La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.

Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.

“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.

En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.

Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.