Representantes del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Usuarios Digitales, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Fundamedios y el caricaturista Bonil expusieron esta mañana la situación de la libertad de expresión en el Ecuador durante el 154º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Por tercera ocasión el Estado ecuatoriano no acudió a la cita. Rose-Marie Antoine, presidenta de la Comisión, y Édison Lanza, relator por la Libertad de Expresión, lamentaron dicha ausencia y mencionaron que han seguido de cerca la situación de Ecuador.
“Desde la última audiencia temática sobre la materia, las agresiones y amenazas contra periodistas, medios y ciudadanos comunes se han incrementado dramáticamente: 46% en comparación con 2013. Durante 2014 se reportaron 254”, informó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Ricaurte agregó que este incremento se debe a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, normativa que a criterio de la CIDH y su Relatoría Especial, contradice estándares internacionales.
Vicente Ordóñez, presidente de la UNP; manifestó que la preocupación latente de los periodistas ecuatorianos “es el estado de indefensión en el que nos encontramos.» «Estamos sometidos a un tribunal especial creado por ley para juzgarnos. El gobierno hace alarde de que no hay periodistas presos en el país. Claro, ese nunca fue su objetivo porque causaría vergüenza internacional. Lo que busca es someter a la prensa. La estrategia es sencilla. Hay decenas de colegas periodistas que actualmente enfrentan procesos civiles, penales y administrativos por su ejercicio profesional”, agregó Ordóñez.
Santiago Guarderas, Director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mencionó que en los procesos administrativos que ha llevado adelante la Supercom se han violado “abiertamente las garantías al debido proceso y se desconocen los estándares internacionales sobre libertad de expresión”. Destacó además la desproporcionalidad de las sanciones impuestas por la Supercom, que en muchos casos provienen de una interpretación extensiva y análoga de la norma.
Mientras que Alfredo Velazco, miembro de Usuarios Digitales, abordó las preocupaciones que ha generado la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada en febrero pasado. Esta normativa, explicó Velazco, “consagra tres elementos que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión: la creación de una Agencia de Control dependiente del poder, la implementación de la subjetividad que limita derechos, y la afectación al principio de la neutralidad de la red”.
Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios, informó sobre la situación de la libertad de expresión en internet en el Ecuador. Presentó los casos de ciudadanos cuya información fue difundida por el Presidente de la República, violando su derecho al anonimato y a su protección de datos personales. Citó además el caso de Crudo Ecuador, acosado y presionado por el Gobierno. “Esta persona fue amenazada a través de las redes sociales, pero además, recibió un ramo de flores y una nota anónima”.
Finalmente, el caricaturista Xavier Bonilla, procesado en dos ocasiones por la Supercom, expuso cinco pedidos a la CIDH:
- Primero: Dado que son varios años sin que se concrete una visita in loco, y considerando que la situación de la libertad de expresión sufre un acelerado deterioro, solicitamos a Ustedes la conformación de un grupo especial de trabajo que visite Ecuador, constate la situación antes expuesta y elabore un informe.
- Segundo: Pedimos se realice un estudio sobre la situación de los derechos digitales en la región, y desarrolle estándares sobre la materia.
- Tercero: Solicitamos se realice un pedido de opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre el alcance del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en relación al ciberespacio.
- Cuarto: Requerimos que se haga seguimiento al proceso de enmiendas constitucionales que se impulsa en Ecuador y se pronuncie respecto a si categorizar a la comunicación como servicio público es compatible con los estándares internacionales de la materia.
- Quinto: Solicitamos se recomiende al Estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y para que sus autoridades administrativas lleven adelante el control de convencionalidad en los procesos que dirige.
Lea el documento con las intervenciones completas de los peticionarios en español o en inglés.