El futuro de la distribución del espectro radioeléctrico, la pertinencia para eliminar la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), o figuras como el linchamiento mediático, así como el tema de la autorregulación de los medios se siguen discutiendo en el interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Este 11 de julio de 2018, Guillermo León Santacruz, ministro de Telecomunicaciones aseguró que no es necesario hacer un concurso de frecuencias para todo el país y propuso manejar el espectro radioeléctrico de forma técnica. Para el funcionario, lo ideal sería no hacer un concurso salvo en casos excepcionales.
Al respecto, mencionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) realizó un estudio de la distribución para la asignación de frecuencias, al precisar que existen 22 zonas del país que pueden dar servicios de radio y televisión y que se podrían adjudicar 100 frecuencias en esas zonas. También aseguró que están estudiando la manera para que los medios comunitarios no tengan que concursar.
En cuanto a las reformas a la LOC sugirió trasladar todos los aspectos técnicos de radiodifusión del actual título sexto de la Ley vigente de Comunicación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
De su lado, la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Palmira Charvero insistió en que la autorregulación de los medios no funciona y que estos, al ser empresas mediáticas, van a proteger sus intereses y no los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que la Ley debería facilitar los trámites burocráticos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos como el de réplica y rectificación. “Hace falta una instancia administrativa que regule el derecho a la comunicación porque, sino, caemos en la autorregulación y en la voluntad de las empresas mediáticas”.
Charvero también defendió la distribución por tercios del espectro radioeléctrico que a su criterio, ayuda a la desoligopolización de los medios, pero cree que hay que avanzar más en los temas de medios comunitarios.
Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, se refirió a la corresponsabilidad de los medios para temas de prevención de riesgos en eventos peligrosos y aseveró que en la normativa se debe tomar en cuenta la gestión de riesgos, en particular, el adecuado manejo de la comunicación en situaciones de crisis en los niveles 4, 5 y de alerta roja, en los cuales se activan los protocolos pertinentes.
Al respecto planteó un manejo adecuado de la comunicación desde las fuentes oficiales, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y promover una cultura de prevención.
También sugirió que en casos de crisis o emergencia, los medios audiovisuales se enlacen sin que medie una declaratoria de estado de excepción.
Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) recordó, durante su intervención, que Ecuador se convirtió en uno de los países más represivos en materia de libertad de expresión y que esta situación empeoró con la aprobación de la Ley de Comunicación.
En ese sentido, aseguró que es necesario que las reformas a la Ley estén alineadas a los estándares y tratados internacionales sobre la materia. Para ella, es urgente eliminar figuras como el linchamiento mediático, que ha limitado el periodismo de investigación y entidades administrativas como la SUPERCOM que ha actuado como un ente sancionador y sin independencia.
Southwick aplaudió las transformaciones y el cambio de política antiprensa, por una mayor apertura y voluntad por parte del gobierno. Sin embargo, aseguró que la retórica no sirve de mucho mientras las estructuras represivas siguen intactas y añadió que se deben crear mecanismos para que se garantice la vida de los trabajadores de los medios, desde el Estado.
La asambleísta alineada al Correísmo, Soledad Buendía, defendió la actual Ley de Comunicación y aseguró que los cambios propuestos por el ejecutivo, en el proyecto de reformas significan un retroceso para los derechos de los ciudadanos.
A Buendía le preocupa que se pierda la acción administrativa y la facultad para controlar a los medios, así como el estatus de “servicio público” que actualmente tiene la comunicación.
La asambleísta correísta tampoco considera oportuno eliminar la figura de linchamiento mediático o los consejos consultivos. Para ella todo esto representaría retroceder en derechos y avances logrados.
El asambleísta de Alianza- Tsáchila, Ángel Gende, aseguró que la actual Ley de Comunicación es una ley sancionadora que limita la libertad de expresión y controla a los medios, por lo que a su criterio se debería eliminar la SUPERCOM y que su rol pase al CORDICOM en el marco de regular, pero no de sancionar.
Gende cree que también se debe eliminar el linchamiento mediático ya que esta figura dio paso a abusos y a limitaciones del derecho.
También se refirió al tema de democratizar el espectro radioeléctrico y comentó que hoy no se cumple con la equidad y pluralidad que se prometió cuando se estableció un porcentaje para medios comunitarios, públicos y privados.
Finalmente, la asambleísta Verónica Arias, simpatizante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y miembro de esa misma comisión defendió a la actual Ley de comunicación y la existencia de la SUPERCOM. A su criterio, no se puede eliminar esta entidad administrativa sin antes reformar la Constitución.
Para Arias, se tienen que tomar en cuenta dos aspectos: regulación para que no exista censura previa y control para hacer efectiva la responsabilidad ulterior. “Está establecido que en casos de responsabilidad ulterior se necesita una institución que haga cumplir esas disposiciones constitucionales.