Ecuador, 29 de octubre de 2024. Este martes, 29 de octubre, terminó el segundo día de la sesión organizada por Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del 7° examen de Derechos Humanos del Estado ecuatoriano. El próximo 7 de noviembre, el Comité emitirá sus recomendaciones finales.
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de Derechos Humanos solicitó información sobre los proyectos de Ley que se han presentado en la Asamblea Nacional y que afectan la libertad de expresión y si los mismos han sido objeto de consulta y diálogo con la sociedad civil. Además, se solicitó información de la investigación de casos específicos de los periodistas asesinados en 2018: Javier Paul y Efraín y periodistas asesinados y desaparecidos en 2022. Además, solicitó datos detallados de casos de periodistas que han sido judicializados por difundir información “restringida”. “Hemos recibido información sobre el posible uso del sistema judicial como herramienta de censura en Ecuador, así entre 2018 y 2024 se documentaron 144 procesos judiciales contra periodistas y otras personas críticas al Gobierno; esto amparado en el Código Penal Integral que permite sancionar con penas de prisión, lo que puede ser contrario a los estándares internacionales”, expuso Gómez Martínez.
“Sobre el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico ¿se le han asignado al Mecanismo recursos suficientes para garantizar su efectivo funcionamiento? ¿Qué colaboración real dan las demás instituciones y la sociedad civil?”, añadió entre sus cuestionamientos Gómez Martínez en cuanto al Mecanismo de Protección para Periodistas.
En esa misma línea, el miembro del Comité Mahjoub El Haiba, habló del Consejo de Comunicación que creó varios mecanismos para promover la diversidad de los medios de comunicación, y preguntó a la delegación del Estado los resultados concretos de las capacitaciones que ha realizado el Consejo y cuestionó al Estado sobre las investigaciones de ataques contra periodistas y las medidas que se han tomado para reparación y justicia para las víctimas.
El Haiba, añadió que en Ecuador existen demasiadas leyes, textos e instituciones, pero el problema es la “aplicación y puesta en práctica con relación a las disposiciones del Pacto”. “Según la información con la que contamos, desde el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio y de los amplios poderes que se les confirieron, se han cometido violaciones, incluida la violencia de género, feminicidios, desapariciones forzadas, prácticas que continúan y estas violaciones de derechos no se castigan”, añadió.
Ante estos cuestionamientos, Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, se refirió a los defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, asegurando que el Estado ecuatoriano reafirma su compromiso con este sector y aseguró que, a través de una mesa interinstitucional se realizó un primer borrador de una política integral para protección y prevención de defensores de los derechos humanos y ambientales. Con esta política, dijo, buscan identificar los problemas y conflictos que enfrentan y proponer soluciones efectivas, asegura.
Además, Tanca se refirió al Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, que según ella, garantiza la seguridad de los periodistas mediante evaluación de riesgos, acciones urgentes y monitoreo de agresiones. Mecanismo al cual también hizo referencia Juan Carlos Larrea señalando que dicha herramienta involucra a varias entidades del Estado, representantes de medios y de la sociedad civil y que, como parte de las acciones del Estado para proteger a este sector de la sociedad, la Fiscalía ha creado una ‘Guía práctica para actuación fiscal con relación a presuntas vulneraciones al derecho de libertad de expresión y sobre la protección a periodistas en el contexto judicial’. No obstante, las autoridades de gobierno no se refirieron en ninguna momento a la falta de presupuesto para el Mecanismo.
«Ratificamos que existe la plena disposición de Ecuador para trabajar de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones en que se desarrollan las actividades de los medios de comunicación, personas que trabajan en el área y para asegurar la permanente promoción y protección de la libertad de expresión y opinión», agregó Larrea.
Fundamedios, previo al Examen, se reunió con los miembros del Comité de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana en un entorno privado y confidencial, donde compartieron inquietudes y se plantearon los temas prioritarios a ser abordados en las reuniones oficiales de los días 28 y 29 de octubre. Así mismo, la organización presentó en septiembre el Informe Sombra, como parte de este proceso, que abarca el análisis de la situación de la libertad de expresión en el país entre 2018 y 2024. Este informe tiene como propósito ofrecer una mirada crítica y fundamentada sobre las dificultades y desafíos que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en Ecuador.
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas, MAPP, también presentó su Informe Sombra donde se documenta el aumento alarmante de agresiones contra periodistas, el auge del crimen organizado y su impacto en la libertad de prensa.
Además, durante la sesión el principal foco fue la crisis carcelaria, la independencia judicial y la actual situación de la libertad de prensa en Ecuador. El comisionado Rodrigo A. Carazzo solicitó información profunda sobre los mecanismos de transparencia que aplica el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a las evaluaciones de dignidades y las garantías de que estos procesos se cumplan bajo estándares nacionales e internacionales para evitar conflictos de interés en dicha institución.
Crisis carcelaria y situación migratoria
Tijana Šurlan miembro del Comité solicitó que se amplíe la información sobre las medidas que el Estado ha tomado para, no solo reducir el hacinamiento sino también para controlar aspectos como la salud y evitar que se repitan crisis como las masacres de 2021. Temática a la que se sumó otro miembro del Comité, Carlos Gómez Martínez, quien ejemplificó la grave crisis carcelaria del país con las masacres registradas en 2021. Además, cuestionó al Estado sobre la independencia judicial a quienes investigan casos de corrupción y el régimen disciplinario de jueces y fiscales.
Por su parte, el comisionado Hernán Quezada Cabrera solicitó que la delegación de Ecuador informe sobre cómo se garantiza el principio de no devolución en el ordenamiento jurídico del Ecuador y solicitó información sobre casos de migrantes en condición de refugiados en los que se hayan aplicado este principio. Además, se refirió a las limitaciones que han sufrido las personas extranjeras, bajo el marco de los estados de excepción establecidos en el país.
Paola Orellana, directora Derechos Humanos y Paz de la Cancillería y miembro de la delegación ecuatoriana ante el Comité, aseguró que el Estado ejecuta diversas acciones para precautelar la seguridad de los refugiados. Informó que todos los funcionarios que reciben solicitudes de refugio están plenamente capacitados para ejecutar las políticas y acciones conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Por otro lado, Luis Zaldumbide, director del SNAI, indicó que los gobiernos de turno no han puesto la atención que amerita a los presos y reafirmó el compromiso del Estado para su rehabilitación. Indicó que el sistema administra cárceles antiguas, lo que determina el problema de hacinamiento. Añadió que el SNAI se encuentra realizando reparaciones de los pabellones que estaban inhabilitados.
Finalmente, tras escuchar las preguntas y las solicitudes de información adicional por parte de los miembros del Comité de Derechos Humanos, Juan Carlos Larrea, jefe de la delegación del Estado, indicó que responderán las preguntas emitidas por el Comité de DD.HH por escrito. Es así que procedió con la conclusión de su intervención. «Ecuador está plenamente comprometido con el derecho internacional de los Derechos Humanos», comentó. Recordó que, desde el año 2003, el país mantiene una invitación abierta a todos los titulares de mandato de procedimientos especiales de las Naciones Unidas sobre derechos, lo que ha permitido concretar varias visitas oficiales, examinar avances y fortalecer medidas para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos del país.
Reconoció que Ecuador no está exento de desafíos en materia de Derechos Humanos e indicó que siguen comprometidos a respetarlos. «Aspiramos a que las observaciones finales que emita el Comité vayan más allá de una evaluación y faciliten los mecanismos adecuados para lograr su efectiva implementación», indicó.
El Estado tiene la posibilidad de entregar por escrito información complementaria dentro de las siguientes 48 horas.