El sexto examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos se inició este 27 de junio del 2016, en Ginebra, Suiza. Este órgano de las Naciones Unidas, conformado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, analiza la situación del país hasta el 28 de junio. La sesión inició con un encuentro de los expertos con representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Manuela Picq, en representación de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), relató a los miembros del Comité la situación de persecución que viven los indígenas en el Ecuador. Denunció que el Estado criminaliza de forma constante la protesta social y dio detalles de su caso en particular: ella fue expulsada en 2015 del país después de una protesta contra el Régimen. “El informe de Ecuarunari, Conaie, Frente Popular y otras organizaciones indica que hay más de 700 personas criminalizadas y tres asesinatos. Activistas y trabajadores detenidos, estudiantes torturados, profesores criminalizados. La mayoría de víctimas son de pueblos indígenas, que defienden los derechos de las naturaleza contra empresas extractivistas”, señaló.
En la misma línea, el director de Fundamedios, César Ricaurte, presentó las afectaciones a la prensa y la libertad de expresión, tras tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el país. Enfatizó que en Ecuador, según cifras oficiales, se han abierto 896 procesos en contra de medios y comunicadores, con 550 sanciones, según cifras oficiales. “Dos de cada tres procesos son iniciados de oficio por la Superintendencia o por denuncias provenientes de funcionarios públicos. La censura se hace presente cada día a través de los contenidos impuestos por los funcionarios, quienes abusan de las réplicas y rectificaciones, además de la transmisión periódica de cadenas nacionales”, acotó.
En nombre del movimiento Ruptura listas 25, Walleska Pareja manifestó que el Ecuador es un país donde el Gobierno, el poder Ejecutivo y el movimiento oficialista no se distinguen entre sí y cometen abusos que afectan los derechos de participación. política de forma constante.
Por su parte, la abogada y activista Silvia Buendía habló en defensa de los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) y el matrimonio igualitario. Buendía denunció que en Ecuador los casos de maltrato a esta población vulnerable se mantienen como una constante, lo que evidencia la necesidad de dictar políticas para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pidió que estas políticas se tornen en acciones concretas. Además se refirió a casos de las llamadas “clínicas” que ofrecen “curar” la homosexualidad y las negativas del Registro Civil a cambiar sus servicios y políticas en cuanto a la situación de esta población minoritaria. También resaltó otro obstáculo para las organizaciones sociales. Se trata del Decreto 16, que impide a las organizaciones participar en actividades políticas, so pena de ser disueltas. “El Gobierno ecuatoriano ve como enemigo a cualquier organización que no se alínea a rajatabla a su discurso y lo critica; llama a esto hacer política”, declaró.
En representación de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador, Luis Verdesoto solicitó al Comité que haga recomendaciones al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, dijo que sería necesario derogar la Ley Orgánica de Comunicación, dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre y evitar el cierre de ONG sin respeto al debido proceso, respetar a la libertad de sindicalización, entre otros.
Por último, el titular de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) Ramón Muñoz Castro resumió la situación que viven los defensores de derechos humanos, líderes sociales, indígenas, periodistas, comunicadores. Alegó que son objeto de persecución y de estigmatización permanente por parte del Estado ecuatoriano. “Los defensores son espiados y acosados constantemente. Sus cuentas de Twitter y las diferentes redes sociales son intervenidas”, dijo.
La delegación del gobierno ecuatoriano ante el Comité estuvo presidida por el canciller Guillaume Long. En su intervención, insistió en que se ha avanzado en medidas para garantizar los derechos consagrados por los instrumentos internacionales y por la Constitución de la República, al ser parte de los instrumentos vigentes sobre Derechos Humanos del Sistema Interamericano y las Convenciones del Sistema Universal. Long enfatizó supuestos avances a lo largo de estos 10 años en reducción de pobreza, transformación y fortalecimiento del sistema judicial en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, Estado intercultural, derechos de las personas con discapacidad, en movilidad humana, a la participación en asuntos públicos, a la libertad de expresión, el caso de Julian Assange, la prohibición de la tortura y la trata de personas.
En relación a la sociedad civil, aseguró que el Estado cree en ella. “Pero hay que tener mucho cuidado que la denominación ‘sociedad civil’ no sirva de disfraz. Hoy, cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática, puede autoproclamarse defensor de los DDHH, crear una ONG con dos o tres personas, y ser recibido en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso a veces con mayor credibilidad que los Estados”, aseguró. “Tenemos que estar muy conscientes que la sociedad civil que viaja, se hace presente en todos los foros, con sus numerosos nexos y fuentes de financiamiento internacionales, no es necesariamente un espejo de la sociedad, ni representa a nadie más que a ellos mismos y los intereses de quienes los financian”, añadió.
En la etapa inicial del examen, los expertos del Comité cuestionaron a Ecuador sobre el uso excesivo de la fuerza en el caso de Manuela Picq y manifestantes pacíficos en 2015, el proceso judicial sobre el caso de Los 10 de Luluncoto; así como los avances para frenar el abuso policial y la tortura en las cárceles. Así también manifestaron su preocupación por la amplitud del ámbito de aplicación de las normas penales con respecto a sentencias por terrorismo y sabotaje.
Los expertos además pidieron al Gobierno información sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciones por discriminación de género, datos sobre centros de “rehabilitación” para homosexuales y las medidas en su contra, y el uso del estado de excepción. Además solicitaron detalles de los procesos penales en contra de decenas de mujeres por haberse practicado un aborto. El Estado no concretó respuestas y afirmó reiteradamente que enviará información escrita en las próximas 48 horas.
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