La mañana del pasado jueves, 29 de julio, académicos, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil ecuatoriana que trabajan en temas de libertad de expresión, protección de datos y derechos digitales, se reunieron para conformar un observatorio encaminado al seguimiento, aplicación y ejecución de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se aprobó el pasado 10 de mayo y entró en vigencia ese mismo mes.
El Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales se constituyó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, de Lorena Naranjo, ex directora de la DINARDAP, académica experta en datos, de María José Calderón, académica, de Luis Enriquez, del Observatorio de Ciberderechos de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones-APC, de Martha Roldós, de la Fundación Mil Hojas, de Gaspar Pisanu, de Access Now y de María Paz Canales, de Derechos Digitales. Otros actores se irán sumando en el futuro.
El observatorio resalta y celebra la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales dado que establece altos estándares en la materia que permitirán a los ecuatorianos proteger sus derechos a la intimidad y privacidad al tiempo que protege la libertad de expresión, el derecho a estar libre de discriminación, a la autodeterminación informativa y establece las debidas protecciones para evitar la vulneración de los datos de los ciudadanos.
Al mismo tiempo el nuevo observatorio muestra su preocupación con respecto a los hechos públicos suscitados en el Ecuador, en los que la protección de datos personales de miles de ecuatorianos se ha visto reiterativamente vulnerada.
Uno de esos sucesos es el ataque informático de los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT que, como ha anunciado la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, se ha colocado a la institución en estado de emergencia.
Por otro lado está la filtración de datos del Ministerio de Salud, que expuso públicamente la información de millones de personas que ya fueron vacunadas junto con sus nombres, direcciones, teléfonos y datos médicos.
A esto se suma la posible filtración de datos de otras instituciones y empresas públicas como el Servicio de Rentas Internas- SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y Petroecuador.
Los miembros del Observatorio para la Implementación de la Protección de Datos Personales miramos con preocupación los últimos acontecimientos que confirman que se debe avanzar con celeridad en la implementación de la Ley de Protección de Datos, como norma que permita resguardar la información personal de los ecuatorianos.
Para ello, creemos urgente, tal y como lo establece la ley, que se proceda a la creación de la Superintendencia de Protección de Datos y se nombre a su máxima autoridad, para que se encargue de la implementación y aplicación de la Ley.
Hacemos una llamado al Ejecutivo para que, junto con la sociedad civil, llevemos adelante este proceso que garantizará la protección de los datos personales de los ciudadanos en manos de instituciones públicas y privadas y reforzará el ejercicio de derechos humanos en el país.