Ecuador, 3 de noviembre de 2023.- La prensa en Manabí está en riesgo. Un panfleto suscrito en nombre de un grupo de delincuencia organizada se viralizó el pasado 30 de octubre en grupos de mensajería instantánea en que participan periodistas y comunicadores de la región.
La amenaza fue dirigida de forma general a periodistas que realizan transmisiones en vivo en la ciudad de Manta, y de forma particular a tres comunicadores que cubren crónica roja
Manabí es una provincia de extrema violencia en la que el crimen organizado ha permeado todas las instituciones públicas. Por lo que, la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas denuncia públicamente el abandono en el que se encuentra el periodismo en esa provincia.
Rechazamos de forma contundente este nuevo ataque a la libertad de expresión e instamos nuevamente y de forma reiterada al Estado a que active los protocolos de protección de forma inmediata. También lo responsabilizamos de cualquier acto atroz contra el periodismo ecuatoriano.
A uno de los comunicadores se le acusa de ser parte de una banda criminal, que sería contraria a la que emitió el panfleto. El panfleto dice que los tienen perfectamente identificados y que tienen sus direcciones: «Quedan advertidos, no se metan con la mafia».
El panfleto advierte que los ubicarán uno por uno y terminarán con su vida. La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) conoce que uno de los comunicadores identificados en el panfleto fue víctima de una agresión policial un día antes de que se viralizará la amenaza general.
Los medios que operan en Manabí y sus trabajadores se encuentran profundamente preocupados por el panfleto, y recuerdan que en 2022, el periodista Gerardo Delgado fue brutalmente asesinado a balazos, mientras se movilizaba hacia una cobertura. Es así que, han decidido autocensurarse y evitar salir a las coberturas. Son cerca de 14 medios los que han parado sus funciones.
La MAPP llama a las autoridades a garantizar el trabajo periodístico en la provincia donde el alza de la inseguridad y violencia atentan contra el derecho de la ciudadanía de mantenerse informada, y el de los periodistas de llevar adelante su trabajo en contextos seguros.