Ecuador, 01 de octubre de 2024.- Las agresiones contra la libertad de expresión y prensa mantienen un preocupante patrón de obstrucción al acceso a la información. En septiembre, Fundamedios registró 10 nuevos casos, elevando el total anual a 151 agresiones.
El Estado se reafirma como el principal agresor, con incidentes de discurso estigmatizante (1), agresiones verbales (2) y bloqueos al acceso a la información (3). Además, el entorno digital sigue siendo el espacio más hostil para el ejercicio de la libertad de prensa. Desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, Fundamedios ha reportado un total de 170 ataques a periodistas y medios.
En 2024, se han reportado 39 agresiones contra mujeres periodistas, una de las cuales ocurrió en septiembre.
Censura estatal y uso abusivo de la pauta oficial
Este mes, las declaraciones de la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez y el ministro de Gobierno, Félix Wong, con un grupo de directivos de medios y periodistas en Carondelet el pasado 10 de septiembre, revelaron que existe la intención del Gobierno de usar la pauta publicitaria para premiar o castigar a los medios según si su línea editorial es favorable o crítica al Gobierno. El portal periodístico Plan V publicó una crónica del encuentro donde Vélez aseguró que no habrá persecución en contra de los medios de comunicación, pero luego indicó: “lo máximo que podemos hacer es «no invertir» donde (en los medios) nos dan palo todos los días”. Respecto a las entrevistas con medios, indicaron que muy pocos funcionarios han acudido porque tienen miedo de que la prensa los “arrastre” con sus preguntas, por lo que, han decidido minimizar cualquier tipo de exposición a cuestionamientos.
Vélez admitió que este Gobierno tiene problemas en la comunicación estratégica. Indicó que, muchas veces los Directores de Comunicación no se sintonizan con la agenda de Carondelet. Respecto a la falta de información de las Direcciones de Comunicación de las instancias públicas, la secretaria Vélez dijo que existen dificultades y que algunas preguntas que reciben son “capciosas”. El Ministro dijo a los periodistas, durante esta reunión: “Si yo me equivoco, se equivoca el Gobierno, soy el filtro del Presidente. No vamos a amenazar a medio alguno, concedió, y pidió que ‘sigan guiándonos’. “Tenemos muchas preguntas y no tenemos todas las respuestas”. (Ver alerta)
No obstante, las obstrucciones al trabajo de la prensa continuaron. El pasado 03 septiembre, Paúl Romero, reportero de Ecuavisa, y Édison Paucar, de Radio Pichincha, denunciaron, a través de redes sociales, que fueron impedidos de realizar preguntas en la rueda de prensa del Bloque de Seguridad, que se llevó a cabo en la Comandancia General de la Policía Nacional. Romero comentó que, pese a que pudo tratarse de una situación fortuita, se le hizo extraño que no le dieran paso a hacer sus consultas a las autoridades, pues fue uno de los primeros periodistas en llegar al lugar y anotarse en la lista para preguntar. Otras y otros periodistas también denunciaron la misma situación.
“Casi nunca se realizan las ruedas de prensa del Bloque de Seguridad en Quito, creo que es la segunda vez porque siempre son en Manta y vi mi oportunidad para poder consultar y despejar unas dudas con las autoridades, pero nunca me dieron paso”, comentó Romero.
Por su parte, Camilo Escobar, de Ecuador Chequea, comentó que, en el lugar, se encontraba un hombre de terno que advertía a los periodistas que estaban que no podían hacer repreguntas. A Escobar tampoco le permitieron hacer preguntas: el argumento fue que ya se había cerrado el listado. (Ver alerta)
Por otro lado, los funcionarios locales amedrentan a la prensa a través de procesos judiciales. Carlos Barcia, periodista y presentador de noticias en Radio Manta Televisión, recibió una demanda por parte de Ingrid Rodríguez, gerente general de la empresa Terminal Portuario de Manta TPM S.A., por una contravención de cuarta clase; es decir, por un supuesto delito de descrédito y deshonra, tras publicar una denuncia pública respecto al contrato de gestión del Puerto de Manta a la empresa Angusa. El 28 de junio, Barcia publicó en la cuenta de Facebook de Radio Manta Televisión un texto que, según el periodista, era de opinión, en el que hace referencia a los múltiples contratos que se presentaron para la concesión del Puerto de Manta. En 2016 se firmó con la empresa Angusa, después de años de intentar con varias licitaciones. Casi dos meses después, el 21 de agosto, Rodríguez presentó una denuncia contra el periodista, basándose en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal que establece una pena de 15 a 30 días de prisión por “proferir expresiones de descrédito o deshonra”.
El 30 de agosto, la documentación llegó hasta el domicilio de una de las hijas del periodistas, situación que le extrañó, pues asegura que es de conocimiento público su dirección de domicilio. “Me preocupa mucho esto, pues mi hija fue la que recibió la querella y lo más preocupante es que había fotografías de la casa de ella y su vehículo. Además de un mapa”, comentó Barcia a Fundamedios. Esto preocupa al periodista y teme por la vida de su familia, pues considera que están siendo vigilados. (Ver alerta)
Ataques en redes sociales: peligrosa estrategia contra la prensa
En el entorno digital, las redes sociales se han convertido en un escenario cada vez más hostil para periodistas y medios. Durante este año, hemos visto un preocupante aumento de ataques en línea dirigidos a desacreditar, intimidar y silenciar a la prensa crítica.
Uno de los casos más preocupantes fue el de Yalilé Loaiza, periodista y presidenta de Fundamedios, quien fue blanco de ataques concertados por parte de portales digitales, tras replicar dos investigaciones críticas con la gestión actual: una del medio La Defensa sobre la crisis energética y otra sobre la censura estatal publicado por la Fundación Periodistas sin Cadenas. Tras esto, más de 10 cuentas señalaron a Loaiza como periodista financiada por el correísmo y por Rusia. La mayoría de estas cuentas son afines al gobierno de turno.
El lunes 23 de septiembre Loaiza, en su cuenta de X, citó un fragmento del reportaje de Blanca Moncada del medio La Defensa en el que se esclarece que la exministra de Energía Andrea Arrobo sí habría alertado al Gobierno Central de la crisis energética y la escala a la que podría llegar; sin embargo, el Gobierno centró sus esfuerzos en la Consulta Popular que se llevó a cabo el 21 de abril.
Poco después, la periodista ecuatoriana —quien ha sido crítica con la actual administración— citó un informe de Periodistas Sin Cadenas que recogió sus impresiones sobre el ejercicio periodístico y la relación entre los medios y el Ejecutivo. En su post, Loaiza hizo referencia a un fragmento del informe en el que Periodistas sin Cadenas se contacta con una fuente de Carondelet, que confirma que la cancelación de Los Irreverentes (programa conducido por Fabricio Vela, Sol Borja y José Luis Cañizares) se dio como parte de una “estrategia política del Gobierno”. Asimismo, en dicho informe hablan del retiro de la visa a Alondra Santiago. (Ver alerta)
Pero, no son los únicos ataques que reciben los periodistas en redes sociales. Jaime Pin, director de Impacto Informativo Manta, una página de Facebook, denunció que suplantaron la identidad de esa cuenta en plataformas de Instagram y Facebook. Desconoce los autores de este ataque.
El 11 de septiembre, Pin se percató de la suplantación y de que la única diferencia es el logotipo que utilizan en estas cuentas. “Yo opero netamente en Facebook, nunca he abierto cuentas en Instagram ni en X, pero están utilizando mis datos e incluso la información que yo publico en la página que administro, en la verdadera”, comentó Pin, quien además señaló su preocupación respecto al tema, pues mucha de la información que maneja es crónica roja y no quiere tener problemas por una posible mala información que sea compartida en estas cuentas. (Ver alerta)
Además, la emisora Radio Pichincha, administrada por la Prefectura de Pichincha, denunció el domingo 8 de septiembre que sus plataformas estaban “nuevamente bajo ataque”. En un comunicado, el medio señaló que sus servidores, página web y redes sociales fueron atacados de manera insistente con el objetivo de vulnerar su seguridad. La radio, que es administrada por la empresa pública Pichincha Comunicaciones, publicó un comunicado en el que atribuye los ataques a un intento de “silenciar su voz y la de los seguidores de la radio en la provincia”. (Ver alerta)