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Se pide a la CIDH que evalúe la aplicación de la LOC y acompañe reformas legislativas

por | Oct 23, 2017 | Comunicados

Con la ausencia del Estado ecuatoriano se desarrolló este 23 de octubre de 2017, la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo, Uruguay.

En la cita, la Relatora de país, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la no participación del Estado. También lo hizo el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, quien destacó el cambio de actitud y de discurso del Gobierno de Lenín Moreno, pero se mostró extrañado por la ausencia del mismo en un espacio que considera “útil para el diálogo”.

Al respecto, los peticionarios, Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguraron que la ausencia del Estado ecuatoriano es una oportunidad perdida para el actual Gobierno. En su exposición, Ricaurte presentó un balance de lo que significó la década del Gobierno de Rafael Correa para el estado de la libertad de expresión. En cifras, dio cuenta de las 2238 agresiones ocurridas entre 2007 y 2017, relacionadas con aplicación de la Ley de Comunicación, agresiones físicas, verbales, amenazasa a los derechos digitales y el uso abusivo del poder del Estado. (491 en 2016 y 188 entre enero y mayo de 2017).

También recordó casos como el del periodista Fernando Villavicencio actualmente con grillete electrónico, por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la Economía, y el de Freddy Aponte, periodista de Loja, quien ha sido acosado durante 10 años por el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, como ejemplos de persecución, impunidad y represión.

El caso de Villavicencio despertó especial preocupación por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien aseguró que debe ser difícil hacer un periodismo libre. Lanza también se mostró preocupado por la situación del concurso de frecuencias y el marco jurídico restrictivo que existe en el Ecuador y aseguró que, de mantenerse, este podría servir como una herramienta para abusos y arbitrar edades. “Como una espada de damocles y un arma represiva para la prensa”.

Por su parte, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño también le inquieta el cómo se debería garantizar el pluralismo en los medios de comunicación en una reforma normativa y el tema de los concursos y asignación de frecuencias, sobretodo, las comunitarias.

Durante la audiencia, Rocha expuso acerca de las acciones propuestas en la Hoja de Ruta, para una transición plena hacia la democracia y aseveró que si bien hay mejoras en el clima en el cual se ejerce el periodismo, la situación de la libertad de expresión es de enorme fragilidad pues la estructura legal e institucional heredada de la década autoritaria de Rafael Correa se muestra intacta, al punto que altos funcionarios de Gobierno siguen demandando por la vía penal a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica.

La exposición de los peticionarios concluyó con cuatro pedidos muy específicos para la CIDH.

  • Que la Comisión inste al Estado a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
  • Que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elabore un estudio especial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y su compatibilidad con estándares internacionales.
  • Que la Comisión brinde acompañamiento al proceso de reformas normativas y reinstitucionalización del país que vienen impulsando las distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que construyeron la antes señalada “Hoja de Ruta”.
  • Que se brinde especial atención a los distintos procesos contenciosos sobre libertad de expresión en los que está involucrado el Estado ecuatoriano y que actualmente tramita el sistema. Asimismo, solicitamos a esta Comisión que la resolución de estos casos permitan sentar precedentes que busquen la plena garantía y ejercicio de la Libertad de expresión a nivel regional.

Sobre las peticiones, la comisionada Arosemena de Troitiño reafirmó la necesidad de alcanzar un mecanismo de acercamiento y participación del Estado ecuatoriano. En esa misma línea, el comisionado Paulo Vannuchi, presente en la audiencia, saludó el espíritu de apertura del Gobierno de Moreno y aseguró que se podría aprovechar una invitación que le hicieron para ser embajador de buena voluntad para temas de los derechos de personas con discapacidad para entablar el diálogo. “Ojalá la no asistencia del Estado ecuatoriano sea por un motivo técnico y no por la decisión del nuevo gobierno de no asistir”, apuntó Vannuchi.

Finalmente, Ricaurte afirmó que si bien ha bajado el nivel del Estado de propaganda, es necesario una evaluación profunda de la aplicación de la Ley de Comunicación para poder tener parámetros regionales, mientras que Rocha manifestó que un primer compromiso de los medios es de no callar frente al abuso, y las agresiones a las que han estado sometidas por 10 años.

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