La Consulta Popular fue una manifestación del pueblo, la que debe ser leída con acierto, deliberadamente, buscando acuerdos de aplicación del criterio y de la norma. El pueblo se manifestó.
La Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos PDDHE expresa su profundo regocijo por la realización de la Consulta Popular, en tanto mecanismo democrático directo, en que el pueblo participó responsable y confiadamente para expresar sus criterios y decisiones sobre asuntos de importancia institucional y de desarrollo de la Nación. La consulta se desarrolló en un ambiente pacífico, siendo destacable que los votantes esperaron tranquilamente los resultados, dentro de un nuevo ambiente de distensión.
La consulta popular es un mecanismo de democracia directa previsto en el ordenamiento jurídico que apela a la decisión popular en circunstancias específicas. En nuestro caso, la consulta bajo iniciativa del Ejecutivo permitió superar bloqueos institucionales que habían impedido algunas reformas imprescindibles para la democratización en curso o acelerar la vigencia de normas necesarias para el convivir nacional.
Sin embargo, la expresión directa del pueblo no puede ni debe ser reutilizada por ningún actor político ni institucional para, de modo solapado, introducir temas que no fueron materia de la consulta o criterios que subrepticiamente distorsionen la manifestación de voluntad.
Los resultados de la Consulta Popular expresan tres bloques de resultados, acerca de los cuales interpretamos matices dentro de un pronunciamiento favorable al SI.
Los asuntos relativos a la muerte civil de los corruptos y la imprescriptibilidad de los crímenes sexuales contra los niños recibieron la mayor aceptación y, a no dudarlo, lograron el apoyo enérgico de la población para su inmediata aplicación mediante la respectiva reglamentación legal.
Consideramos importante que, especialmente en el caso de la muerte civil, pueda contarse con esos instrumentos jurídicos para evitar la malversación de su aplicación para el caso de las próximas elecciones locales.
Los temas relativos a minería metálica y no metálica también reciben de nuestra parte similar observación acerca de, por un lado, los ámbitos de aplicación y, por otro lado, cuidado en la interpretación abierta e ilimitada para con el extractivismo irrespetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza.
Sobre la normatividad de plusvalía, apelamos a que tanto el Gobierno como la Asamblea Nacional sepan reconocer el mandato popular y su contenido. La decodificación tramposa de la expresión popular incidirá en restar credibilidad y confianza en el sistema político y en las autoridades.
La principal regulación institucional hace relación a la prohibición de la reelección indefinida. Consideramos, de una parte, que la reelección facultada por una sola vez, concilia adecuadamente los principios de alternabilidad y estímulo social a la buena gestión; y, de otra parte, aplaudimos efusivamente que la sociedad haya puesto un límite infranqueable a la reproducción eterna del caudillismo, siendo que le permite al sistema político planificar adecuadamente la reforma de las instituciones que cohonestaron a la corrupción y a la concentración de poderes. Y fundamentalmente, se ha dado satisfacción a la demanda oprimida en 2015 de la sociedad de ser consultada directamente en el tema.
Acerca de la aprobación del Consejo de Participación Transitorio adjuntamos a la presente la carta no-pública que enviamos al Presidente de la República antes de la realización de la consulta haciéndole conocer nuestros reparos, la misma que hoy ponemos en conocimiento de la Nación. Evitamos darla a publicidad justamente para evitar cualquier distorsión electoral y en congruencia de nuestra posición de que un punto de convergencia amplio de la ciudadanía consistía en dar por terminado el período de los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, símbolos inequívocos de la complicidad por pasividad con la corrupción y de servicio irrestricto con el autoritarismo.
El resultado de la consulta representa una nueva coalición social como soporte de la legitimidad para la gestión pública y, especialmente, del Presidente de la República. Es de esperar que sabrán leerla con profundidad y amplio espíritu de concertación.
Por otra parte, esta consulta es solo un paso adelante para la transición democrática. Debe complementarse con otros temas igualmente importantes, entre otros, profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad, realizar las reformas necesarias para tener una justicia proba e independiente, desmontar y eliminar el aparato de espionaje sobre la ciudadanía de la SENAIN, tener normas de comunicación acordes con los estándares internacionales de derechos, y garantizar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos estará vigilante junto a las organizaciones que la integran y en conjunto con otros colectivos de la sociedad civil para poner todos sus instrumentos de escrutinio y control social con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento democrático del mandato popular.