El diseño institucional es el séptimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo internacional destacó que el proyecto del Ejecutivo elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) por considerar que la entidad incumplía con los estándares internacionales en su conformación y atribuciones; por el impacto negativo y la afectación que esta figura produjo en la aplicación de sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación en Ecuador.

La Relatoría recordó que es fundamental que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión esté protegida de injerencias del Gobierno y del sector privado, vinculado a la radiodifusión. Sobre este punto, reiteró que en 2013 hizo una advertencia temprana respecto a que «la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias (SUPERCOM, CORDICOM y ARCOTEL) puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de estas».

En cuanto al papel del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, CORDICOM, la Relatoría señaló que en el proyecto de reformas tampoco se asegura la independencia del gobierno de este organismo. “De hecho, se propone sumar un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado y que el representante de la Función Ejecutiva que lo preside tenga ‘voto dirimente’, dándole un voto de calidad que antes no tenía”, apunta.

Sobre la intención de traspasar las atribuciones de la SUPERCOM a la Defensoría del Pueblo, la Relatoría recomendó, a la luz de la doctrina internacional, que los órganos de aplicación en materia de regulación de medios de comunicación sean especializados y reúnan requisitos de independencia y autonomía.

En conclusión, sugirió que se examine la reforma planteada en lo que respecta al marco institucional y se estudie la creación de un organismo acorde a los estándares internacionales, con amplia participación de todos los interesados.