Ecuador, 29 de enero de 2024.- Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este comunicado manifestamos nuestra preocupación ante el contenido de la nueva Estrategia de Integridad, presentada por el gobierno ecuatoriano. Pese a un proceso previo de diálogo y la realización de un Taller de Co-Creación, advertimos que el documento mantiene un enfoque restrictivo que desvirtúa el espíritu de buenas prácticas originalmente acordado.
En junio del año 2024, el gobierno presentó la Estrategia de Integridad con el objetivo declarado de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Sin embargo, desde su concepción inicial, este documento fue elaborado sin una consulta amplia ni significativa con las OSC, lo que generó rechazo inmediato por parte de estas, al ser percibido como un intento de imponer reglas que comprometen su independencia y autonomía.
Por lo expuesto, y como respuesta al justo reclamo realizado por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría de Integridad organizó un Taller de Co-Creación con el apoyo de Fundamedios, donde participaron diversas organizaciones para aportar a la construcción de la Estrategia. Durante el taller, se discutieron temas clave como: identificación de riesgos, gestión económica y rendición de cuentas transparente, prevención del fraude mediante controles internos y mejoras en el registro y actualización de información de OSC y ONG. Tras este primer taller, la Secretaría General de Integridad anunció que los resultados obtenidos se plasmarán en un documento cuyo objetivo principal es establecer buenas prácticas para las OSC en temas de transparencia, lavado de activos y más. Además, los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las ONG presentes solicitaron que el documento incluya mecanismos de prevención y que la estrategia se enfoque en el fortalecimiento del compromiso de transparencia dentro del sector.
Como resultado, se estableció que la Estrategia no debería ser vinculante ni obligatoria, sino un conjunto de buenas prácticas voluntarias orientadas a fortalecer la transparencia en el sector. También se subrayó la necesidad de que los mecanismos propuestos sean preventivos, y no coercitivos.
Lamentablemente, el borrador actual ignora estos acuerdos y reincide en propuestas que generan serios riesgos para las OSC:
- Sistema de Supervisión de Riesgos.
Se percibe como una herramienta opaca y potencialmente arbitraria. El sistema de supervisión propuesto, que clasifica a las OSC según niveles de riesgo, plantea graves interrogantes:
- ¿Bajo qué criterios se realizarán estas clasificaciones?
- ¿Qué institución o instituciones se encargarán de hacer la clasificación, monitoreo y control?
- ¿Qué reglamentos serían los necesarios? ¿Qué garantías existen para evitar el uso político de estos controles?
La falta de lineamientos claros y específicos sobre las auditorías periódicas, su frecuencia, metodología y autoridades responsables, abre la puerta a prácticas discrecionales y arbitrarias que podrían ser utilizadas como un mecanismo de represión y silenciamiento.
- Falta de Análisis Preliminar y Justificación en la Estrategia para las OSC.
La Estrategia no cuenta con un análisis preliminar y de justificativos o muestras claras de qué tipos de OSC, dónde y de qué manera estarían utilizándose por miembros del crimen organizado y qué tipo de ilícitos cometen.Según el artículo 76 numeral 7 letra l) de la Constitución, las decisiones de los poderes públicos deben estar debidamente motivadas.
- El documento menciona de forma general la importancia de las OSC en la promoción del bien público, pero no presenta evidencia concreta que justifique la focalización en estas organizaciones como un riesgo significativo para el lavado de activos.
- Se evidencia la falta de un análisis detallado del problema en este sector. Esto podría incluir estadísticas, casos concretos o investigaciones previas que respalden la necesidad de implementar controles adicionales en las OSC.
- Propuesta de auditorías y periodicidad en la presentación de información:
- Aunque se menciona la implementación de auditorías y reportes periódicos, no se especifica qué tipo de información deberán incluir las OSC en los nuevos formatos. Se debe detallar en la estrategia los criterios y parámetros específicos que regirán las auditorías y reportes, así como los mecanismos de consulta con las OSC para evitar la imposición unilateral.
- Control del cumplimento del fin social de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- La estrategia introduce el control del cumplimiento del fin social de las OSC como parte de las medidas de integridad, pero esto se aleja de los objetivos financieros y anticorrupción, adentrándose en aspectos de la autonomía organizacional. Este enfoque podría abrir la puerta a arbitrariedades, ya que el cumplimiento del fin social es un aspecto subjetivo y difícil de medir de manera objetiva. Además, el control excesivo en este ámbito podría vulnerar derechos como la libertad de asociación y la seguridad jurídica, contemplados en los artículos 66 numeral 13 y 82 de la Constitución.
- Supervisión Basada en el Riesgo
- Las OSC que incurren en actividades de lavado no necesariamente operan en áreas geográficas de “peligrosidad”. Más bien, lo que se debe analizar, independientemente de su localización geográfica o sectorial, son niveles inusuales de operación y financiamiento. Es decir, si tenemos OSC en las que no cuadra de una manera balanceada su personal, con su infraestructura y con sus proyectos y servicios, entonces se les aplicaría un control más riguroso. Asimismo, si tienen un crecimiento (económico o de cualquier tipo), inusual o inesperado, también entrarían a un control más riguroso. Estos parámetros deben crearse realizando levantamiento de datos. La focalización de controles más rigurosos en organizaciones que operan en determinadas áreas geográficas o sectores puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley (artículo 11 numeral 2 de la Constitución). Esto podría interpretarse como un trato discriminatorio hacia OSC que trabajan en contextos vulnerables o en temas sensibles, pese a que no todas estas organizaciones representen un riesgo real. El lavado de activos es un delito que debe investigarse desde la fiscalía y sancionarse mediante el procedimiento penal. Estos controles permiten al gobierno castigar por supuestos hechos ilícitos violando el principio de presunción de inocencia. El crear una normativa que entorpezca la labor de las OSC y que imponga trámites y formalidades onerosas constituyen una violación al derecho a la asociación y convierten esta ley en inconstitucional. De ser aprobada esta normativa creando obligaciones vinculantes, nos reservamos el derecho de acudir a las instancias nacionales e internacionales para la defensa de nuestros derechos. El gobierno tiene la responsabilidad de respetar el espíritu del taller de co-creación y los acuerdos alcanzados. Reiteramos que la Estrategia debe ser un conjunto de buenas prácticas, no un instrumento de control. Hacemos un llamado al gobierno a retomar un proceso de diálogo real, honesto y transparente con las organizaciones firmantes de manera urgente. La independencia y autonomía de las OSC son pilares fundamentales de una democracia funcional, y no permitiremos que medidas restrictiva pongan en peligro.
Organizaciones firmantes:
Fundamedios
GK
Fundación Desafío
Mil Hojas
Martha Roldós
Christian Zurita
Fundación CAJE, Centro de Apoyo Ecuatoriano
Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA)
Diálogo Diverso
Fundación INREDH
Participación Ciudadana