En marzo de 2022 se produjeron 19 agresiones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, que afectaron el derecho de libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Ecuador. Entre 2007 y marzo de 2022, Fundamedios ha contabilizado un total de 3108 agresiones contra la prensa.
Esas 19 agresiones ocurridas en marzo significaron una agresión menos, respecto a las registradas en febrero (20). Sin embargo, el nivel de violencia en los ataques contra los periodistas se incrementó.
Las cifras de marzo
En total, 16 periodistas fueron agredidos: 8 mujeres; 8 hombres, además de un medio de comunicación y dos ciudadanos. El Estado fue el principal agresor, en 11 ocasiones. Seguido de actores “desconocidos”, con dos agresiones, y actores no estatales, con un caso.
Asimismo, se registraron ocho agresiones físicas; tres agresiones verbales; la propagación de discursos estigmatizantes en dos ocasiones; dos amenazas; así como un atentado; un proceso judicial; unad etención; una restricción de acceso a la información.
El análisis geográfico reflejó que en Pichincha se produjeron cinco agresiones contra la prensa, tres en Guayas, dos en Morona Santiago; dos en Loja, mientras que en Manabí, Azuay, Chimborazo y Sucumbíos se produjo una agresión, respectivamente.
Principales tendencias
Mujeres periodistas fueron agredidas por hacer su trabajo
Durante el mes de conmemoración de la lucha por los derechos de la mujer, ocho periodistas fueron agredidos tanto por fuerzas del orden y autoridades, como por ciudadanos que atacaron su derecho a la libre expresión.
El caso más emblemático ocurrió en Quito, durante la marcha por el 8 de marzo: La periodista Viviana Erazo, de Wambra Radio, fue agredida por miembros de la Fuerza Pública en el centro de Quito. Ella estuvo activa desde tempranas horas de la mañana, dando seguimiento a los sucesos e historias impulsados en el Día Internacional de la Mujer. En horas de la noche, los niveles de violencia aumentaron cuando la Policía empezó a utilizar gases lacrimógenos contra las manifestantes.
La periodista también resultó afectada. La Policía aseguró que las acciones fueron necesarias ante el intento de ingreso a una zona restringida; posteriormente, el presidente, Guillermo Lasso, ratificó su respaldo al accionar de la Policía.
La investigación de la periodista de diario Expreso Blanca Moncada, titulada: ‘Exesposo de Cynthia Viteri, un nuevo terrateniente en vía a la Costa’, que reveló la compra de 80 solares en la zona de Daular y un terreno de 159 hectáreas en en área rural del Chongón, zona estratégica por la construcción del futuro aeropuerto de Guayaquil, le costó dos agresiones. La Alcaldesa de Guayaquil le respondió de manera grosera e intimidante a un mensaje: le aclaró que él ya no es su esposo. “Búsquelo y pregúntele lo que les dé la gana. NO SOY SU MADRE”, dijo la autoridad a la periodista, agregando que tampoco es su secretaria: “búsquelo donde quiera”.
Posteriormente, simpatizantes de la autoridad protestaron fuera de Diario Expreso y a través de un comunicado, Viteri aseguro que un grupo de periodistas y un medio de comunicación conspiran en su contra.
Las mujeres periodistas recibieron agresiones físicas y verbales, en directo y en redes. Paúl Cargua, teniente político de Huigra, poblado del cantón Alausí, en Chimborazo, y su padre, agredieron física y verbalmente a la periodista Bélgica Pérez, del medio de comunicación Frecuencia Latina. El funcionario fue removido del cargo.
La periodista Jéssica Coello, de TV Cisne, fue víctima de agresiones físicas, verbales y la retención de un celular con la documentación de los hechos del día. Ella y un compañero estuvieron dando cobertura a la audiencia en el marco de la acción de protección que solicitó la Cooperativa de Transportes Baños, ante la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de suspender algunas de sus rutas.
Carla Ayala y otros periodistas fueron agredidos verbalmente por un grupo de hinchas del Macará, al final de un partido con Universidad Católica. A través de sus cuentas de Twitter, los periodistas dieron a conocer sobre estos ataques de los que fueron objeto y que se vieron impulsados por la inconformidad de la hinchada con las decisiones del árbitro que, según ellos, desconoció una infracción (mano), durante el encuentro.
Asimismo, la periodista de Ecuavisa Claudia Roura se convirtió en el centro de ataques digitales, agresiones y descalificaciones a su trabajo periodístico tras un trino con tono sarcástico sobre el expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia. La periodista aseguró que Bolsonaro jamás entendió el lado correcto de la historia y que la derecha defiende al comunismo. “El mundo al revés”, dijo. El comentario de Roura se dio a propósito de una nota sobre el presidente brasileño, que se niega a sancionar a Rusia.
Una sentencia a favor de la libertad de prensa
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito del Guayas aceptó el Recurso de Apelación interpuesto por Teleamazonas, por lo que se revocó una primera sentencia que condenaba al medio de comunicación y declaró sin lugar la acción de protección presentada por la jueza Heidy Borja, a inicios del 2021.
El 07 de enero del año pasado la jueza presentó un documento ante el Juez de Garantías Constitucionales de Guayaquil en el cual solicitó que, mediante sentencia constitucional, se declarara la vulneración de sus derechos constitucionales. Así, la funcionaria judicial presentó una Acción de Protección en contra de Teleamazonas, alegando que se violó su derecho a la dignidad, honor y buen nombre, al sentirse afectada por los comentarios realizados por el periodista Luis Antonio Ruiz sobre el accidente en el que murió el ciudadano Roberto Malta en Guayaquil, el año pasado.
Uno de los capítulos de la sentencia de apelación a favor de Teleamazonas trata el Umbral de protección de funcionarios públicos y recuerda que las expresiones referentes a los distintos órganos del Estado o el desempeño de sus funcionarios cuentan con un umbral mayor de protección, lo cual implica que debe existir un mayor grado de tolerancia por parte de los funcionarios a los cuales se refiere tal información frente al escrutinio y a la crítica por parte de la ciudadanía.
Sobre el caso específico de la Jueza Borja, se señala que, al haber sido criticada en su rol de jueza, dentro de un caso de conmoción social, está sujeta a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Recordaron que el derecho a la libertad de expresión no sólo ampara la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.
Asimismo, se destaca que, debido a que las opiniones contienen juicios de valor, no son susceptibles de exámenes de veracidad y gozan de especial protección; que las opiniones críticas o de descrédito contra los jueces no deben confundirse con discursos de odio y que un medio de comunicación no puede ser responsabilizado por las opiniones de uno de sus periodistas.
Prefecto de Morona Santiago niega información a la prensa
La Prefectura de Morona Santiago no entregó al periodista Wilson Cabrera, de los medios digitales Conectados y Verificado, la información de un proceso de contratación pública, bajo el argumento de que dicho expediente fue “prestado” a la Contraloría General.
Cabrera investiga, junto a su equipo, la adquisición de maquinaria por parte de la Prefectura amazónica; sus investigaciones apuntan a un posible sobreprecio. Amparado en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública (LOTAIP), el periodista solicitó a la Prefectura información relacionada con tres contratos —hechos a través de subasta inversa— para la adquisición de maquinaria pesada, así como sus términos de referencia. La Prefectura respondió a este pedido de información de manera parcial el 10 de febrero. Tras una revisión técnica de los archivos entregados, el equipo descubrió que no existían los nombres de los demás oferentes que participaron en las tres subastas inversas.
Un segundo atentado contra un periodista
El 7 de marzo el periodista Jaime Cedillo del medio digital El Observador, de Cuenca, fue víctima de un atentado: encapuchados lanzaron pintura amarilla a su vehículo y a su casa. No es la primera vez que Cedillo sufre un atentado, dos meses atrás otro desconocido lanzó ácido al vehículo en el que se movilizaba, mientras estaba estacionado, en esa ocasión decidió no hacerlo público, para no darle importancia.
Durante el último atentado las cámaras de seguridad de una casa vecina registraron el momento en que tres desconocidos llegaron, rondaron por la casa del periodista en un vehículo, luego se estacionaron a pocos metros y tres sujetos encapuchados se bajaron y se dirigieron hacia la casa y cometieron el atentado.
Un ciudadano preso y otro amenazado
El guayaquileño Christian Petersen está encarcelado. La justicia lo sentenció a un año de prisión por el delito de calumnias, tras un proceso penal impulsado por el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. A esto se suma que el ciudadano deberá pagar USD 15.000, como indemnización por el supuesto daño moral causado y que fue sentenciado en otro proceso.
En Quito, Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD); organización de sociedad civil que gestiona el Observatorio Legislativo fue víctima de agresiones por parte del asambleísta Férdinan Álvarez, de la bancada UNES, quien le reclamó por una información difundida por la organización.