Moreno dio frecuencias al Fantasma a última hora

Moreno dio frecuencias al Fantasma a última hora

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Investigación de Fundamedios y 4P

Lenín Moreno no le falló a Ángel González, llamado El Fantasma. En las últimas horas de su Gobierno, el expresidente entregó al zar de medios, de origen mexicano y dueño del diario El Comercio, las frecuencias de otras cuatro estaciones de radio que, durante el concurso para su adjudicación, habían sido descalificadas por incumplir requisitos.

Las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del Gobierno de Moreno, y que fue publicada el 27 de mayo del 2021 —cuatro días luego de asumir el Gobierno Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara el nuevo director de esa entidad de regulación.

Esas emisoras de González habían sido descalificadas por incumplir un requisito de la Ley de Comunicación: ser de propiedad, en un 49% máximo, de personas naturales o jurídicas. En los hechos, pertenecían, entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay.

La decisión de Moreno a favor de González se concretó a raíz de un encuentro entre ambos. Según fuentes consultadas por Fundamedios y 4P, el encuentro ocurrió el 5 de mayo, cuando el presidente saliente —al que le quedaban 20 días en el cargo— participó en el Foro para la Defensa de la Democracia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo, en el Hotel Biltmore de Miami.  Ahí, Moreno y González (que vive en esa ciudad) tuvieron una reunión de apenas 10 minutos.

Moreno pidió entonces a la Cancillería que respondiera favorablemente una consulta que la Arcotel, encargada del concurso de frecuencias, había hecho el 29 de abril del 2021. Virna Jeannet Vásconez, su coordinadora general jurídica, había preguntado si el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Guatemala —país de origen de algunas empresas accionistas de las emisoras de González en Ecuador— hace parte de esos acuerdos que, “presuponen el establecimiento de reglas de derecho respecto de las cuales las partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir con estos acuerdos, como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación; y, por consiguiente, cumplen con las condiciones necesarias para que sean aplicados de conformidad con el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, tal como se ha indicado en el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación». 

La consulta, contenida en seis páginas y dividida en tres puntos, tenía un objetivo preciso: establecer que ese acuerdo, por ser un instrumento internacional reconocido por Ecuador, estaba por encima de la Constitución y las leyes y permitía saltarse la Ley de Comunicación, que establecía, como se vio, limitaciones legales del accionariado extranjero para ser dueño de medios en el Ecuador.  

!Bingo¡ El pedido fue atendido de inmediato: el 5 de mayo —cuando Moreno aún estaba en Miami— la Dirección de Tratados de la Cancillería remitió a la Coordinación General Jurídica de la Arcotel la respuesta. Un oficio de 3 páginas en que le decía que el acuerdo con Guatemala y otros sí “forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen carácter supralegal”. Lo firmó Mary Lorena Burey Cevallos, directora de Tratados, con copia a otras tres funcionarias de la Cancillería.

El camino quedaba así allanado para que Ángel González no perdiera esas frecuencias que, según fuentes de la Arcotel, habían sido descalificadas por el equipo técnico que seguía las recomendaciones de la Contraloría. En un informe publicado en el 2018, ese organismo había objetado la concesión de las frecuencias, hecha por el correato al grupo de González, en 2016. La Dirección Técnica de Títulos Habilitantes de la Arcotel, a cargo del concurso, comunicó, el 17 de febrero, a los representantes legales de González, que sus emisoras no habían pasado el concurso. Gabriela Cristina Hernández, su representante legal, apeló esa decisión el 24 de febrero del 2020. Ella no negó la participación mayoritaria de empresas extranjeras: adujo que, según la prelación de las leyes, el convenio con Guatemala estaba por encima de la Constitución y la Ley, y facultaba a una persona jurídica de ese país a tener más del 49% de acciones en un medio de comunicación nacional. Se trataba de las empresas Fizler S.A. y Radio y Televisión Guatemala S.A, de propiedad de González. Según la abogada, la descalificación hecha por la Arcotel, “constituye un evidente acto nulo, pues no ha dado aplicación directa del mandatorio (sic) constitucional y del respectivo Convenio internacional».

Lo curioso es que, una vez revisados los acuerdos de “complementación económica” citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa.

Esa apelación fue la que motivó la consulta de la Arcotel a la Cancillería. Con la intervención de Moreno desde Miami, la respuesta de la Cancillería llegó justo a tiempo a la Coordinación Jurídica de la Arcotel que, en su informe jurídico del 25 de mayo, dio la razón a la abogada de González y ordenó al departamento organizador del concurso que devolviera las concesiones al zar de los medios. 

En este punto las fechas son claves. El 24 de mayo se había posesionado el Gobierno de Guillermo Lasso y la administración pública estaba en proceso de transición. En el sector de las Telecomunicaciones, se había nombrado como máxima autoridad a la ministra Vianna Maino.

El 27 de mayo, Xavier Aguirre, director ejecutivo de la Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico que, a su vez, aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras. Del mismo modo, dejó sin efecto el Informe General de Inhabilidades y Prohibiciones, que determinó que cuatro frecuencias relacionadas con El Fantasma estaban inhabilitadas para participar. En sus últimas horas en el cargo, Aguirre dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, que realizara un nuevo informe de verificación, analizando de forma integral los tratados internacionales y que requiriera a los participantes la renovación de las garantías por el tiempo que correspondiera dentro del Proceso Público Competitivo. Ese día se publicaron las resoluciones y González finalmente se quedó con las frecuencias.

¿Por qué participó en este proceso la Cancillería? Según los abogados consultados, no está legalmente facultada para absolver consultas como la que hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado. En su Ley Orgánica dice, en efecto, que entre sus funciones tiene que «absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico».

La consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico de la Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene, en la resolución final, que el acuerdo con Guatemala es “supralegal” y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013 —que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales— se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa Ley. Ni la Cancillería ni la Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron.

Así, Moreno devolvió a González cuatro emisoras más. ¿Qué ganó a cambio? Las fuentes consultadas por 4P y Fundamedios hablan de una “protección” ante posibles demandas, que le puede otorgar al expresidente un grupo que ha acumulado más de 19 matrices, 85 repetidoras, incluyendo tres cadenas nacionales de TV, emisoras de radio por todo el territorio y un diario de alcance nacional, como El Comercio (aunque sumido en una profunda crisis); sin embargo, es una versión difícil de probar. Lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y El Fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción.

La relación entre ambos se inició cuando Ángel González envió a dos de sus operadores a visitar a Moreno en Ginebra, pocas semanas antes de su retorno a Ecuador, el 26 de septiembre de 2016, para iniciar la campaña presidencial: Carlos Mantilla, entonces director de El Comercio, y Carlos Lorefice Lynch, entonces responsable de medios en la región. Y luego Moreno, durante su Gobierno, protegió a ese grupo al no haber revertido la concesión irregular que obtuvo para el canal de televisión de El Comercio y las concesiones de radio que, según la Contraloría, fueron entregadas irregularmente durante el concurso organizado por el correato.