Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza fue recibido la tarde de este 25 de julio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación.
En su intervención el Relator saludó la iniciativa del gobierno y el legislativo de abrir un proceso para adaptar y adoptar las reformas necesarias para que la legislación esté acorde a las directrices y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, considerando que la actual ley ha sido motivo de preocupación por no estar alineada a estándares internacionales, desde que fue promulgada en 2013.
Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que si bien el texto presenta algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.
En ese sentido celebró que el proyecto de ley suprima disposiciones que representan responsabilidades ulteriores que limitan de manera desproporcionada la libertad de prensa como la figura del linchamiento mediático. También aseguró que le parece positivo que se reserve un porcentaje del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, más no para medios públicos.
Para comenzar, señaló que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y sin condicionamientos previos de un Estado, por lo que criterios como la obligación de transmitir información veraz, verificada, contextualizada podría ser desproporcionada.
En esa línea, Lanza cree que la imposición de un código deontológico desde el Estado, o establecer criterios mínimos como plantea el actual proyecto de reforma del ejecutivo “podría ser un corsé” para los medios de comunicación. En su lugar, sugiere que se creen otros mecanismos como concejos de prensa, defensores de audiencias y la autorregulación desde cada medio.
En cuanto a la responsabilidad ulterior, el Relator sostuvo que esta debe ser aplicada bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y que en caso de una eventual vulneración de derechos a terceros, se debe utilizar la vía civil y excluir la vía penal.
El Relator también se refirió a los mecanismos de réplica y rectificación y cuestionó que la actual ley ha dado paso a un abuso de este mecanismo, por lo que sugirió que se revise este aspecto y se adecúe a lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual menciona que se debe dar paso a una rectificación cuando se afecte a un tercero por información inexacta o agraviante. “Sino entraríamos en la lógica de que cualquier alusión a alguien podría dar paso a usar espacios e imponer contenidos”
Lanza también observó que el proyecto de Lenín Moreno mantiene las restricciones a la circulación de información, como la que está protegida por cláusula de reserva, o datos personales, así como en casos judiciales en etapa de investigación. Para el experto, cuando se tratan de temas de interés público no debería existir esta restricción.
Finalmente, el Relator concluyó su intervención con la sugerencia de trabajar en un diseño institucional que permita tener instituciones con absoluta independencia y autonomía del ejecutivo. Al respecto propuso estudiar modelos comparados más apropiados para blindarse de presiones políticas. “El diseño institucional es un tema que no está resuelto, hay que incorporar una serie de cuestiones (…) es como un rompecabezas que hay que armarlo”, apuntó.
A la sesión Sesión Nro 176 de la Comisión también participó la Asambleísta de la Izquierda democrática, Wilma Andrade, quien propuso su proyecto “Chao Supercom” que, en términos generales, sugiere que en lugar de la Supercom exista un ente administrativo, en la propia Cordicom, que lleve temas administrativos y que establezca sanciones como disculpas públicas, espacios de réplica y, en casos de incumplimiento, sanciones económicas entre el 0.1 al 1% de la facturación del trimestre anterior de los medios, con posibilidad a impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo y el Contralor General encargado, Pablo Celi también fueron invitados a aportar con sus criterios. Sin embargo, no acudieron.