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Periodistas suman esfuerzos contra reformas que impiden su trabajo en elecciones

Abr 24, 2012 | Comunicados

La Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios),  la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), junto a profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, pidieron este martes 24 de abril al juez Alfonso Luz Yúnez, magistrado de la Corte Constitucional (CC), que declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales que limitan el trabajo de los periodistas en elecciones.

Los representantes de estas organizaciones estuvieron en la sala de audiencias de la Corte Constitucional, donde  también se dieron cita representantes de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General del Estado. Asimismo participaron asambleístas de diversos sectores políticos que impugnaron la forma de repartición de escaños determinada en la reforma electoral.

El magistrado  Yúnez, quien escuchó todos los alegatos, será el encargado de emitir un informe sobre el caso que pasará al pleno del organismo de control para su resolución.

De su parte, a través de un boletín de prensa, el Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE) reiteró su pedido a la CC de declarar la inconstitucionalidad de la reforma electoral que restringe el trabajo de los periodistas en elecciones. Con las firmas de 224 periodistas, el FOPE expuso en enero pasado la preocupación de que la reforma electoral produzca una prensa silenciada durante la campaña y afecte seriamente el derecho de los ciudadanos a tener los elementos informativos necesarios que le permitan tomar decisiones en democracia.

Las organizaciones periodísticas impugnan especialmente el artículo 203 del Código de la Democracia, numeral 4, que establece que «los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta , ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje , que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

Durante su intervención Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, recalcó que la reforma electoral promueven la censura previa, lo que atenta contra la Constitución Política. “Esta reforma no afecta a los medios de comunicación social ni a los propietarios, sino a los ciudadanos”, cuestionó.

De inmediato tomó la palabra Santiago Guarderas, abogado de la UNP, quien tras un análisis legal de las normas impugnadas, reiteró  que éstas impiden que los medios de comunicación puedan informar sobre cualquier candidato de forma libre y responsable.  “Una sociedad mal informada no es plenamente libre”, sostuvo.

De su parte, la abogada de la Universidad San Francisco de Quito, Daniela Salazar, a nombre de César Ricaurte de Fundamedios, Diego Cornejo de la AEDEP, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita,  explicó que  las normas impugnadas establecen la censura previa al trabajo de los periodistas y comunicadores durante períodos electorales y que son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatario.

“En una democracia es indispensable que los ciudadanos puedan opinar, debatir y ser informados con la mayor libertad de todos los aspectos relacionados con el proceso electoral sin temor a ser sancionados por ello”, explicó Salazar, quien pidió a los magistrados hacer prevalecer a la libertad de expresión como derecho humano fundamental.

En una breve intervención César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, destacó el rol que tiene el periodismo en una democracia y dijo que para ejercer su papel el periodismo no puede ser controlado por el gobierno. “Solo una prensa libre puede contribuir a una libertad individual en una sociedad”, señaló.

Finalmente intervinieron Pablo Vásquez, a nombre de la Asamblea; Vicente Terán, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República; y Andrés Castillo, de la Procuraduría del Estado. Vicente Terán explicó que lo único que pretende el veto presidencial es que todos los ecuatorianos tengan derecho a acceder a una información, veraz, completa y oportuna también fundamentos para la democracia. Sostuvo que se quiere poner fin a las “infidencias perniciosas” de medios de comunicación convertidos en actores políticos.

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