Los medios públicos son el octavo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo recordó que los medios de comunicación públicos ejercen una “función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.

Por ello, insistió en la necesidad de que sean independientes del Poder Ejecutivo, plurales y de acceso universal. También deberían disponer de un financiamiento adecuado, suficiente y estable para que puedan cumplir su función  y aportar en el desarrollo democrático de un país.

En cuanto a los “medios institucionales”, que se proponen en el proyecto de reformas, la Relatoría observó que esos espacios no son una categoría reconocida en el derecho internacional. Se sugirió que se limite al mínimo indispensable para las necesidades comunicacionales del Gobierno, se rijan por los principios de transparencia y cumplan una función facilitadora del derecho al acceso a la información pública. “En ningún caso estos medios deben ser utilizados para propaganda o difundir información que el Gobierno razonablemente puede saber que es falsa o se trata de desinformación”.

Respecto al artículo 106 de la LOC vigente -que establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% comunitarios- la Relatoría aseguró que, según los estándares interamericanos, es crucial que los Estados adopten medidas positivas como la de asegurar frecuencias para medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que se debería considerar eliminar de la ley el piso mínimo de 33% dedicado a medios públicos, por considerar que no parece indispensable reservar un espectro cuando lo que se busca con los públicos es mayor calidad de programación y no mayor cantidad de frecuencias.