En cadena nacional el Presidente Guillermo Lasso anunció nuevas medidas adoptadas por su gobierno frente a los altos niveles de inseguridad que se viven actualmente en el país y que desde el Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones de Derechos Humanos consideramos sumamente alarmantes, pues han sido enmarcadas en un irresponsable llamado presidencial de “guerra” entre ciudadanos y delincuencia, olvidando las violaciones de tratados internacionales de DDHH que esto conlleva.
El Decreto 707 emitido el pasado 01 de abril del presente año autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de Ley y reglamentos. Desde el Observatorio de Seguimiento señalamos que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la obligación de los Estados de garantizar la creación de condiciones necesarias para impedir vulneraciones al derecho fundamental a la vida, pues de vulnerarse carecen de sentido de los demás derechos.
Lamentablemente, el contenido del Decreto 707 ubica en situación de riesgo el respeto de este derecho, pues legitima el uso de armas de uso civil para defensa propia, las cuales acorde a Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, involucra armas de fuego, es decir armas de uso letal, que acorde al Decreto podrán ser usadas a libre criterio de la ciudadanía en aquellos casos en los que consideren que se encuentran en una situación de riesgo.
Frente a esto, tanto la Corte Interamericana como nuestra Constitución señalan que la protección interna y el mantenimiento del orden público son potestades que pertenecen únicamente a agentes de seguridad estatal bajo parámetros excepcionales, planificados y limitados que eviten su uso desproporcionado, por lo tanto no puede atribuirse esta responsabilidad a la ciudadanía, especialmente en una sociedad en la que la estigmatización y discriminación de varios grupos es alta, y medidas como estas generan un potencial peligro a sus vidas.
Solo en el año 2022 se registraron 332 muertes violentas por razones de género, de las cuales el 32% responden a ataques con armas de fuego. Es por esto, que recordamos el grave riesgo que implica para la vida de las mujeres la libre tenencia y porte de armas en una sociedad cuyos niveles de violencia contra la mujer aumentan cada año, debido a la falta de acción estatal e inoperancia judicial.
Como Observatorio de Seguimiento rechazamos las declaraciones realizadas por el Presidente de la República, así como la emisión del Decreto 707, por ser contrario a estándares internacionales de Derechos Humanos y a la propia Constitución, pues implica la vulneración de derechos fundamentales, tales como la vida y la integridad personal. Por lo tanto, exigimos al Presidente derogar las medidas tomadas, así como adoptar acciones concretas a la problemática de seguridad ciudadana que respete los DDHH, y no más propuestas populistas que terminan generando un mayor grado de afectación al país.
El Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones de Derechos Humanos se encuentra conformado por: Fundamedios, Fundación Nos Faltan 3, ASFADEC, Fundación IR Iniciativa para la Reinserción, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Desafío, Fundación Mil Hojas y Diálogo Diverso.