Cambios en el ambiente y una transición lenta. Así se podría resumir el primer año del gobierno de Lenín Moreno quien, desde un inicio, marcó un estilo distinto; abierto al diálogo y sin confrontación. Para el estado de la libertad de expresión, el bajar la polarización y el nivel de confrontación con la prensa fue una buena señal a la que hay que sumar hechos como la eliminación de los enlaces ciudadanos -como espacios de ataque y estigmatización a periodistas y ciudadanos críticos al poder-, el refrescamiento y cambios en la línea editorial de los medios en manos del Estado -acostumbrados a atacar y hacer campañas para descalificar a quienes pensaban distinto, la destitución del cuestionado Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y el envío de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con la respectiva eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidad que, desde su creación en octubre de 2013, se dedicó a sancionar y multar a los medios.

Las sanciones contra los medios de comunicación, el uso abusivo del poder estatal y las agresiones verbales, que en el gobierno de Rafael Correa ocupaban los primeros lugares, pasaron a un segundo plano. Con la salida de Carlos Ochoa de la SUPERCOM y las críticas a esta entidad, las multas y sanciones casi desaparecieron y el uso y abuso del aparataje estatal dejó de sumar cifras relevantes. Lo mismo ocurrió con las agresiones verbales que disminuyeron su intensidad tras el cambio de mando de gobierno y la eliminación de las llamadas sabatinas.

Sin embargo, esto no significa que las agresiones mencionadas no se produzcan, o que el total de agresiones dejen de ser preocupantes, de hecho, el 26 de marzo de 2018, el Ecuador vivió uno de los episodios más graves y tristes en la historia del periodismo con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, plagiados en la localidad de Mataje, ubicada en la frontera norte, en Esmeraldas por parte de grupos armados disidentes de las FARC, cuando ellos realizaban su trabajo de cobertura en la zona.

Además de este lamentable hecho, durante este primer año de gobierno de Moreno, los principales ataques se centraron en la vulneración a los derechos digitales, con hackeos, censura en internet, así como agresiones físicas, que en su mayoría, fueron perpetradas por agentes externos al Estado. Justamente, por hechos como lo ocurrido con el equipo periodístico y anteriores atentados en la frontera norte, que han cobrado la vida de cuatro militares, la principal preocupación de los últimos meses ha sido la inseguridad y el narcotráfico.

Por otra parte, a través del espacio de rendición de cuentas ¨El Gobierno informa¨ que se transmite todos los lunes, desde el 12 de junio de 2017 hasta el 14 de mayo del 2018 – primer año de gestión del presidente de la República, Lenin Moreno – se han realizado 47 enlaces, que suman 454 minutos con 1 segundo, lo que representa un total de 8 horas de un día laborable.

Los temas que más se trataron en este espacio fueron los políticos, específicamente los relacionados a la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y el informe sobre las actividades semanales del presidente Moreno y sus ministros.

Otro de los ámbitos desarrollados en “Ël Gobierno Informa” fue el aspecto social, como: Casa para todos y Misión Manuela Espejo. Y también los planes: Agua para todos y Menos pobreza más desarrollo. 

Un año en cifras

El primer año de Lenín Moreno, contabilizado desde el 24 de mayo de 2017, hasta este 24 de mayo de 2018, registró un total de 156 ataques a la libertad de expresión. Una cifra que solo se equipara al número de agresiones registradas en los inicios del correísmo, cuando, en 2009, 2010 y 2011, se reportaron 103, 151 y 156 casos, respectivamente, contrastando con las cifras de 2015 y 2016, que cerró con 499 y 491 casos. Años que representaron la época más violenta para la libertad de expresión en el Ecuador, desde que se llevan registros.

2017 fue un punto de inflexión, ya que, además del cambio de gobierno que ocurrió el 24 de mayo de 2017,  fue el primer año en donde se dio una baja en las cifras de agresiones, con 297 casos.

En marzo, abril y mayo de 2017, los últimos meses del gobierno de Rafael Correa, se reportaron 113 ataques, en contraste con los primeros tres meses del gobierno de Moreno, en donde ya se evidenció una caída mayor al 50% de las agresiones, con 54 casos, entre junio, julio y agosto. Desde ese momento ya se vio una tendencia a la baja en las cifras de ataques.

La principal agresión en este primer año de gobierno de Moreno se dio en el mundo del ciberespacio, por vulneración a los derechos digitales, con 40 casos. Dentro de estos, se incluyen 17 ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; 17 hechos de censura por internet y 6 de hackeos a portales de medios nativos digitales, así como a portales de medios tradicionales.

En este apartado cabe mencionar casos como las ciberamenazas que cada vez han ido reemplazando a las amenazas tradicionales. Es el caso ocurrido el pasado 15 de octubre de 2017 en contra de la periodista y conductora del espacio de entrevistas Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, Janeth Hinostroza. Desde la cuenta de Twitter “Alerta-911”, presumiblemente troll, se amenazó a la periodista con “meterle un tiro”. El hecho ocurrió en medio de una discusión entre Hinostroza y el exfuncionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom, Roberto Wohlgemuth. La periodista lo increpó en la red social por su defensa al vicepresidente Jorge Glas, quien ha sido investigado por actos de corrupción relacionados a la empresa Odebrecht,.

En segundo lugar se ubican las agresiones físicas, con 26 casos. De estas, el mayor número se concentra en ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos; 9 por actos de intimidación, acoso o persecución; 5 por impedimentos de cobertura y el hecho más grave de este período, con el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Las semanas más tristes para el periodismo ecuatoriano

El episodio que vivió el Ecuador el pasado 26 de marzo de 2018 ha sido calificado como uno de los más impactantes en la historia del periodismo. La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación SECOM, que informó la madrugada del 27 de marzo, de la presunción de secuestro a los comunicadores. En ese sentido, el gobierno dijo que activó todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los periodistas. “Ministros de Defensa, del Interior y el Fiscal General del Estado se reunieron con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes” apuntó el comunicado oficial.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el ministro del interior César Navas confirmó que el secuestro de los comunicadores ocurrió en la mañana del día anterior, tras pasar un retén de control militar en donde fueron advertidos sobre los peligros de circular en la zona. En su momento, aseguró que los periodistas están bien, que podrían estar en territorio colombiano y que se había dado un primer contacto con los secuestradores, sin dar más detalles. Tras esto, hizo un llamado a los medios a acudir a las fuentes oficiales para obtener la información y anunció que, en este caso, la vocería será exclusiva del Ministro del Interior, a través de la Secretaría de Comunicación. Esa misma noche, periodistas, familiares, amigos y activistas realizaron la primera vigilia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito y en la Plaza San Francisco en Guayaquil. La convocatoria se hizo bajo el hashtag #Nosfaltan3.

El  29 de marzo de 2018,  el ministro César Navas desmintió una información que fue enviada desde medios colombianos en donde se aseguró que se liberó al equipo periodístico. Al respecto, el ahora exMinistro indicó que la liberación es un dato falso y calificó como “una irresponsabilidad” la actuación de los medios colombianos y afirmó que el anuncio entorpeció las negociaciones. Eso lo dijo minutos antes de reunirse con los familiares de los secuestrados.

En la madrugada del 03 de abril de 2018, nuevamente los medios colombianos enviaron información sobre el caso. Ese día, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida, en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación.

En el video casero difundido por Noticias RCN, se observa a los tres hombres con cadenas que rodean sus cuellos y candados, con semblante de preocupación y tristeza. Se escucha a Javier Ortega, periodista secuestrado, decir: “Presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Y también la anulación de ese convenio que tiene Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”.  

Hasta ese momento se conocía de la existencia de dos videos que daban fe de que el equipo periodístico de Diario El Comercio continuaba con vida. En el primero, el cual fue presentado por autoridades ecuatorianas a los representantes de los familiares de los secuestrados, se observa que ellos no están encadenados y se los ve estables, mientras en el segundo las condiciones de los periodistas cambian.

El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, manifestó su profundo malestar. “Rechazamos enérgicamente la mediatización del video por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos el pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación….”, rezaba el documento.

Tras días de vigilias y una escasa respuesta de parte del Estado, los familiares del equipo reporteril de El Comercio se reunieron la mañana del 10 de abril con el Presidente Lenín Moreno y su equipo ministerial en el Palacio de Carondelet y una de las propuestas hechas al Ejecutivo fue aumentar el nivel de comunicación con los captores para estar seguros del estado de salud de los plagiados.

La mañana del 11 de abril medios colombianos como Revista Semana, Radio Blu, entre otros dieron la primera alerta al divulgar un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el suroccidente del país, en el que daban por hecho los asesinatos.  En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia “no quisieron salvarle la vida” a los tres comunicadores secuestrados y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte.

Navas se limitó a desmentir información respecto a que se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. “Hemos realizado operaciones de control permanente pero no ofensivas, y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas secuestrados”, apuntó el Ministro. Sobre este supuesto comunicado, la Secretaría de Comunicación también informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que las autoridades están verificando la información y que una vez que se cuenten con datos verídicos al respecto, lo darán a conocer a través de los canales oficiales.

Tras este comunicado, el 12 de abril llegó a FUNDAMEDIOS fotografías  que dieron cuenta de la situación de los tres comunicadores. Tras recibirlas de manos del medio colombiano RCN, se envió inmediatamente a verificación de las autoridades. Cerca de las 20:00, el ministro del interior, César Navas y el Coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística informaron que se realizaron análisis periciales a las fotografías, y que pudieron concluir que, por métodos pre científicos, las prendas son coincidentes con las dos personas secuestradas y por medio del análisis biométrico del rostro, existe una alta probabilidad de que sea coincidente con la identidad de otro de ellos. Horas más tarde, el presidente Lenín Moreno, quien se encontraba en Lima para la Cumbre de las Américas, anunció su retorno inmediato al país y cerca de la medianoche dio una rueda de prensa en donde dio un plazo de 12 horas para que los secuestradores envíen una prueba de vida de los comunicadores.

Cerca de las 13:00 del 13 de abril y al cumplirse el plazo de 12 horas que dio el presidente Lenín Moreno, el Primer Mandatario confirmó de manera oficial el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. “Lamentablemente tenemos información que confirman el asesinato (…) los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, querían ganar tiempo”, apuntó Moreno, quien anunció que se tomarán medidas enfocadas al combate de estos grupos armados.

Un nuevo comunicado atribuido al ‘Frente Oliver Sinisterra’, al mando de alias ‘Guacho’, anunció el 16 de abril de 2018 la suspensión de cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los comunicadores de diario El Comercio. El documento, que estaba dirigido al Comité de la Cruz Roja y familiares de los periodistas, mencionó cuatro puntos en donde detalló las razones de esta suspensión. Una de ellas es que los gobiernos de Ecuador, Colombia y los “gringos”, insisten en la represión, enviando a más tropas a la zona; también mencionan que los gobiernos de ambos países continúan “secuestrando a gente inocente. Según RCN, el comunicado ya está en conocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos y familiares de los tres periodistas ecuatorianos.

Hasta el cierre de este informe, no ha sido posible recuperar los cuerpos de los comunicadores pese a los pedidos e intentos de diálogo entablados por los familiares de las víctimas, con las autoridades de Ecuador y Colombia. Por esta razón, legalmente, los periodistas están en situación de desaparecidos, no de asesinados

Mientras tanto, los familiares, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia pidieron a la CIDH la conformación de un Grupo de Expertos que acompañe las investigaciones sobre el secuestro y desaparición de los periodistas. Este pedido ha sido aceptado por el Gobierno ecuatoriano y después de una reunión de las familias con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, Colombia también se uniría a la conformación de este grupo investigador.

La disminución de la polarización o la caída de las agresiones verbales 

Las agresiones verbales, con 22 casos. Si bien esta dejó de ser la principal agresión de este período, aún ocupa un puesto importante. Dentro de esta categoría se contabilizan 10 amenazas, 8 Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas y 4 insultos o descalificaciones de particulares, cuando estos generan consecuencias negativas para la libertad de expresión.

De estas, cabe destacar la amenaza más reciente ocurrida el 18 de abril de 2018, cuando la periodista colombiana Herlency Gutiérrez, directora del sistema regional informativo Cardenal, de la ciudad de Valledupar, ubicada al nororiente de la Costa AtlÁntica de Colombia, fue amenazada de muerte por informar y dar cobertura al secuestro y asesinato de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyo crimen se le atribuye a la organización narcoterrorista liderada por alias ‘Guacho’.

Una alerta emitida por la La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) aseguró que momentos después de la finalización de la primera emisión del noticiero, un hombre, que dijo ser integrante del ELN, llamó a la emisora donde trabaja la periodista y le dijo que tenía un mensaje de alias “Guacho”. Le advirtió que debía dejar su cargo y que tenía 72 horas para abandonar la ciudad “porque están hablando mucho de Guacho…”. Según la FECOLPER, una segunda amenaza de este mismo sujeto ocurrió cinco minutos después, cuando el mismo hombre marcó nuevamente e hizo extensiva la amenaza a los miembros de la emisora y ordenó apagar el sistema radial en ese mismo lapso de tiempo, si no quieren que haya consecuencias.

Otro hecho grave ocurrió con la agresión al periodista Roberto Aguilar por parte de Omar Simon, exsecretario de la Presidencia durante el mandato de Rafael Correa, durante la concentración de simpatizantes del expresidente, la tarde del 28 de noviembre de 2017, en los exteriores de la sede del movimiento oficialista Alianza PAÍS. Aguilar fue perseguido, acosado e insultado  por el funcionario, quien cuestionó al periodista por sus crónicas en 4 Pelagatos, y posterior a la denuncia de la agresión, fue calificado de mentiroso y cobarde en redes sociales.

Durante esa concentración, los simpatizantes correístas también agredieron verbalmente a los periodistas que acudieron a cubrir el encuentro con gritos y consignas como “prensa corrupta”, “fuera prensa corrupta”, según se pudo ver en imágenes y videos que circularon en redes sociales.

El inicio del fin de la SUPERCOM y la derogatoria de la «Ley Mordaza»

En cuarto lugar se ubicaron las sanciones a medios de comunicación en aplicación a la LOC. De nuestros registros propios que se desprenden del monitoreo que hace FUNDAMEDIOS, durante el año de gobierno de Moreno, se reportaron 17 sanciones en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación. Una cifra que solía ubicarse en los primeros lugares por tipos de agresión en reportes previos, como lo ocurrido en 2016, cuando se reportaron 168 casos en la SUPERCOM, considerando el subregistro de estas sanciones debido a una falta de transparencia de esa entidad.

De los procesos más polémicos durante el primer período bajo el mando de Moreno, cabe destacar la sanción de Teleamazonas, que el pasado 12 de diciembre de 2017 fue multado con el pago del 10% de su facturación promediada de los últimos tres meses y fue obligado a difundir un video de réplica del entonces Superintendente, Carlos Ochoa, tras un proceso que inició de oficio esta misma Superintendencia, actuando como juez y parte.

La sanción ocurrió porque el canal no divulgó un video de réplica de Ochoa, quien se sintió aludido por las opiniones que en días pasados virtió la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta, en el espacio de entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, en donde cuestionó el accionar de la Supercom y sugirió que se debería reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas señaló que se concedió la oportunidad de réplica a Carlos Ochoa en donde fue invitado a ser entrevistado en el mismo espacio de opinión en donde se entrevistó a la legisladora y que es conducido por Janeth Hinostroza. Sin embargo, Ochoa se negó y, en su lugar, envió un video que el canal se ha negado a difundir por considerar que no era la forma adecuada de dar una réplica. “En un comunicado difundido la tarde del 12 de diciembre, Teleamazonas rechazó la  sanción por considerarla «ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de toda lógica», en la que se dispone una sanción para el mencionado canal de televisión.

Sobre este caso, el canal puso una acción de protección para frenar la sanción, que les fue favorable, por lo que Carlos Ochoa se vio obligado a pedir disculpas públicas que llegaron al canal través de una carta.

En otro caso, la SUPERCOM sufrió un nuevo revés el 5 de marzo de 2018, cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución y sanción emitida en contra de diario La Hora por la supuesta censura previa ejercida por no replicar una publicación del diario argentino Página 12, en relación al entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso. Dicha sentencia fue emitida durante el gobierno de Correa, el pasado 21 de abril de 2017 en contra de La Hora y  otros seis medios de comunicación como: El Comercio, El Universo, Expreso, Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro, a quienes se les ordenó una multa de 10 salarios básicos. Durante la audiencia, los jueces del Tribunal concluyeron que no se vulneraron derechos o se incurrió en censura previa por no replicar dicha información generada de un medio extranjero afín al Kichnerismo.

Todo esto ocurría mientras, desde la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un proceso de juicio político para la destitución y censura de Carlos Ochoa, no solo por su cuestionada actuación como titular de la SUPERCOM, sino porque fue señalado por la Contraloría General, con dos glosas por USD 115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7320, tras una auditoría en Gama TV.

La resolución fue notificada este lunes 11 de diciembre del 2017 a Ochoa, como consecuencia del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV. Según el examen de la Contraloría, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular.

Tras esto, el 7 de marzo de 2018, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio cesó en sus funciones a Ochoa basándose en el informe de la Contraloría. Días después, el 12 de marzo de 2018 la asamblea lo destituyó por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo.  Actualmente, Paulina Quilumba asumió el mando de la Supercom tras la salida de Ochoa.

Pese a que la SUPERCOM aún está vigente, y sigue trabajando con 321 funcionarios, según datos de diario El Comercio, ya hay anuncios oficiales para su eliminación.

El 3 de mayo de este año, el presidente Lenín Moreno dijo que se debía enmendar la Ley de Comunicación dentro de un diálogo amplio con todos los sectores hasta que se atenga a los estándares internacionales, y reconoció que durante la pasada década se vulneró «expresamente» el derecho a la libertad de prensa.

«La mejor iniciativa que podemos promover como Gobierno es avanzar en cambios normativos que se enmarquen en el respeto a los estándares internacionales de plena protección», afirmó. Aseguró en ese sentido que Ecuador pasará «de un estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres, a otro que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación, que es sin duda alguna la piedra angular de la democracia».

En ese marco, el 14 de mayo, durante su informe de labores que realiza cada lunes, el presidente Moreno anunció que en una semana enviará un proyecto de reformas a la LOC, en donde se contempla eliminar la SUPERCOM. Recordó que la ley de comunicación va a cumplir cinco años de existencia y durante este tiempo ha generado observaciones y cuestionamientos respecto de su aplicación, sobre todo relacionados a la actuación de la SUPERCOM, organismo que se suprime de acuerdo al proyecto de reforma.

En esa línea, el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), Danilo Sylva, aseguró que eliminación de la entidad reguladora restablecerá la libertad de expresión en el país. «Las superintendencias son órganos para controlar, supervisar y sancionar, y tener una para la libertad de expresión era ir contra esta misma».

La SUPERCOM fue creada en octubre del 2013 y desde sus inicios fue cuestionada por sus acciones polémicas como la primera multa por una caricatura, ocurrida en enero de 2014, con una sanción a El Universo y al caricaturista Bonil, por dibujar sobre el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. Otras sanciones polémicas se dieron a Radio La Redonda, por hablar de amantes en horario familiar, por hacer chistes sobre chinos, entre otras.

Desde octubre de 2013 hasta enero de 2018, Fundamedios contabilizó un total de 1037 procesos, ingresados en esa institución, de los cuales 561 son sanciones, 334 corresponden a multas, 137 pertenecen a amonestaciones escritas y 51 disculpas públicas. Los artículos más utilizados, para sancionar a los medios, fueron los artículos: 10, referente a normas deontológicas,  artículo 28 (con 102 sanciones) sobre la obligación en la entrega de copias de programas o impresos, y los artículos 60. con 58 casos sobre la identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Por último existen un total de 374 sanciones iniciadas por oficio y un total de 187 sanciones iniciadas por ciudadanos.

Las agresiones por abuso estatal, en quinto lugar y otros casos 

El uso abusivo del poder estatal se ubicó en este período en quinto lugar, con 16 casos, de estos, 11 se dieron por abusos de organismos de control del Estado y 5 por abuso de cadenas y otras herramientas de comunicación del gobierno, principalmente, por exigencias o imposiciones de réplicas o rectificaciones a los medios por parte de funcionarios del Estado.

La baja en la emisión de cadenas también responde a una política distinta marcada desde el gobierno de Moreno, quien cambió las sabatinas por un informe semanal de actividades que se difundió por primera vez el 12 de junio de 2017, y que se difunde todos los lunes en cadena nacional bajo el  nombre de “El Gobierno informa”con una duración de hasta 16 minutos.

El refrescamiento de las líneas editoriales y el personal directivo de los medios estatales también refleja un cambio con indicios de un mayor pluralismo. Desde el 17 de julio, se conoció públicamente que Andrés Michelena, exsubsecretario de Comunicación de Lenín Moreno en la vicepresidencia, fue designado como gerente general de los Medios Públicos, y Fernando Larenas, conocido periodista, se sumó como director a este equipo, que antes estaba liderado por Orlando Pérez, quien aseguraba una línea de militancia gobiernista. Tras esta designación, los cambios se notaron desde los primeros editoriales y análisis ya que antes no se trataban ciertos temas que resultan perjudiciales para el gobierno, como la corrupción y vinculaciones de funcionarios estatales que actualmente sí se pueden ver y leer en estos medios.

Meses después, Michelena fue nombrado Secretario de Comunicación. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 318, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó el pasado 20 de febrero a Michelena, quien reemplazó al entonces secretario, Alex Mora Moya, quien ejercía el cargo desde el 24 de mayo de 2017.

Tras su designación, el titular de la Secom anunció una comunicación más directa entre el ciudadano y el Presidente; un plan de austeridad y reformas a la LOC.

«Las instrucciones del Presidente de la República han sido muy claras, vamos a trabajar en una Secom que sirva de herramienta de comunicación ciudadana», apuntó Michelena en rueda de prensa.  El Secretario de Comunicación dijo que habrá apertura total a todos los medios, tanto públicos como privados y comunitarios, con los que trabajará de la mano en «un proceso de recrear los valores de la institución: honestidad, transparencia, veracidad y pluralidad».  

Recalcó que se buscará que «nunca más exista información que trate de dañar a ninguna persona en su honra y su honestidad». Michelena anunció que se construirá un proceso de comunicación «uno a uno con el ciudadano de a pie», además el Presidente será cercano al ciudadano en llamadas telefónicas, contactos y visitas.  También mencionó un plan de austeridad «para hacer de la comunicación no un negocio, sino un proceso de información con todos los ciudadanos».

Algunos procesos penales se resuelven 

Retomando las agresiones, en menor grado se reportaron 10 casos de censura, 6 procesos penales y 4 agresiones en la categoría de marco jurídico contrario a estándares.

Sobre los casos penales, el más grave de este período fue el del articulista Enrique Rosales Ortega, columnista de El Universo en la provincia costera de Santa Elena, quien fue detenido la tarde del 30 de noviembre de 2017 en cumplimiento de una sentencia de dos años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2016 por el delito de calumnias contra la exasambleísta del Movimiento oficialista Alianza PAIS, Vanessa Fajardo, actual asesora de la vicepresidenta Alejandra Vicuña. Sin embargo y pese a que fue detenido, este salió libre en diciembre de 2017 tras el perdón que le concedió Fajardo, a propósito de las fechas navideñas.

En este período también se dieron buenas noticias sobre casos judiciales anteriores que se originaron en el gobierno de Rafael Correa. Es el caso del exasambleísta Cléver Jiménez y el activista político y periodista, Fernando Villavicencio, quienes fueron declarados inocentes del delito de divulgación de documentos reservados de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del anterior gobierno, sobre el caso Chevron. El Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión el 22 de febrero de 2018, tras la abstención de la fiscal Thania Moreno.

Este juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio se activó tras una providencia emitida por el juez Jorge Blum, quien el pasado 27 de diciembre de 2013 ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del ahora ex legislador de oposición por Pachakutik. La prisión preventiva fue ordenada en octubre de 2016 y cambiada el año pasado por el uso de dispositivos electrónicos.

Dicho proceso inició tras un pedido del entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas para que se abra una investigación en contra de Jiménez y Villavicencio por la revelación de una serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que mostraban la injerencia directa del Ejecutivo en la Función Judicial.

Otro caso que tuvo un final favorable fue el del presidente y representante de la encuestadora CEDATOS, Ángel Polibio Córdova quien fue sobreseído de la acusación penal que pesaba en su contra por el delito de falsificación de documento privado y uso doloso de documento privado falso. Según la Fiscalía, el empresario habría alterado datos de las encuestas de las elecciones presidenciales de febrero del 2017.

El 23 de febrero de 2018, la jueza María Elena Lara dictó el auto de sobreseimiento a favor Córdova, tras determinar que la Fiscalía no demostró la materialidad de la infracción que se investigaba. La jueza Lara también resolvió que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban en contra de Córdova.

Este proceso se originó en la advertencia del expresidente Rafael Correa, quien en el enlace ciudadano 518 del pasado 8 de abril de 2017, aseguró que tanto Ecuavisa como CEDATOS deberán responder a la ley, y que tendrán “responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole” por una denuncia que presentó, la en ese entonces asambleísta oficialista Rosana Alvarado por considerar que la encuestadora atentó contra la fe pública, al manipular datos de la empresa para beneficiar al candidato opositor.

Los funcionarios públicos y el Estado siguen siendo los principales agresores y los periodistas, las principales víctimas  

Los funcionarios públicos fueron los principales agresores, con 40 casos perpetrados por estos, principalmente, por parte de 15 autoridades locales, y 4 ministros de Estado. Esta cifra, aunque es elevada, se diferencia de años anteriores cuando el Presidente de la República, en la figura de Rafael Correa era el principal agresor. En el actual periodo no se contabiliza ni una sola agresión atribuible al presidente Lenin Moreno.

En segundo lugar por tipo de agresor se ubican los ataques perpetrados desde el Estado, por medida administrativa, legislativa o judicial, con 39 casos, mientras que desde los actores fuera del aparato estatal, 18 agresiones fueron causadas por desconocidos, 14 por parte de grupos, gremios, o turbas de manifestantes y 12 por políticos que no pertenecen al Estado.

También se reportaron 12 casos de compañías que limitan libertad de expresión en Internet, cifra que va de la mano con la censura en la red.

En cuanto a agresores fuera del Estado, 9 casos fueron perpetrados desde la esfera privada por parte de empresarios, y 3 por parte de personal de seguridad privada.

 

En cuanto a las víctimas, el grupo más vulnerable es el de los trabajadores de los medios de comunicación, con 55 casos de agresiones. Dentro de este grupo, se agredieron a 12 trabajadores de prensa escrita, a 11 radiodifusores y a 9 de TV.

En segundo lugar se ubican las agresiones a los medios de comunicación, con 49 casos. A pesar del cambio de gobierno, este grupo continúa siendo el más agredido, tal y como ocurría en el gobierno de Rafael Correa.

En menor medida también se agredieron a 18 personajes públicos, 14 ciudadanos y 11 ciberactivistas.

Finalmente, sobre la localización de las agresiones, la provincia de Pichincha sigue concentrando el mayor número, con el 66% de los casos, seguido por Loja, con el 5%, y Guayas y Esmeraldas con el 4, 4%. Cabe anotar que en los últimos meses, la provincia fronteriza de Esmeraldas se convirtió en una de las zonas más peligrosas tras los atentados y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Actualmente la zona está militarizada y restringida por motivos de seguridad, mientras sigan las amenazas en la frontera norte.

 

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