Ecuador, 30 de noviembre de 2023.- Este mes Fundamedios registra una disminución en agresiones, sin embargo, la gravedad de los casos aumenta y evidencia graves afectaciones a las libertades de expresión, prensa y derechos conexos. En noviembre se registraron 15 agresiones y 21 víctimas. En octubre, se contabilizaron veintidós 22 agresiones y 22 víctimas.
Estas agresiones se suman a un total de 234, que han afectado a 316 víctimas en estos once meses del año 2023. Este año 2023, las amenazas han sido el tipo de agresión más frecuente, con 36 casos registrados.
En noviembre se registraron tres amenazas (3), que se equipara con el número de procesos judiciales iniciados en contra de periodistas o que involucran a medios de comunicación (3), y que se ha vuelto un mecanismo de criminalización y persecución a la prensa.
El tipo de víctima que ha sufrido la mayor parte de vulneraciones siguen siendo los periodistas (12), y tras ellos están los medios de comunicación (8).
Este mes, la categoría de “uso abusivo del poder no estatal” preocupa, pues ha sido evidenciada en dos casos. El primero involucra a Diario “El Comercio”, cuyos trabajadores se organizaron y formaron un sindicato para exigir ante el Ministerio de Trabajo que su empleador cumpla con sus obligaciones pendientes, tanto de quienes aún se encuentran vinculados al medio, cuando de ex empleados y personas jubiladas. El segundo caso es el de “Diario El Nacional”, de la provincia de El Oro, que cerró sus puertas en medio de atropellos a sus trabajadores.
Los sujetos agresores que primaron en noviembre son estatales (7), quienes amenazaron, censuraron e incluso iniciaron procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación.
Además, se ha observado el uso de la etiqueta de “FALSO” para deslegitimar discrecionalmente el trabajo de la prensa, y ello ha ocurrido desde instancias públicas, lo que es aún más grave. Este mes de noviembre el uso de este procedimiento completamente adverso al ejercicio periodístico ocurrió una ocasión bajo la categoría de discurso estigmatizante.
Fundamedios ve con preocupación que funcionarios públicos o personas de alta exposición tengan un umbral de tolerancia limitado frente al escrutinio público, al que están sujetos por su calidad de servidores públicos o su exposición.
La judicialización del ejercicio de la libertad de prensa
El escrutinio público es parte fundamental de la democracia. Sin embargo, este mes de noviembre, periodistas han sido estigmatizados y señalados por funcionarios o personas de alta exposición pública, por su crítica a su labor o al entonces gobierno de turno.
Por ejemplo, el 01 de noviembre, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, acusó ante el Tribunal Contencioso Electoral al periodista Roberto Aguilar, editorialista de “Diario Expreso”, de haber cometido violencia política de género en su contra. En su denuncia, Atamaint se refirió a un artículo de opinión escrito por Aguilar, en el que hablaba de su absoluta incompetencia. Para la funcionaria, se trataría de violencia política. (Ver alerta)
En su columna, Aguilar criticó y cuestionó a Atamain: “[…] Tener una funcionaria como Diana Atamaint al frente de un organismo como el Consejo Nacional Electoral es como tener mamá pero muerta. No de otro modo se conduce ella a la hora de hacer respetar las reglas y los principios de igualdad en las elecciones: con la diligencia de un cadáver. […] Es decir: están ahí para seguir estando. Esto exige una enorme dosis de complacencia con quienes llevan la sartén por el mango en el sistema político nacional […]”.
Atamaint manifestó en su denuncia que el periodista “infravalora su trabajo”, y se refirió al “desprecio” expresado en contra de ella por ser mujer, y llamó la atención sobre que el periodista se refiere únicamente a ella en calidad de consejera y a ninguno de los otros miembros del Consejo Nacional Electoral. Para Atamaint el periodista la despreció, y al hacerlo desprestigió su imagen como presidenta del organismo electoral, esto es, como servidora pública. Así, basó su denuncia en los artículos 279 y 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, pidió al Tribunal Contencioso Electoral que se sancione al periodista con la máxima pena,y pidió medidas adicionales de reparación integral.
En enero de 2023, Katya Argüello, funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), inició un proceso en contra de Villavicencio (+), por el delito de “revelación ilegal de base de datos”, y en septiembre de este año, un mes después del vil crimen cometido en su contra, el subdirector general de la entidad solicitó la realización de pericias informáticas a los portales periodísticos mencionados. Además, pidió una pericia grafotécnica de los documentos originales que reposan en la administración tributaria, para que sea comparada con la información expuesta en el reportaje publicado en 2021, “con el fin de establecer la similitud y posibles diferencias de los documentos que se encuentran publicados”.
Este mes de noviembre, “La Historia” publicó en su red social “X” que Flores pidió a la Fiscalía reactivar la investigación por presunto delito de revelación ilegal de base de datos, por la publicación conjunta realizada entre dicho portal y “Periodismo de Investigación” (fundado por Villavicencio (+).
Existen varios procesos iniciados desde 2018 por el Servicios de Rentas Internas en contra de Fernando Villavicencio (+) y su familia. El 13 de diciembre de 2018, Fundamedios emitió una alerta en relación con que el SRI notificó a Villavicencio (+) que debía comparecer en las oficinas de la institución y entregar información relacionada a la investigación que habría realizado sobre las empresas “RECORSA S.A.” y “SYNOHYDRO CORPORATION”, ambas contratistas del Estado. El 12 de diciembre del mismo año, el periodista (+) publicó en su entonces cuenta de “Twitter” el oficio con que fue notificado y escribió: “¿Obligar a un periodista a entregar información bajo advertencia de ley cómo se llama?”.
El 25 de julio de 2021, los portales “La Historia” y “Periodismo de Investigación” publicaron un reportaje llamado “La persecución de los Inapapers”; en él, se evidenciaba que el Estado utilizó todo su aparataje para perseguir y callar a uno de los autores de la investigación que desenmascaró uno de los casos de corrupción más grande y que involucró al vicepresidente correista y posterior presidente de la República, Lenín Moreno, y a su familia. De allí que el SRI pidió que, con carácter reservado, se realice un análisis tributario a las cuentas de Villavicencio (+) y sus familiares. En un siguiente reportaje, el mismo 2021, los portales de investigación publicaron actas de reuniones y memorandos internos en que se comprobaba dicha persecución.
Un hito importante este mes se dio con la periodista de la revista “Vistazo”, María Belén Arroyo, quien consiguió el archivo de una acción de hábeas data presentada en su contra por parte de una ciudadana bielorrusa, por la difusión de una nota periodística en que constaban sus datos. La demandante solicitaba, entre otras cosas, la revelación de la fuente.
Fundamedios apoyó el proceso con un amicus curiae. En septiembre de 2023, la revista “Vistazo” fue notificada con la acción de hábeas data presentada en contra de su editora y periodista Arroyo, por la información difundida en la nota “Pedófilos holandeses detenidos buscan evadir la justicia con falsas acusaciones”. En el texto se detallan los hechos del caso y los datos de los procesados y sospechosos detenidos en el momento.
El editorial se refiere igualmente a una mujer de nacionalidad bielorrusa, quien, según las investigaciones recogidas en el proceso, habría tomado parte en la filmación y grabación de imágenes de contenido sexual, y que habría sido detenida en Portoviejo. En el mes de junio, la periodista Arroyo publicó en la misma revista “Vistazo” una actualización de la nota anterior, en que informó que la ciudadana bielorrusa fue declarada inocente.
En su demanda, la ciudadana bielorrusa señaló que la nota exponía sus nombres y que con ello se había afectado su reputación y su honra. En tal sentido, pedía al medio una rectificación y la eliminación de sus datos personales y de la fotografía que fuera publicada, y para ello, se refirió a la Ley de Protección de Datos Personales.
En su amicus, Fundamedios recordó a la parte demandante y a la judicatura que el ámbito material de la mentada Ley excluye, precisamente, a los periodistas. En cuanto a la solicitud de información sobre las fuentes periodísticas, Fundamedios indicó que ello contraviene con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y el desarrollo de su interpretación: “[a]l obtener información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público, referido anteriormente, los medios de comunicación y los periodistas tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. Una de las bases primarias del derecho a la reserva de fuentes está basada en que el periodista cumple una labor de brindar información a las personas y satisfacer su derecho a recibirla; al hacerlo, el comunicador cumple un servicio público”. A las gestiones de Fundamedios se sumaron la “Unión Nacional de Periodistas” y la “Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos”, con sus propios escritos. Finalmente, en la audiencia, convocada para el pasado 06 de noviembre, la demandante no se presentó, con lo cual operó el desistimiento de la causa, y su archivo. (Ver alerta)
El crimen organizado contra la libertad de expresión
Los periodistas y medios de comunicación se han convertido en blanco de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). En Manta circuló un panfleto que provendría de estos grupos y que se viralizó en grupos de mensajería instantánea de la provincia de Manabí.
En él, se insultaba y amenazaba directamente a medios digitales que realizan transmisiones en vivo. El mensaje estaba dirigido a periodistas digitales de la ciudad de Manta que realizan coberturas de crónica roja en la ciudad. En él, se les advirtió que en adelante cada uno sería ubicado y asesinado. El panfleto se refirió, de forma directa, a tres trabajadores de la comunicación identificados como “el orejón” y su hijo, refiriéndose a Henry Suárez como el padre y al joven Josué Suarez, quienes fundaron y trabajan en el medio “Triple Vía Digital”. Acusan al padre de ser parte de un GDO, probablemente contrario al que emitió el mensaje. Luego identificaron al periodista Carlos García, parte del medio “La Marea de Manta”, y señalaron que lo están ubicando. Cerraron el comunicado con lo siguiente: “Quedan advertidos, no se metan con la mafia”.
Tras la difusión de su contenido, todos los medios de comunicación digitales que transmiten crónica roja en Manta -cerca de 14- pararon sus transmisiones en vivo, como medida de autoprotección, lo que implicó una autocensura de su libertad de expresión y prensa. (Ver alerta)
Este mes se noviembre, además, se conoció del caso de Mario Iza, periodista del medio digital “Manávisión”, quien fue víctima de una amenaza tras la publicación de fotografías de un carro sospechoso que fue retenido por la Policía, y de personas que habrían asistido posteriormente a la escena.
Una persona vinculada al caso se acercó a su negocio familiar en los días siguientes y le intimidó enseñándole una fotografía suya con un arma, tras lo cual le obligó a borrar las imágenes publicadas.
El 14 de octubre Iza publicó en el medio que en la calles 19 de Mayo (esquina) y Av. Manabí identificó a una camioneta sospechosa, pues tenía vidrios polarizados y no contaba con placas, por lo cual un patrullero le cerró el paso para evitar que circule y tomar contacto con su conductor. Tras esta intervención oficial, apareció otro carro en el que se encontraban tres personas. En el momento, el periodista tomó una fotografía de las personas que hablaban con los policías, que también difundió, junto con la imagen del primer vehículo detenido. El 25 de octubre, un sujeto llegó al negocio familiar del periodista y lo amenazó con insultos, tras lo cual le obligó a borrar las fotografías en que aparecía junto con los otros implicados en el hecho, y en donde se ven las placas del vehículo que apareció en la escena tras la primera actuación policial. En la grabación de la cámara de seguridad del negocio de Iza, a la que Fundamedios tuvo acceso, se observa cómo el sujeto le indica de forma violenta su celular, de donde lo habría amedrentado con una imagen suya en que portaba una metralleta. Iza habló con esta organización y señaló que el sujeto se identificó y le dijo que era parte de una banda criminal: “Si no borraba, me quebraba”, añadió. (Ver alerta)
Andrés Durán, comunicador del portal “Hoja de Ruta”, denunció en un video que el día miércoles 22 de noviembre, un familiar habría recibido una llamada en que fue advertido sobre un plan llevado adelante por la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, para acabar con la vida del comunicador.
En un video de 12 minutos publicado por el portal, Durán señaló que su tío, ex jefe del servicio de protección presidencial, recibió una llamada anónima en la cual se le informó sobre un plan para llevar adelante un crimen en su contra.
Si bien indicó que las condiciones son confusas, Durán citó de forma textual el mensaje que su tío habría recibido, relacionado con la intención de la prefecta de Esmeraldas de que un sicario termine con su vida: “La Prefecta de Esmeraldas está muy enojada y está dispuesta a acabar con la vida del chochologo [apodo de Andrés Durán]. Están queriendo contratar a un sicario que se hace llamar alias el negro venus”. Durán comentó que hizo las averiguaciones correspondientes y una fuente policial le informó que dicho alias podría referirse a alias Yomba, quien sería un delincuente común pero que podría haberse convertido en sicario.
De hecho, el Exministro de Interior del gobierno del expresidente Correa publicó en su red social “X” que una fuente policial le habría confirmado sobre la planeación del crimen contra Durán: “Alias YOMBA, sería el criminal contratado, quien es un sicario de 20 años, estaba detenido pero un juez de Esmeraldas le dió la libertad hace unos 2 meses”. (Ver alerta)
El atropello de los derechos laborales de periodistas
El periodismo se encuentra en crisis, los medios, periodistas y la academia han visto un deterioro en el ejercicio de la profesión, que se materializa en el cierre de medios icónicos para el país. En agosto de este año, Diario “El Nacional”, de la provincia de El Oro, dejó de circular, desde su fundación en 1964. 27 extrabajadores y jubilados no han recibido el pago de sus haberes laborales. Este 21 de noviembre se cumplieron 57 días de una autoconvocatoria a plantones a las afueras del edificio en que funcionaba el medio.
El jubilado Franco René Guajala habló con Fundamedios al respecto; explicó que los trabajadores que continuaban en el diario no han recibido sus sueldos desde hace un año, cuando todavía estaba en funcionamiento, y que poco a poco dejaron de darles respuestas, hasta que el pasado agosto fueron los mismos trabajadores quienes entendieron que no iban a pagarles y que el diario iba a cerrar. Días después, las puertas del edificio donde trabajaban estaban cerradas y sólo figuraba un letrero con el siguiente mensaje: “El Nacional, primer diario orense, fundado en 1964”.
Han pasado ya tres meses sin que sus propietarios den ninguna respuesta. Se trata de un grupo de accionistas, de los que la familia Castro Patiño es mayoritaria. El gerente es Jorge Castro Patiño, quien no se ha pronunciado respecto de las obligaciones que mantiene. Guajala trabajó 45 años en el diario y es uno de los afectados, porque no ha recibido su liquidación, a pesar de que se jubiló un año antes del cierre del medio. Comentó que de entre los 27 afectados, 12 son jubilados: “Existen juicios ya ganados en contra de la empresa, pero hasta ahora no nos pagan”, señaló. (Ver alerta)
Este noviembre, se cumplió otro mes las injusticias que han tenido que pasar trabajadores y extrabajadores de Diario “El Comercio”. Tras la creación del sindicato de trabajadores, sus integrantes informaron este 21 de noviembre que si la empresa no cumplía con las 10 peticiones que realizaron en relación al cumplimiento de sus haberes laborales, irían a una huelga indefinida.
Cerca de 37 trabajadores del diario “El Comercio” crearon un sindicato en una reunión realizada el pasado 5 de noviembre en esta ciudad de Quito. Junto al sindicato se unieron otros trabajadores del medio y se creó un Comité Especial para armar un pliego de peticiones. El lunes 6 de noviembre acudieron al Ministerio de Trabajo para pedir el registro de su directiva y del estatuto de la organización.
Washington Andrade, abogado de los empleados, señaló que el objetivo es reclamar “de manera unida al empleador actual, lo que permite establecer varias estrategias como hacer un pliego de peticiones”, en relación con la persistencia en el incumplimiento de pago de obligaciones por parte del medio de comunicación, pese a reiterados acuerdos.
Andrade comentó que se presentaron 10 peticiones al entonces ministro de trabajo, Patricio Donoso, para que se notifique al medio, entre cuyos accionistas se encuentran Angel González, más conocido como “El Fantasma”, en tanto que Ramiro Rivera aparece como presidente del directorio de la empresa. A la fecha, los trabajadores esperan el pago de seis meses de remuneraciones y prestaciones adeudados. El abogado del sindicato comentó en su red social “X” que se iniciará un “conflicto colectivo”, bajo el cual solicitarán medidas preventivas para impedir la venta de los activos del medio, y así asegurar el cumplimiento de sus obligaciones patronales.
El martes 28 de noviembre, en un primer pronunciamiento respecto a la falta de pago de salarios y contribuciones a la seguridad social, así como el incumplimiento de derechos laborales de los trabajadores de “El Comercio”, el gobierno de Daniel Noboa se comprometió a gestionar las peticiones presentadas por el sindicato.
Este compromiso fue anunciado conjuntamente por la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, y la inspectora Daniela Mejía, durante una reunión celebrada junto representantes de los trabajadores del medio. En ella, Núñez verificó el expediente laboral y evidenció los datos que reposan en el Ministerio sobre la situación actual y crítica en que se encuentran casi 500 trabajadores, colaboradores actuales impagos e incluso personas jubiladas.
Para avanzar en el tratamiento de este caso, oficialmente denominado “Conflicto Diario El Comercio”, Núñez convocó a una segunda reunión con el abogado representante de los afectados para el 30 de noviembre. Asimismo, señaló que durante el proceso de transición intergubernamental, el exministro de trabajo, Patricio Donoso, le indicó que no existía ninguna conflictividad. En la segunda reunión se comprometió a cumplir con el pliego de peticiones presentado.