Otro periodista ecuatoriano tuvo que ser reubicado fuera de su ciudad de origen, luego de que él y su familia recibieran serias amenazas en contra de su vida.
La víctima, cuyo nombre se mantendrá en reserva por seguridad, recibió amenazas de muerte directas, tras remover a una persona de un chat grupal de WhatsApp del medio de comunicación que él dirige, por infringir las normas de comportamiento internas.
Posteriormente, el periodista recibió nuevas amenazas de parte de integrantes de un grupo de delincuencia organizada (GDO), que lo acusaban de cubrir sólo delitos de ese grupo delincuencial y no de otras bandas, dando a entender que tenía preferencia por difundir hechos criminales de un bando y así perjudicar al contrario.
La zona de donde proviene el periodista es considerada una de las más peligrosas del país. En ella, ciudadanos y funcionarios públicos son amenazados y asesinados sin que las fuerzas del orden hayan podido tomar control de la violencia o provean seguridad. Allí las autoridades judiciales tampoco han tomado ninguna acción que haya permitido dar con los responsables de estos crímenes. La zona está claramente identificada como de disputa de sus territorios por las bandas criminales.
El periodista presentó inmediatamente una denuncia ante la Fiscalía por el delito de intimidación. Luego, sus familiares recibieron una amenaza directa a través del servicio de mensajería de una red social, en donde les decían que conocían su dirección y que los tenían en la mira.
Pese a lo evidente de las amenazas, la violencia y el riesgo inminente para el periodista y sus familiares, no se ha llevado adelante ningún tipo de diligencia. Asimismo, se puso el caso en conocimiento del Ministerio del Interior, y se solicitó la activación de medidas de protección para los familiares, pero no ha habido respuesta ni se ha tomado contacto con ellos.
Las organizaciones y periodistas integrantes de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) rechazamos enfáticamente estos actos y exigimos a las autoridades la celeridad necesaria para salvaguardar la integridad personal de la víctima y de sus familiares. Esto, mientras se llevan adelante de forma ágil las investigaciones y determinación de responsabilidades.
Exigimos también al Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación que se implemente de inmediato el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.
Asimismo, exhortamos a la Fiscalía General del Estado a que desarrolle directrices internas que obliguen a los fiscales a integrar el oficio periodístico como el móvil de estos delitos, y a no cesar las investigaciones hasta dar con los autores intelectuales y no sólo materiales de ciertos delitos, pues ello implica una vulneración al derecho a la reparación integral y a la verdad.
El Estado en su conjunto tiene la obligación, de acuerdo con la Constitución de la República y a una serie de instrumentos internacionales y recomendaciones directas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de proteger y ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador.