Los datos de noviembre reflejan que las agresiones contra la prensa continúan en su pico más alto desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Con 24 agresiones, al igual que octubre, noviembre fue otro mes en el cual los ataques en contra de la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho de acceso a la información no cesaron.
Llama la atención que los ataques contra la prensa no han disminuido pese a que al inicio del mes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró en un conversatorio con medios de comunicación en Carondelet que el Gobierno respetará la libertades de expresión y de prensa.
Las cifras
Entre 2007 y el 30 de noviembre de 2021, Fundamedios registró 3027 agresiones contra la prensa. En noviembre Fundamedios registró 24 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
En total 18 periodistas fueron agredidos: 12 hombres y seis mujeres; cuatro medios de comunicación, un constitucionalista y una ONG. El Estado fue el principal agresor, durante 10 ocasiones. Seguido de elementos No Estatales que intervinieron en ocho ocasiones. Asimismo, las agresiones y ataques contra la prensa en este mes llegaron a cinco; otros cinco casos fueron Impedimentos de acceso a la información pública; cuatro amenazas; tres intentos de censura; tres discursos estigmatizantes y una restricción en el espacio digital.
El análisis geográfico refleja qué Pichincha se produjeron 11 agresiones contra la prensa, en Bolívar se desarrollaron tres alertas, dos en Cotopaxi, dos en Guayas y una en El Oro.
Los ataques a la prensa desde el Estado no paran
Pese al discurso oficial del Gobierno de garantizar el trabajo periodístico en el Ecuador, el la práctica, el Estado se convirtió nuevamente en el principal agresor de los periodistas y medios de comunicación:
El periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional el 9 de noviembre luego de que tuvo una discusión con el Coronel de Policía Gabriel Paúl Villavicencio Salazar, tras intentar registrar la agresión a un ciudadano, durante un desalojo en Guaranda.
En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa cómo durante la cobertura, un grupo de policías rodean al periodista, lo intimidan y lo mantienen retenido mientras un grupo de mujeres solicita ayuda a gritos: “Ayuda”, “Ayuden al periodista”, “Liberen al señor periodista” exclaman. Al final, luego de un forcejeo lograron que el comunicador sea liberado.
Al día siguiente, miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. En Carondelet se desarrolló una reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la CONAIE por lo que varios medios de comunicación estuvieron presentes para dar cobertura a los acontecimientos. A través de una serie de videos de los periodistas que estuvieron presentes y que circulan en redes sociales se puede observar cómo el equipo de Seguridad de Carondelet rodea a Leonidas Iza a su ingreso al Palacio e impide que los periodistas tomen sus declaraciones.
En otros de los videos se puede observar a uno de los escoltas empujando de manera agresiva al periodista Francisco Garcés de Ecuavisa mientras este intenta obtener una declaración de Iza: “¿Qué le pasa? usted no me va a agredir, estoy trabajando” dice el periodista. Asimismo, los escoltas de seguridad no permitieron que Leonidas Iza diera declaraciones “Déjenlo hablar señores de seguridad”, pedían los comunicadores.
El 10 de noviembre los periodistas de UDLA Channel Napoleón Tamayo, Doménica Salvador y Paulina Lema fueron presionados durante una entrevista con un funcionario del Ministerio de Salud Pública (MSP), luego de que otra funcionaria del departamento de Comunicación les recriminó por realizar una pregunta que consideró de corte político.
A través del oficio FPEO-SAI-2021-002723 la Fiscalía General del Estado solicitó al Diario Correo de Machala entregar la información completa del periodista responsable de escribir una nota en el segmento de sucesos de este medio de comunicación.
Se refieren a la noticia titulada: “Postergan audiencia para juzgar a acusado de violación”, que fue publicada en el medio de comunicación. La Fiscalía, bajo la figura de “reglas para la investigación de delitos cometidos mediante los medios de comunicación”, sostiene que dicha información deberá ser remitida bajo el principio de buena fe y lealtad procesal, en el plazo de 3 días desde la entrega del oficio.
El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna presentó el pasado 19 de noviembre una acción de acceso a la información en contra del Ministerio de Salud, tras no haber recibido información solicitada sobre salud sexual, reproductiva y el aborto desde el 11 de agosto de 2021.
Tatiana Jiménez, responsable del área de investigación de Surkuna, indicó a Fundamedios que buscaban datos sobre atenciones en parto, interrupción del embarazo, atención post aborto. “Esta información nos permite evaluar y conocer cómo está la realidad de las mujeres y cómo está su acceso a sus derechos de salud sexual y reproductiva”, dijo.
Las amenazas y agresiones tomaron fuerza
El 10 de noviembre de 2021 los periodistas Andy Calero y Jhonny Tuarez Guerrero de TV Centro fueron agredidos por un grupo de ciudadanos que empezaron a insultarlos y agredirlos a latigazos durante una cobertura en el centro de Guaranda. Andy Calero contó a Fundamedios que se encontraban realizando la cobertura en vivo en la Plaza Roja y que al terminar la cobertura “aparecieron unos infiltrados y empezaron a insultarnos y a entramos a latigazos” luego de decirles: “porque carajo están hablando mal de Medardo Chimbolema (alcalde de Guaranda)”.
Ese mismo día las periodistas Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes de UDLA Channel fueron agredidas por razones de género por un sujeto desconocido, durante una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz de Quito. Las periodistas llegaron hasta el sitio para realizar la cobertura de un plantón de pacientes que reclamaban por falta de medicamentos en la casa de salud. Según la versión de las comunicadoras se encontraban realizando tomas y entrevistas cuando un ciudadano desconocido y en estado etílico, se acercó hacia ellas y empezó a decirles insultos misóginos. Posteriormente rompió el trípode de UDLA Channel y empezó a perseguir a las periodistas con una de las patas en la mano, con el propósito de agredirlas.
El 18 de noviembre cuatro guardias de seguridad de la empresa Vielarec, contratada por el Municipio de Guayaquil, agredieron a la periodista de Teleamazonas Vanessa Robles y al camarógrafo Eddy Robalino y les impidieron subir al Cerro Santa Ana, para realizar una entrevista con autoridades locales y ciudadanos. En un video publicado por la periodista se observa a los guardias de seguridad privada empujando al camarógrafo, mientras recogen algunos equipos de prensa que cayeron al piso, luego de que lo agredieron y empujaron de manera violenta: “no tiene por qué agredir al equipo” dice la periodista mientras los guardias le replican que no pueden subir las escalinatas del Cerro sin una autorización.
Ese mismo día, la periodista Alexandra Moyano y otro comunicador de Radio Municipal Latacunga, que prefiere mantener el anonimato, recibieron amenazas de muertes con un mismo modus operandi: a través de llamadas telefónicas de números desconocidos, a sus teléfonos personales. En el caso de Alexandra Moyano, primero recibió un mensaje preguntando si este era el número de la Radio Municipal, solicitando a la vez los contactos de todos los locutores “para poder solicitar música”, la periodista no proporcionó información. Después recibió una llamada anónima y le advierten que si sigue realizando investigaciones sobre el tema carcelario en Cotopaxi, así como las bandas delincuenciales, la iban a matar a ella, a su familia y le dijeron “periodista de pacotilla”.
En el caso del otro periodista recibió una amenaza similar y por la misma vía: desconocidos le dijeron que si no depositaban dinero, ellos iban a matar a su familia. En ambos casos los agresores se identificaron como miembros de la banda Los Choneros.
El 25 de noviembre, Charlie Castillo, fundador y periodista de FerroDiario, recibió en Instagram un mensaje intimidante de Josué Narváez, hermano del alcalde de Durán (Guayas), Dalton Narváez. “Ya mucho le estás metiendo”, decía el texto tras una publicación que hizo el medio en la red social en la que replicaba declaraciones que dio el funcionario a radio Águila. En la publicación subida como historia a Instagram de FerroDiario, Dalton Narváez explica que el proyecto El Chobo es la única opción que tiene Durán para captar agua. “Yo estuve por Dubai en una luna de miel con mi esposa. En Dubai no tienen río, es puro desierto. El agua la tratan del mar. ¿Sabes cuál es el promedio que pagan por energía eléctrica y agua las familias de Dubai? 600 mensuales. Imagínate, altísimo. Vienen a inventarse que te mueres de sed a lado del río. El agua de El Chobo es la más pura que puede haber en el mundo”, declaró el funcionario.
El discurso estigmatizante contra la prensa, una constante
El 19 de noviembre un grupo de militares retirados del Ejército asociados en la Promoción 81 “Teniente Elvis Molina” lanzaron una carta abierta para cuestionar las declaraciones del periodista de La Posta Andersson Boscán quién cuestionó la inacción de las fuerza militares ante la extrema violencia en la Penitenciaría del Litoral. En el comunicado los militares retirados repudian las expresiones del periodista porque, aseguran, menoscaba a la institución y genera una pérdida de la confianza de la sociedad en las Fuerzas Armadas y que también busca afectar la estabilidad del país en un momento en que se debe buscar cohesión.
No obstante en una parte del texto se asegura que es más fácil atacar “a quiénes le abrieron las puertas que defender su propio país’, eso es de cobardes” y se refieren a que se aprovecha de una mala entendida libertad de expresión para insultar a todo un grupo de la sociedad. “Si no le gusta lo que ve entonces la solución es fácil, aprenda del honor y valor que tiene un militar para defender su país y regrese a su país de origen. Por qué gente malagradecida como usted señor Boscán debe ser expulsada del país”.
El pasado 23 de noviembre, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa publicó un trino en el que tilda a la prensa ecuatoriana como una de ‘las peores del mundo’, acusándola de desestabilizar el régimen correísta. El mensaje de Twitter va acompañado de un video que tiene una duración de 2:20 en el que se insinúa que los medios no cubren la noticia apegados a la verdad.
El legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) lanzó fuertes descalificaciones en contra del periodista de 4 Pelagatos, José Hernández, tras escribir una historia sobre la aprobación de la Reforma Tributaria en la Asamblea Nacional gracias a un acuerdo con el correísmo, en medio de una extorsión de otras bancadas a cambio de apoyo.
“Oye, pequeña piltrafa nauseabunda ¿sostienes aquí que he pedido algo a cambio de no oponerme a los impuestos? Me estás atribuyendo un delito, ¿sí lo entiendes o no? Y lo mismo tu portal 4 Pelagatos. Lo que tienes es el corazón podrido y los bolsillos rotos”, tuiteó el legislador.
El acceso a la información tuvo altibajos
Los periodistas y medios de comunicación enfrentaron este mes situaciones que afectaron el acceso a la información pública.
El 16 de octubre la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tumbaco, Lorena Brito Cuzco, censuró públicamente al periodista Ángel Mediavilla del medio digital Tumbaco Informado, durante una cobertura de la reunión entre moradores y autoridades. Los periodistas de Tumbaco Informado fueron contactados por los vecinos del Pasaje Josefa Lozano para que den cobertura a una reunión con las autoridades del GAD. En un video al que tuvo acceso Fundamedios se observa como Lorena Brito Cuzco interrumpe la grabación del medio de comunicación, realizada en medio de la calle, y dice “Joven, tenga la bondad, no tiene autorización, aquí tenemos un medio público del cual va a tener información para que publiquen en redes sociales, por favor baje la cámara”. Los moradores y el periodista le dicen que ellos invitaron al medio de comunicación.
El 17 de noviembre una transmisión en vivo de las actividades del Presidente de la República, Guillermo Lasso, se cortó abruptamente justamente cuando se daba paso a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa no prevista inicialmente.
El Primer Mandatario junto con las ministras de Salud y Educación, Ximena Garzón y María Brown, respectivamente, lideraron la inoculación a menores de edad que se realizó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Al finalizar el recorrido en la unidad educativa los miembros de la prensa le solicitaron al Presidente un espacio para despejar algunas inquietudes, en ese instante el periodista Jorge Escobar de RTS le preguntó: “en materia política, ayer la Presidente de la Asamblea no dijo cuándo iba a convocar al pleno para el informe de Pandora Papers porque hay un informe de mayoría y minoría, Presidente”, justo en ese instante, algún funcionario no identificado de la Secretaría de Comunicación decidió cortar la transmisión en vivo.