Frank La Rue, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas, presentó días atrás el «Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión». En su introducción destaca que el periodismo debe ser visto como una actividad y profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad, por cuanto provee a los individuos y a la sociedad en su conjunto, de toda la información necesaria para permitirle desarrollar sus propias ideas y para libremente sacar sus propias conclusiones y opiniones. Recalca que a través del ejercicio libre de la búsqueda y recepción de información, los individuos pueden tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones libremente y participar de manera activa en los sistemas democráticos.

En el informe, el relator especial destaca que la mayoría de violaciones de derechos humanos contra periodistas ocurren fuera de las situaciones de conflicto armado. Señala que diariamente los comunicadores se enfrentan a varias formas de intimidación, ataques físicos (secuestros y asesinatos), detenciones arbitrarias, así como impunidad y el uso de leyes penales para amedrentar y aprisionar periodistas. Se recalca además que la presencia de estos riesgos disuade a los periodistas de continuar con su trabajo o genera autocensura frente al tratamiento de temas sensibles.

La Rue dedica buena parte de su informe a tratar las leyes que criminalizan la expresión. Menciona que en el mundo aún varios Estados utilizan estas normas para apresar a periodistas que difunden información «inconveniente», y expresa además su profunda preocupación porque actualmente el número de periodistas apresados es el más alto desde 1996. Señala además que la aplicación de estas normas por parte de funcionarios públicos silencia las voces críticas con respecto a actividades públicas donde se han denunciado hechos de corrupción, y genera un clima de miedo que anima a la autocensura.

En este sentido el relator especial mira con preocupación que en varios países la calumnia siga siendo considerada un delito, y que en aquellos donde se la trata civilmente, las sanciones pecuniarias sean elevadas y desproporcionadas. Ante ello, llama a todos los Estados a derogar las disposiciones penales sobre difamación que permitan el enjuiciamiento de los periodistas, así como limitar las sanciones por la vía civil y que estas sean proporcionales al daño causado. En el informe además se hace énfasis en que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a un mayor grado de escrutinio que el ciudadano común, y su protección debe ser menor frente a las declaraciones difamatorias en los medios de comunicación.

La Rue señala que un ataque contra un periodista constituye no sólo una violación de su derecho a difundir información, sino que también quebranta el derecho de la sociedad en general a buscar y recibir información, y consecuentemente a no participar en los debates públicos, que son esenciales para la democracia. Cualquier restricción o límite a la libertad de expresión debe estar en concordancia con lo establecido en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que sin respeto a la libertad de expresión, y en particular a la libertad de la prensa, una ciudadanía informada, activa y comprometida es imposible.

El relator concluye que la precaria situación de los periodistas se ve agravada por una cultura de impunidad que no permite llevar a cabo investigaciones efectivas ni ubicar a los responsables de los ataques contra periodistas. Recomienda a los Estados adoptar medidas para facilitar la sensibilización del poder judicial, los periodistas y la sociedad civil con respecto a las normas internacionales pertinentes y la voluntad de aplicar estas medidas, así como condenar públicamente todos los ataques perpetrados contra periodistas y medios de comunicación. La Rue recuerda que la responsabilidad de proteger a los periodistas e investigar dichas vulneraciones recae en los gobiernos y las instituciones del Estado, así como el asegurar que sus sistemas jurídicos nacionales no permitan que se quede en la impunidad tales violaciones. En cuanto a la sociedad civil, recomienda a las organizaciones trabajar en la concienciación sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y promover la aplicación de las normas nacionales e internacionales que los protegen.

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