Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos apoyado permanentemente todo avance democrático en el Ecuador. Hemos condenado, además, las políticas autoritarias de distintos gobiernos en el país y, en especial, las del régimen de la década pasada.
Por ello, hemos afirmado enfáticamente que la consulta popular debe tener como principal efecto dejar atrás un período de concentración del poder, abusos y represión contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la prensa, entre otros sectores.
En ese sentido, la pregunta 3 de la consulta popular debe ser la piedra angular de un nuevo momento en el Ecuador, en el cual se construya más democracia y menos caudillismo; así como también más participación y menos hegemonía absoluta de un solo grupo político, cualquiera que este fuere en el presente o futuro, sobre las distintas instituciones del Estado.
Para que esto suceda, exigimos que el gobierno del Presidente Lenín Moreno dé muestras de real voluntad de diálogo y escuche a la sociedad civil, estableciendo inmediatamente después de la consulta popular un grupo de trabajo que incorpore a distintos sectores de la sociedad: organizaciones, gremios, academia, movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos, que lo ayuden a analizar y seleccionar los perfiles ideales para establecer los nombres de las siete ternas que deben ser enviadas a la Asamblea Nacional con el fin de elegir a quienes van a integrar al Consejo de Participación Ciudadana de transición.
Invitamos, así mismo, a los distintos partidos políticos, representados en la Asamblea Nacional, a abandonar cualquier negociación o práctica que vaya contra este espíritu de transparencia, ética y construcción democrática, y a elegir de forma consensuada a quienes representen los valores democráticos necesarios para avanzar en este momento.
El Consejo de Participación Ciudadana transitorio debe comprometerse a mantener prácticas permanentes de transparencia e incorporar la efectiva participación de los distintos sectores ciudadanos, más aún si consideramos que su función principal será evaluar y eventualmente reemplazar a las principales autoridades de control del país.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser el organismo encargado de impulsar la participación activa de todos los ciudadanos y promover la lucha contra la corrupción, y esto debe demostrarse desde el mismo Consejo transitorio, el cual no debe ser electo solamente por el Presidente de la República, sino de forma ampliamente participativa. De lo contrario, se corre el riesgo de volver a contar con un organismo estatal de importancia con poca legitimidad debido a que será visto como una pieza más en la construcción de un nuevo poder autoritario.
Adhieren al comunicado:
Asociación Red de ONG de Guayaquil (AROG).
FUNDAMEDIOS
El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segunda Montes Mozo S.J” (CSMM)
Foro Salud Pública Ecuador
Observatorio de Derechos de Justicia (ODJ)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)