aeropuerto. Tras la insistencia de los periodistas por conseguir respuestas, el hijo de Franco Loor, botó al suelo la cámara del comunicador de Radio Sucre, antes de ingresar a un ascensor.
“Acaba de golpearnos y de estropear el teléfono” dijo el periodista. Luego, Luis Eduardo Franco Loor decidió insultar a la prensa. Atropelladamente, el exconsejero intentó dar declaraciones pero su hijo lo impidió. (Ver alerta)
El periodista de Portada TV, Jefferson Santos, denunció en Fiscalía que fue víctima de un atraco con “tentativa de asesinato” en las oficinas de su medio por parte de dos desconocidos. Esto habría ocurrido el 18 de marzo en la ciudad del Puyo.
Santos asegura que alrededor del medio día se encontraba en su oficina cuando un sujeto se le acercó, se identificó como parte de un grupo de delincuencia organizada (GDO) y le dijo que quería conversar con él. “Yo le dije que estaba de salida y no podía atenderlo, y se abalanza y me muestra un teléfono con mi foto donde decía ‘hay que virarle’”, declaró el periodista en la denuncia interpuesta en la Fiscalía 1 de Pastaza. (Ver alerta)
Criminales se disfrazan de periodistas: nuevo modus operandi
Este mes se prendieron las alertas de autoridades y sociedad civil al descubrir que las organizaciones criminales utilizan nuevas formas para delinquir.
La madrugada del miércoles 19 de marzo, la Policía Nacional presentó los resultados de un megaoperativo denominado ’Apolo 11’, que se ejecutó en varios sectores del Guayas. Como resultado se aprehendió a 22 personas, se decomisaron armas, material extorsivo y uniformes falsificados. Uno de los hallazgos preocupantes fue una serie de distintivos de medios de comunicación que se estarían utilizando como parte de una nueva estrategia criminal para simular operativos policiales.El comandante de la Policía de la Zona 8, Pablo Dávila, explicó en rueda de prensa que los delincuentes estarían utilizando estos elementos con los logos de medios de comunicación para engañar a la ciudadanía. “Esto forma parte de una nueva modalidad delictiva que busca hacer creer a la gente que quienes ingresan a las urbanizaciones y cometen delitos como robos y secuestros son parte de operativos policiales y militares y, claro, ustedes como periodistas, nos acompañan”, señaló el oficial en sus declaraciones. Específicamente, la Policía halló cubos de micrófono con los logotipos de Teleamazonas, Ecuavisa, RTS y TC Televisión, es decir, los canales de televisión más grandes del país. La presencia de estos distintivos refuerza la hipótesis de que las bandas criminales los estarían utilizando para simular coberturas de prensa y dar credibilidad a sus operativos falsos. (Ver alerta)
Solo una semana después, en el marco del operativo Tormenta 25, ejecutado en Durán, provincia del Guayas, la madrugada del 25 de marzo, la Policía Nacional recuperó una camioneta de TC Televisión que había sido robada. Según investigaciones preliminares, el vehículo habría sido utilizado para cometer al menos cuatro asesinatos en la ciudad, considerada una de las más violentas del país.
La camioneta fue robada el 14 de marzo cuando sujetos armados interceptaron al conductor de TC Televisión en Durán. Sin embargo, la Policía detectó que los delincuentes habían alterado la placa del vehículo, cambiándola por una placa de Pichincha. Las autoridades han señalado que este automóvil fue empleado por miembros de la banda ‘Chone Killers’, declarada como grupo terrorista por el gobierno de Daniel Noboa, para realizar ataques armados en la zona. El Teniente Coronel, Roberto Santamaría explicó que se realizaron 38 allanamientos bajo el operativo ‘Tormenta 25’. El vocero de la Policía dijo que tenían el objetivo de realizar atentados contra personal de su institución. Sobre la camioneta, indicó que tiene relación con cuatro muertes violentas. “En el interior se encontraban los uniformes de la Policía y, mientras realizamos ayer por la mañana el operativo, se dio una muerte violenta justamente con la camioneta”, añadió Santamaría. (Ver alerta)
Fundamedios considera que la suplantación de equipos periodísticos representa una grave amenaza para la libertad de prensa y la seguridad de los reporteros en un contexto donde ejercer el periodismo en Ecuador conlleva altos riesgos. Esta práctica puede exponer a los periodistas a represalias, confundir a la población y debilitar la credibilidad de los medios de comunicación.
Actores estatales frente a los ataques contra periodistas
Las limitaciones para la cobertura de hechos violentos fueron un problema recurrente en marzo, con impedimentos de acceso a la información.
Por ejemplo, el periodista Marlon Torres, del portal Marlon Digital TV, fue impedido por un oficial de la Policía Nacional de realizar una cobertura en vivo. El uniformado le exigió al comunicador identificarse y luego le pidió retirarse de mientras el comunicador transmitía el levantamiento de información sobre un sicariato ocurrido en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, la noche del lunes 24 de marzo. Torres denunció a Fundamedios que la Policía ha intentado obstaculizar la labor periodística. Indicó que el domingo 23 de marzo ya habían enfrentado incidentes similares con otros agentes que les impidieron cubrir otro asesinato.
Torres señaló que el oficial involucrado es el Mayor Edgar Enríquez Rosales, quien asumió funciones en Shushufindi a principios del mes y ha mostrado una actitud hostil hacia los medios de comunicación.
El lunes 24 de marzo, cerca de las 22:00, se registró otro sicariato en la vía Aguarico 3. Torres y sus colegas acudieron al lugar para reportar lo sucedido, ubicándose a más de 10 metros del sitio del crimen. Apenas habían transcurrido dos minutos de la transmisión en vivo cuando el mismo oficial, Enriquez Rosales, los increpó. En el video del periodista se escucha al policía exigirles que se retiren o se identifiquen. Torres le explicó que eran periodistas locales, pero el oficial cuestionó sus acreditaciones. Varios reporteros presentaron sus credenciales de sus respectivos medios, pero el Mayor respondió que estas no eran válidas. (Ver alerta)
Un hecho similar sucedió la misma noche del 24 de marzo en otra zona del país. El periodista Jhonny Crespo, del medio digital Conexión Informativa, fue agredido verbal y físicamente por un oficial de la Policía Nacional mientras intentaba cubrir un atentado con explosivos en Machala, provincia de El Oro. En diálogo con Fundamedios, Crespo contó que recibió información sobre un atentado en el sur de la ciudad. Al llegar al lugar, notó que no había cintas de seguridad, el área tampoco estaba acordonada. Allí se encontraba una oficial de Policía. Crespo se identificó como periodista. La uniformada le pidió que se alejara por precaución, indicación que acató antes de iniciar una transmisión en vivo.
Minutos después, otro oficial de Policía identificado como Teniente Chicaiza y que tenía en su uniforme las siglas GIR (Grupo de Intervención y Rescate) se acercó a Crespo y le exigió que mostrara su credencial de prensa. El periodista le explicó que ya se había identificado con su colega y que en ese momento estaba transmitiendo en vivo. Aclaró, además, que portaba distintivos de prensa visibles, como un chaleco y un micrófono con cubo identificador. Crespo señaló que su credencial estaba guardada entre sus pertenencias como medida de seguridad, dado que Machala es una ciudad peligrosa para la prensa. El oficial insistió a gritos en que debía retirarse por razones de seguridad, una indicación que Crespo ya había seguido previamente. Sin embargo, mientras se alejaba, el agente continuó exigiendo a gritos que se retirara aún más y, en un momento, le prohibió grabar. En la transmisión en vivo se escucha al periodista aclarar que ya se encontraba detrás de la cinta de seguridad, pero el oficial seguía ordenándole que se moviera. De manera prepotente los gritos continuaban. De hecho, la cinta se reubicaba constantemente, empujándolo cada vez más lejos del lugar.
En un punto, el oficial empujó al periodista y lo amenazó con aplicar la fuerza. A pesar de que Crespo repetía que se estaba alejando, como se le indicaba, el policía le arrebató el celular a la fuerza e incluso intentó borrar la transmisión en vivo. Las imágenes muestran que el periodista estaba a una distancia considerable de la zona acordonada, pero el oficial insistía de manera agresiva en que debía retroceder aún más. (Ver alerta)
Estos ataques físicos también pasaron a un ámbito digital. Fundamedios reportó casos de ataques de trolls del gobierno contra periodistas. Varias plataformas digitales afines al presidente candidato Daniel Noboa emprendieron una campaña de deslegitimación contra los periodistas Fausto Yépez (Teleamazonas, FM Mundo) y María Sol Borja (Primicias).
El 24 de marzo, la plataforma Politics EC publicó que el correísmo habría contratado a la académica Caroline Ávila por $15.000 para “desacreditar a Daniel Noboa” y que el pago lo habría realizado la periodista María Sol Borja. Ávila desmintió estas afirmaciones en su perfil de X, ese mismo día. Por su parte, Borja se pronunció en sus redes sociales calificando la acusación como un ataque coordinado por un troll center ya que la única “prueba” presentada fue la captura de pantalla de una conversación en la que Borja le informa a Ávila que iniciarán una entrevista por Zoom. Sin más contexto ni evidencia.
Esta misma narrativa contra María Sol Borja fue replicada por el portal La Data, conocido por su contenido afín al oficialismo. En un video publicado en redes, una persona de La Data insinúa que Borja lideraría una campaña de desprestigio contra Noboa, alegando que, coordina con influencers y comunicadores mensajes con este objetivo. La acusación se basa en “comentarios en redes sociales” y en su vínculo familiar con Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Relación que la periodista no ha escondido y que ha asegurado, en varias ocasiones, que no influye en su ejercicio periodístico.
Por otro lado, Fausto Yépez, periodista de FM Mundo y Teleamazonas, también fue atacado en redes sociales. El 26 de marzo, se dijo que Yepez estaría trabajando en una investigación por el caso “Noboa Trading”, en el que supuestamente familiares del actual presidente Daniel Noboa estarían vinculados con casos de corrupción y narcotráfico en las exportaciones de banano.
“Fausto Yépez, yerno del candidato a la vicepresidencia por el correísmo, Diego Borja, prepara una supuesta investigación de “Noboa trading” en Teleamazonas a pedido de sus amigos correistas, buscando afectar al presidente Daniel Noboa”, escribió en X el portal La Guía EC. (Ver alerta)
La criminalidad organizada se va presentando como la principal fuente de ataques mientras que las restricciones a la información y la judicialización de periodistas continúan como mecanismos de presión por parte de actores estatales. Fundamedios seguirá monitoreando y denunciando estas agresiones con el fin de promover la libertad de expresión y prensa en el país.