Representantes de la delegación de Ecuador, que, el 25 de octubre, participaron como peticionarios en la Audiencia sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, rechazaron la campaña de descrédito iniciada por el gobierno en su contra y se ratificaron en los cinco pedidos hechos ante la Comisión, durante una rueda de prensa ofrecida el 31 de octubre, en las instalaciones de la Unión Nacional de Periodistas.
César Ricaurte, director de Fundamedios y uno de los peticionarios dijo que el Estado tiene que comprender que quienes van a la CIDH lo hacen como víctimas de violaciones a derechos fundamentales y como defensores de derechos humanos en búsqueda de protección, por lo que rechazó las cadenas y descalificaciones emitidas por parte del gobierno y aseguró que al hacerlo, estarían incumpliendo con el artículo 63 del Reglamento de la CIDH que dice lo siguiente:
«El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión».
El periodista Christian Zurita enfatizó además, en la necesidad de que el gobierno de Ecuador haga una invitación oficial a los miembros de la CIDH para que puedan visitar el País y constatar la situación de la libertad de expresión.
Asimismo, Zurita, periodista y co autor del libro «El gran hermano» se ratificó en los cinco pedidos hechos ante la CIDH, los cuales cabe recordarlos:
1. Que realice una visita in loco a Ecuador para constatar la situación de los derechos y libertades. Para ello pedimos que el Gobierno ecuatoriano en este mismo espacio formalice la invitación a los Comisionados y a la Relatora Especial.
2. Que los Comisionados y la Relatora Especial hagan un seguimiento permanente sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador y elaboren un informe con recomendaciones al respecto.
3. Que se tenga especial atención a las peticiones de medidas cautelares y provisionales relacionadas con casos que ocurran en Ecuador.
4. Que se exhorte al Presidente y sus ministros a desistir de los procesos contra periodistas y medios de comunicación, así como a retirar el proyecto de Código Penal entregado a la Asamblea Nacional debiendo ajustarse esta norma a los estándares internacionales de derechos humanos.
5. Que se realice un seguimiento del proceso de reestructuración de la justicia, para garantizar su independencia como pilar fundamental de la democracia.
El líder indígena Pepe Acacho, acusado de sabotaje y terrorismo por hechos ocurridos cuando era director de Radio La Voz de Arutam, y el propietario de la silenciada radio Voz de la Esmeralda Oriental Canela, Wilson Cabrera, hablaron acerca de sus respectivos casos y los motivos por los que fueron impedidos de salir del país por una orden de arraigo y que los impidió estar presentes en la Audiencia en Washington.
Acacho enfatizó en que en el país se está criminalizando de la protesta social y cuestionó que ha pasado más de un año de su proceso judicial y todavía no se ha conformado el tribunal. Además, comentó que una demanda por daño moral que entablaron en contra del Presidente Rafael Correa hace más de un año, no ha avanzado de ninguna forma.
En tanto, Wilson Cabrera comentó acerca de las irregularidades del proceso por el cual le retiraron la concesión de la frecuencia y del repentino impedimento de salida del país, cuyos motivos aún se están investigando.
La rueda de prensa, contó con la presencia de Diego Cornejo, director ejecutivo de la AEDEP; César Ricarte, director ejecutivo de Fundamedios; el dirigente indígena Pepe Acacho así como los periodistas: Wilson Cabrera; Mónica Almeida, jefa de redacción de El Universo y Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano.