Ecuador, 09 de agosto de 2024.- Ha pasado un año de uno de los crímenes más graves de la historia del país: el magnicidio del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, a solo 11 días de las elecciones. Y el estado todavía tiene una deuda con su familia y con la sociedad. Fundamedios resalta que este no solo fue un asesinato físico, sino que también contra la democracia y fue el punto de inflexión para lo que vino: incertidumbre, violencia, corrupción e impunidad.
El ataque se registró cerca de las 18h30 de la tarde del miércoles 09 de agosto. El mitin en el que se encontraba Villavicencio, congregaba a simpatizantes de los movimientos “Construye”, del que Villavicencio era candidato a la Presidencia, y “Gente Buena”, que lo apoyaba, y se llevaba adelante en las inmediaciones del colegio “Anderson”. Allí, el candidato habló a sus simpatizantes y les dijo: “A nosotros esta democracia nos ha costado la vida, defender la patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición”.
Solo cuatro días después del asesinato de Villavicencio, se anunció la candidatura del periodista de investigación Christian Zurita como su reemplazo, quien ha sido amigo y colega de Villavicencio por años. Esto frente a las pocas respuestas del Consejo Nacional Electoral sobre la grave situación en la que se encontraba el movimiento político. Al ser elecciones extraordinarios, el movimiento Construye elevó una serie de preguntas al CNE de si existía la posibilidad de que la candidata a la vicepresidenta junto a Villavicencio tomara su lugar en la presidencia, sin embargo, no hubo respuesta. Es así que, designaron a Zurita justo el día del debate presidencial.
El debate, según Zurita, fue: “la segunda muerte de Villavicencio”, pues el espacio que le correspondía al candidato presidencial quedó vació la noche del domingo 13 de agosto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que la candidatura de Zurita aún no estaba en firme porque se necesitaba un proceso de revisión de la candidatura. Por lo que ni Zurita, ni González tuvieron la oportunidad democrática de participar.
Y aunque el movimiento político Construye pidió que al menos se presente una solicitud al Comité encargado para que se rinda homenaje a Villavicencio “proyectando un video, sin mensaje electoral”, tampoco se aceptó el pedido.
Zurita acudió el 20 de agosto a votar, al igual que todos los ecuatorianos, sin embargo, el candidato acudió con chaleco antibalas y con un despliegue muy fuerte de seguridad tras las graves amenazas que recibió. Zurita tenía un 94% de riesgo. Esa misma noche el CNE proclamó los resultados de la primera vuelta electoral. Luisa González, candidata al correísmo y Daniel Noboa, candidato por ADN fueron los finalistas a la segunda vuelta. Fernando Villavicencio recibió el 16,37% de los votos y quedó en tercer lugar. Su rostro en las papeletas fue de conmoción social, pero también se trató de un símbolo de la democracia manchada de sangre.
La noche de la primera vuelta, se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptara el pedido de medidas cautelares presentado por el abogado argentino Ignacio Boulin y su equipo jurídico y Fundamedios en representación del periodista de investigación y candidato a la Presidencia de la República, Christian Zurita Ron, tras determinar que, conforme al pedido, “[…] el riesgo alegado sería inminente y los solicitantes han presentado información según la cual, el Estado tendría conocimiento de la situación alegada bajo el actual contexto, siendo que ya se habrían materializado en perjuicio del señor Villavicencio, cuyo sucesor es el actual propuesto beneficiario […]”. La Comisión tomó su decisión a la luz del contexto de violencia sistemática que el propio Organismo viene monitoreando en el Ecuador, respecto del que ya ha expresado preocupación, debido a la “[…] agudización de tensiones sociales, el deterioro de la seguridad ciudadana con graves hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y el sistema carcelario, y el aumento de la violencia política […]”.
El 06 de octubre el gobierno del expresidente Guillermo Lasso anunció que seis personas que habían sido capturadas como supuestos autores materiales del crimen del excandidato, fueron halladas sin vida en la cárcel del Litoral y una en Quito, un mes después. Solo un mes antes, el Expresidente otorgó a Villavicencio una condecoración post mortem de la Orden Nacional ‘Al Mérito’ por su trabajo como periodista y fiscalizador del crimen organizado. La muerte de los primeros seis implicados se dio solo días después de un motín dentro de las cárceles. Sus cuerpos fueron recuperados del pabellón 7 de la cárcel donde los encontraron ahorcados, todos eran de nacionalidad colombiana.
Villavicencio lideraba la Comisión de Fiscalización de la Asamblea antes de que fuera disuelta por Lasso. Es así que, justo después de que el nuevo Pleno haya aprobado la integración de todas las comisiones legislativas, los pactos entre legisladores no se hicieron esperar. Construye no tuvo ni siquiera espacio en la Comisión de Fiscalización, y se escogió a Pamela Aguirre de la bancada correísta como su presidenta y a Luis Alvarado Campi de la bancada oficialista como vicepresidente. Se utilizó esta Comisión para “investigar” a sus opositores y para deslegitimar el trabajo ya realizado.
El 29 de noviembre, la Asamblea aprobó la creación de una Comisión Ocasional para investigar el asesinato de Villavicencio. El objetivo es “realizar un seguimiento a todas las instituciones públicas con el fin de coadyuvar el esclarecimiento” del caso. Es así que durará por un período de seis meses. La conformación de la Comisión está conformada por: Adrián Castro y Mahuel Bohórquez de la bancada de ADN, Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, Ludmila Abad de Pachakutik, Hernán Zapata y Vivian Zambrano de Construye y Giovanny Benítez del Partido Social Cristiano.
El año terminó con uno de los casos de corrupción más grave. Fiscalía presentó el caso “Metástasis” en el que se evidenció la penetración del crimen organizado en todos los niveles. Los chats del narcotraficante Leandro Norero pusieron en evidencia a jueces, operadores de justicia, fuerzas de seguridad y hasta periodistas en la palestra pública. Solo meses más tarde también se abrió el caso denominado “Purga” por la publicación de los chats de Mayra Salazar, detenida en Metástasis, y con 12 nuevos involucrados en el que se revela cómo el crimen actuaba en la Corte Provincial del Guayas. En ambos casos se nombra a Villavicencio. “El mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para acallar la voz de esta fiscal”, dijo Diana Salazar en la audiencia de juicio del primer caso mencionado. Según la teoría de Fiscalía, la foto publicada por Villavicencio meses atrás en el que aparecía Xavier Jordán prófugo de la justicia y acusado de corrupción y a quién lo involucran en el caso Métástasis, lo hizo enojar. Jordán habló con Norero sobre Villavicencio indicando que se debe “cortar lenguas”. “No solo quería silenciar a varias personas, silenciar a periodistas (…) demandar a medios; sino que fungía como asesor y planificador de las ilicitudes que tenía que emprender la cabeza de la organización criminal (Leandro Norero), con la finalidad de lograr su beneficio, llegando incluso a verificarse que utilizó a la Asamblea Nacional, por medio de un partido político de mayoría, al que pertenecía alias ‘el ruso’ Rony Aleaga, para apartar a los funcionarios públicos qué le eran incómodos”, indicó Salazar.
Mientras tanto, las investigaciones de Fiscalía iniciaron y en febrero de 2024 se realizó la primera audiencia del caso en el que se presentaron las pruebas para vincular a Carlos A., como autor mediato del crimen y a Laura Dayanara C. V., Érick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elízabeth Ch. F, como coautores y cómplices. En la audiencia se explicó que la Policía Nacional conoció, por las cámaras de seguridad, que los responsables estaban en una panadería cercana una hora antes. Carlos A. habría ordenado el asesinato desde el centro de privación de Cotopaxi vía celular. Además, se evidenció que la razón por la que cometieron el asesinato es porque les ofrecieron ser “dueño de medios Quito” y el “manejo de las cárceles”.
La tarde del 13 de junio, la Comisión Ocasional de la Asamblea, encargada de investigar el asesinato, concluyó en su primer informe que se trató de un “crimen político”. “Su voz pasó de la denuncia de graves casos de corrupción al análisis del crecimiento del crimen organizado y su cooptación de determinadas instancias estatales”, se lee. En el documento se detallan todas las amenazas que recibió e incluso el ataque al lugar donde residía. Además, se concluyó que la Policía “incumplió con lo estipulado” al no brindar la seguridad a los binomios presidenciales e incluso se evidenció que no tenía equipo de protección completo. Sin embargo, este informe (presentado por Construye) no fue aprobado por la Comisión por tener “errores de fondo». Adrián Castro de ADN propuso una nueva moción y un nuevo informe que sí fue aprobado con seis votos a favor. Este último señalaba a la Policía con una “clara intención de evadir responsabilidades”. Sin embargo, aclaran que no fue un crimen político, sino al contrario un hecho consecuente a la violencia que vive el país y no se citan las amenazas que recibió ni las investigaciones que realizó Villavicencio. El documento ha sido calificado por las hijas de Villavicencio como: “el informe de la impunidad” por omitir las conexiones entre el Estado y los casos de corrupción como es Metástasis y Purga. Todavía está pendiente que el Pleno conozca este informe aprobado.
El martes 25 y miércoles 26 de junio se instalaron las audiencias de juicio en contra de cinco procesados como presuntos autores materiales del asesinato del Excandidato. La Fiscal que lleva la causa los acusó como autores mediatos, coautores y cómplices, respectivamente. Durante la diligencia, un testigo protegido señaló que la orden habría salido del gobierno de (Rafael) Correa y que la “cabeza de Villavicencio tenía un precio de 200 mil dólares”. Luego de tres diferimientos de las audiencias preparatorias de juicio, finalmente se instaló el juicio en contra de los acusados Carlos Angulo Lara alias ‘El Invisible’ (Autor material), Laura Castillo (coautora), Víctor Flores (cómplice), Alexandra Chimbo (cómplice) y Erick Ramírez (cómplice), acusados por Fiscalía del asesinato de Fernando Villavicencio. Ana Hidalgo, fiscal del caso, presentó la teoría del asesinato y describió la participación que cada uno de los procesados habría tenido en este hecho.
En el segundo día de diligencia, que inició a las 8:30, la Fiscalía llamó a 13 testigos más, uno de ellos miembro de las Fuerzas Armadas. La fiscal del caso continuó con la práctica de su prueba; sin embargo, la audiencia fue suspendida a las 15h00, tras la denuncia de Tamia y Amanda Villavicencio de ser intimidadas por alias ‘El Invisible’ a través del chat de la plataforma zoom. Según su abogada, Nathalia Salazar, el procesado, quien compareció al juicio a través de la plataforma zoom, comenzó a emitir comentarios y mensajes directos intimidantes en contra de Tamia. Las hijas de Villavicencio emitieron un comunicado sobre el tema indicando que el acto es intimidante. “Tampoco podemos ignorar la extraña conexión de un usuario ‘Gerencia CJN’, siglas que podrían corresponder a Cártel Jalisco Nueva Generación). Constantemente los ppls (privados de la libertad) han mantenido burlas y faltas al respecto de la audiencia, lo cual es re victimizante, todo esto a vista y paciencia del SNAI”, se lee en el texto.
A un año del asesinato de Villavicencio denunciamos las constantes acciones estatales para irrumpir las investigaciones del caso. El lavado de manos que existe con la justicia y hasta el momento no se han enjuiciado a los autores intelectuales del crimen, es decir sigue en la impunidad. Exigimos que este caso sea tomado con la gravedad que sugiere, se trata de una violación a todos los derechos fundamentales y aún más con el juego político con el que se ha tratado. Este es un año sin memoria, un año en el que la historia se repite, y la corrupción continúa.
Vivian Idrovo indica que la Estrategia no está en el registro oficial y entonces dónde está. Y es ambiguo porque no es gratuito.
Gabriela de Diálogo Diverso dice que es posible que el gobierno puede deslegitimar a las OSC y que ante la ciudadanía eso se va a ver mal. Y es gravísimo y ya se vivió.