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Por qué es importante la Ley de acceso a la información pública y transparencia en Ecuador

Ene 26, 2023 | Actividades, Comunicados

Ecuador, 25 de enero de 2023·  El foro ‘Ecuador se prepara para tener una nueva Ley de acceso a la información pública’ se llevó a cabo esta semana, moderado por el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte. Las panelistas: Sonia Romero, coordinadora del área legal de Fundamedios; Mónica Almeida, jefa de la unidad de investigación de Diario El Universo; y Sofía Vazquez, especialista en asuntos regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

A partir de 2000, en América Latina se aprobó una serie de leyes que garantizaban el derecho al acceso a la información pública. En esta nueva década, los países están discutiendo una actualización de estas normativas, moldeandose a la Ley 2.0 de la OEA, que tiene como objetivo incorporar las nuevas tecnologías.

Desde 2019, Fundamedios ha trabajado activamente en la promoción de una nueva Ley de acceso a la información pública y transparencia, que contenga reformas sustanciales a la Ley aprobada en 2004 y que se encuentra vigente.

El año pasado esta organización elaboró el informe ‘Un tren de largo recorrido. Hacia la aprobación de una nueva Ley de acceso a la información pública de Ecuador’  y que contó con el apoyo de la fundación alemana Friedrich Naumann. Ahora este reporte se encuentra disponible en nuestra página web:

https://www.fundamedios.org.ec/wp-content/uploads/2023/01/Informe_2023-.pdf

 La Asamblea aprobó la nueva Ley en noviembre de 2022. El Ejecutivo, en enero de este año, envió un veto parcial, considerando la creación de una autoridad que garantice el acceso a la información. Fundamedios aplaudió este hecho, pues ha sido un pedido expreso de la organización desde hace varios años.

 En el foro, Sonia Romero comentó que el derecho de acceso a la información es transversal a los demás Derechos Humanos. Según Romero, en Ecuador se ha malentendido este derecho con un proceso burocrático, desnaturalizando su finalidad. En el trabajo con Fundamedios ella resalta la identificación de nudos críticos que contiene la Ley vigente: “Se debe contar con una autoridad independiente, autónoma, que tenga una facultad sancionatoria, y que permita garantizar el cumplimiento de la normativa, algo que no ha sido posible hasta la actualidad”, puntualizó. La abogada también indicó que el veto del Ejecutivo “acertadamente crea una nueva entidad rectora”, para dar cumplimiento a la Ley.

 La periodista Mónica Almeida dijo que la información “sigue siendo una dádiva del funcionario de turno”. Calificó de “lamentable” que no se encuentre enraizada en el país la idea de transparencia. Según Almeida, el acceso a la información ha sido una lucha constante, dado que todo depende de la predisposición del funcionario para transparentar su trabajo. “En la época del correato, tuvimos un retroceso muy fuerte porque, agarrándose de ciertos artículos de la Ley, pero sin citar el segundo inciso, le negaban a uno la información. Ahí no valía llevar una demanda a la Corte, porque con el control que se tenía de la justicia no era posible. Ese esquema ha quedado”, comentó. Y el problema que ella identifica es que no hay responsables, ni los periodistas tienen a quién acudir en caso de que no se cumpla su derecho. Además, puntualizó que los datos publicados en la web no funcionan y evitan que los periodistas realicen investigaciones sustentadas. Ella hizo énfasis en que existe una cultura de secretismo.

Desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Sofía Vazquez indicó que el derecho de acceso a la información pública y transparencia está ligado al concepto de democracia y ahí radica su importancia. “Es imposible concebir un Estado en el que exista información privilegiada o secreta. Sin descuidar lo que la Constitución establece como información reservada”, dijo.

Ella comentó que en 2021 se aprobó la Ley de Datos Personales y podría generar conflicto con la nueva Ley de acceso a la información; esto, porque la protección de un derecho podría significar la vulneración del otro. Indica que existe información que contiene datos personales y se debe tener cuidado con el tema. Vázquez dijo que este tema se tomó en la objeción parcial enviada por el Ejecutivo. Habló también de la Superintendencia de Datos Personales y agregó que el Gobierno sugirió que este sea el órgano rector.

Las panelistas coincidieron en la necesidad de una entidad que tenga capacidad sancionatoria para generar una garantía real del derecho de acceso a la información. Así también los ciudadanos podrían acudir a un órgano rector y demandar el cumplimiento de la Ley. Finalizaron recomendando a la Asamblea que se allane al veto enviado por el Ejecutivo en lo correspondiente a la autoridad rectora, para que se pueda eliminar la falta de transparencia en las instituciones públicas. “La información pública pertenece a los ciudadanos”, concluyó César Ricaurte.

 

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