Como parte de la jornada «Periodismo y libertad de expresión en América Latina», se presentó el libro La ley y la palabra: criminalización de la expresión en América Latina. Participaron en el panel las autoras, María Dolores Miño, de Fundamedios, y Agustina Del Campo, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de Argentina, junto al periodista hondureño Héctor Becerra, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El texto recoge un análisis fáctico general sobre la situación de la criminalización de la expresión en varios países de la región; fue realizado a partir de la observación de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libre expresión. Mediante la exposición no exhaustiva de decisiones judiciales, estándares interamericanos y reformas legales, el trabajo brinda al público una perspectiva actual sobre la interpretación que los tribunales han dado a la imposición de restricciones al derecho de emitir, buscar y recibir información.
María Dolores Miño inició la presentación destacando la importancia de los instrumentos internacionales para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Señaló además que hay ciertas restricciones que son efectivamente compatibles con el derecho a la libre expresión, pero que para ello se debe cumplir con un análisis denominado «test tripartito», que consiste en considerar la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad de la norma restrictiva. Destacó que aún hay países que, como el Ecuador, mantienen las figuras penales del desacato, la injuria y la calumnia, sin considerar que estas son totalmente incompatibles con los estándares internacionales.
Por su parte, Agustina Del Campo se refirió a la experiencia argentina de la despenalización de la opinión. En su exposición, analizó los casos que su país ha afrontado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por restricciones a la libertad de expresión de ciudadanos y periodistas: Verbitsky, Kimel y Fontevecchia y D’Amico. Se refirió además a casos emblemáticos que se han ventilado en la justicia local y que han sentado precedentes en la materia.
Finalmente Héctor Becerra se refirió al último informe anual denominado «Silencio Mortal: la máxima censura», en el que se describe la situación de la libertad de expresión y prensa en Honduras, destacando la renuncia prolongada del Estado a investigar, juzgar y castigar la violencia de la que son víctimas los periodistas y comunicadores. Informó asimismo que en 2011 se produjeron 98 agresiones, fueron además asesinados seis periodistas y una fuente mediática recurrente.
El momento principal de la jornada fue la conferencia magistral «Derechos humanos y su situación actual en la región» a cargo del doctor Pedro Nikken, exmagistrado y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su exposición, además de hablar sobre la importancia de los derechos humanos, su evolución y progresividad, destacó el rol que han jugado los organismos interamericanos en la defensa de los mismos desde los tiempos en que países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares. Se refirió también a la importancia de las acciones del sistema en beneficio de los ciudadanos, en especial a las medidas cautelares que buscan protegerlos ante inminentes violaciones a los derechos y libertades por parte de los Estados.
Al tratar sobre los últimos acontecimientos relativos a las reformas propuestas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señaló que estas no tienen como fin último fortalecerlo como corresponde, sino -por el contrario- destruir lo que por años ha sido un modelo de protección para el mundo entero, destacando la labor del venezolano Rómulo Gallegos en la defensa de los derechos y libertades fundamentales en la región. Finalizó su intervención motivando a la sociedad civil a participar del debate y a verlo como una oportunidad más que como una amenaza para, efectivamente, fortalecer la única herramienta supranacional a la que los ciudadanos pueden acudir cuando los Estados no los protegen. «Sí, hay que hacer cambios, pero en beneficio de las víctimas, no de los Estados», señaló Nikken.